La publicación de noticias falsas en redes sociales y portales es un problema de creciente importancia que ha demostrado ser universal, afectando a personas, empresas y países. En el último tiempo lo hemos constatado con una serie de eventos: las recientes elecciones de Estados Unidos, donde las noticias falsas habrían favorecido a Donald Trump; la rápida propagación de información errónea respecto de las acciones cometidas por refugiados en Alemania; los “datos” relacionados con el procedimiento de impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, que nunca fueron verificados; y también en Chile, con la confusa y arrebatada desinformación respecto de los graves incendios que estamos sufriendo en nuestro país.
Muchos actores se han movilizado con el fin de combatir la propagación de las noticias falsas. Hace unos días, Facebook anunció la actualización de sus trending topics con la finalidad de identificar y clasificar de mejor forma el contenido auténtico, dejando en posiciones secundarias o directamente ocultando las noticias no verificables. Similar camino es el que ha tomado recientemente Google, mediante la exclusión de algunos sitios web de los cuales se ha acusado que tergiversan su contenido, generando coordinaciones con medios de prensa confiables, como por ejemplo “The Associated Press”.
En cuanto a las acciones concretas que se han tomado en nuestro país, el Ministerio Público ha anunciado que investigará de oficio la comisión de eventuales delitos de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad, y también la obstaculización de la investigación de la Fiscalía, mediante la aportación de antecedentes falsos. Adicionalmente, se podrían configurar otros ilícitos, como los de injuria o calumnia, o bien la infracción contenida en la Ley de Prensa, que sanciona en forma expresa las publicaciones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad. El tema ha crecido tanto que hasta personajes de carácter público han sido apuntados, dadas sus declaraciones y/o tweets dando cuenta de información que finalmente ha resultado ser falsa.
Si bien se valoran las medidas tomadas por Facebook y Google, resulta delicado tomar la decisión unilateral de eliminar de los resultados de búsqueda determinados sitios web sin tener certeza acerca de la falsedad de las noticias contenidas, ya que si efectivamente lo informado era verdadero, estaríamos frente a un grave atentado a la libertad de expresión, garantía que resulta crucial en Internet. La censura previa está prohibida no solamente por nuestra Constitución, sino que además por varios Tratados Internacionales suscritos por nuestro país.
Es por eso que, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que se puedan aplicar, el combate frente a la creación y/o propagación de noticias falsas pasa en primer lugar por todos nosotros. La encuesta que reveló Cadem esta semana sobre el tema resulta alarmante: casi el 80 % de los encuestados tuvo acceso a datos adulterados y el 25 % los reenvió sin previa verificación en alguna plataforma online. Compartir noticias falsas es echar bencina a la desinformación, haciendo más difícil la labor de la autoridad, y de paso, favorecer a sitios que, aprovechándose de la confusión y el sensacionalismo, buscan atraer la atención de los cibernautas, para así generar ingresos publicitarios por medio de las visitas y los clicks que reciben.
Los algoritmos de Facebook y Google se pueden mejorar, y el Ministerio Público puede investigar eventuales ilícitos, pero al final del día, somos nosotros como ciudadanos los llamados a utilizar las redes sociales de manera responsable. Por eso, antes de compartir o retwittear algo, detengámonos un segundo y chequeemos la fuente, para evitar ser voceros de algo que probablemente no sea cierto. De esa forma, no solamente vamos a estar aportando un grano de arena en esta grave catástrofe, sino que también cuidamos la libertad de expresión, y en definitiva, nuestra democracia.
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