Desde hace algún tiempo, la comunidad europea ha adoptado altos estándares para la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Hoy, algunas regulaciones recientes también han extendido la verificación de estos parámetros a las cadenas de suministro extranjeras. Existe una fuerte tendencia a exigir políticas ESG a las empresas y, en consecuencia, estas aumentan su deber de diligencia en las relaciones corporativas.
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La Ley de la Debida Diligencia de la Cadena de Suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG, 2021) de Alemania, en línea con la Ley de Vigilancia de Francia (2017) y la Ley de Debida Diligencia de Trabajo Infantil de los Países Bajos (2019), internaliza obligaciones para que las empresas que tienen cadenas productivas globales hagan seguimiento, prevengan y mitiguen los riesgos ambientales y de derechos humanos, bajo pena de responsabilidad.
La primera ley citada, la alemana, también obliga a las empresas con más de 3.000 empleados a adoptar medidas de cuidado en toda su cadena de suministro efectivo desde enero de 2023.
Los riesgos de violaciones a los derechos humanos incluyen el trabajo infantil y esclavo, la seguridad laboral, la libertad de asociación, la igualdad de trato, el uso excesivo de la fuerza y otros actos u omisiones.
En el frente ambiental, la ley alemana establece especial preocupación por los riesgos derivados de productos peligrosos (como el mercurio) y residuos sólidos, mientras que algunas formas de contaminación son tratadas por la ley como un riesgo para los derechos humanos. Obviamente, sus efectos ya son perceptibles en Brasil.
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Efectos en jurisdicciones extranjeras: caso Brasil
La Ley de Debida Diligencia alemana obliga a las empresas a garantizar, a través de diferentes medidas, que sus proveedores directos no vulneren los derechos humanos ni al medio ambiente. Mientras que, con respecto de sus proveedores indirectos, exige que se realicen análisis de riesgo en caso de quejas o indicios de violaciones.
Para cumplir con estas obligaciones, las empresas alemanas que importan productos brasileños ahora pueden exigir la presentación de informes periódicos, auditorías y debida diligencia.
Las empresas brasileñas, como proveedores extranjeros, deben ser conscientes, ya que el incumplimiento de las normas relativas a los temas elegidos por la ley alemana puede dar lugar a sanciones contractuales y solicitudes de corrección de prácticas y procedimientos. Se espera la actualización y perfeccionamiento de las cláusulas contractuales que versan sobre obligaciones indemnizatorias, rendición de cuentas y posibilidad de terminación de contratos por incumplimiento de deberes ambientales y de derechos humanos.
También es posible que la ley alemana fomente la presentación de demandas en otras jurisdicciones por violaciones ambientales y de derechos humanos en Brasil, lo que ya es una realidad en jurisdicciones como los Países Bajos, Inglaterra y Francia.
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Los exportadores brasileños que pretendan mantener o ampliar sus negocios con socios comerciales europeos deben estar cada vez más conscientes de los nuevos requisitos socioambientales y estar preparados para demostrar el cumplimiento de las normas y reglamentos. La Comunidad Europea está discutiendo actualmente una nueva directriz, aún más completa, sobre este deber de cuidado. En cuanto a la ley alemana, se pueden observar algunos reflejos en el mercado brasileño a lo largo de este año a través de la solicitud de información y acciones de compliance destinadas al informe inicial de la ley en 2023.
* Márcio Pereira, Beatriz Paulo de Frontin y Marlus Oliveira, socio y abogados del Medio Ambiente y Cambio Climático de BMA Advogados, respectivamente.
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