
A partir de la aprobación de la Ley del Presupuesto General del Estado 2025 (PGE) del 1 de enero de 2025, Bolivia ha dado un paso crucial para la creación de un mercado de carbono. Esta norma, junto con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2024, emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia, representan un cambio transcendental, ya que durante años se rechazó la mercantilización de las funciones ambientales de la 'madre tierra'.
En este contexto, Bolivia se encuentra en un momento clave para convertirse en un actor central en la implementación de mercados de carbono, como una herramienta esencial no solo para mitigar y luchar contra el cambio climático, sino también para atraer inversiones tan necesarias y urgentes para nuestra economía.
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Un cambio necesario
Hasta hace poco, Bolivia estaba en una posición cerrada debido a la Ley de la Madre Tierra, que en su artículo 32 numeral 5, prohibía explícitamente el uso de mecanismos de financiamiento relacionados con los mercados de carbono. La mencionada Sentencia Constitucional de 19 de junio de 2024 determinó esta disposición inconstitucional, abriendo la posibilidad para la implementación de los mercados de carbono.
El artículo 18 del PGE, al mismo tiempo, complementa este cambio al otorgar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) las atribuciones para negociar, administrar e, inclusive, transferir créditos de carbono en nombre del Estado boliviano. Esta apertura no solo permitirá al país cumplir con las obligaciones internacionales, como el Acuerdo de París, sino también situarse dentro del contexto regional de los mercados de carbono.
Desafíos para la implementación
A pesar de este avance, los desafíos persisten y son reales. La implementación efectiva de mercados de carbono en Bolivia requiere de un marco regulatorio claro, transparente y eficiente. De esta manera y, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del PGE, las operaciones para la gestión y comercialización de créditos de carbono deberán ser reglamentadas por decreto supremo, que deberá establecer regulaciones para una implementación efectiva de estos.
Por otro lado, la concentración del control a nivel del MEFP podría desalentar la participación del sector privado. En este sentido, será crucial velar por la existencia de un equilibrio del control estatal y el estímulo para la colaboración público-privada para el éxito de estos mercados de carbono.
Además, el Gobierno boliviano deberá realizar los esfuerzos necesarios para la capacitación técnica y operativa de los actores involucrados. Resulta evidente que en esta etapa de desarrollo tanto las entidades públicas como las empresas privadas, requieren conocimientos en los procedimientos de diseño, certificación y monitoreo de los mercados de carbono.
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Oportunidades para Bolivia
A pesar de los desafíos, las posibilidades que brinda este nuevo marco son ilimitadas. Con su diversidad de ecosistemas, Bolivia posee un potencial excepcional para llevar a cabo iniciativas sustentables que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Desde la reforestación en la Amazonía hasta proyectos de energías renovables en el Altiplano, los mercados de carbono podrían ser esenciales para el cambio hacia una economía sostenible y verde en Bolivia.
Un incentivo adicional que resulta significativo es la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para servicios de asesoría relacionados con los mercados de carbono, esta se encuentra contemplada en el artículo 18 del PGE. Este incentivo podría atraer la atención de especialistas nacionales o internacionales, con el fin de potenciar las habilidades técnicas para el desarrollo de este mercado en Bolivia.
De forma complementaria, la generación de ingresos a través de los mercados de carbono podría convertirse en una fuente relevante de financiamiento para Bolivia, particularmente en un momento en el que el gobierno busca disminuir la deuda pública.
De hecho, el Gobierno boliviano, a través del portal oficial del MEFP, ha expresado que: “La monetización de la reducción de emisiones de carbono, que es una forma alternativa de financiamiento, implica que el país pueda obtener recursos financieros por la reducción de emisiones de carbono y protección de medioambiente sin incurrir en deuda”.
En este marco, el MEFP también ha informado que se encuentra en contacto con Laconic Infrastructure Partners Inc., que estima que Bolivia podría generar hasta USD 500 millones en ingresos, mediante la implementación de políticas soberanas orientadas a la reducción de los GEI.
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Consideraciones finales
Este cambio de paradigma en Bolivia sobre la operación y administración de los mercados de carbono constituye un hecho sin precedentes, cuyo éxito dependerá en gran medida en la capacidad para superar las barreras regulatorias y fomentar la transparencia y conocimiento en todas sus etapas del proceso. Asimismo, la colaboración entre el sector público y privado será fundamental, para la creación de un entorno que incentive la innovación y el desarrollo de estos mercados.
En definitiva, los mercados de carbono son mucho más que una herramienta para combatir el cambio climático; también representan una oportunidad para el desarrollo sostenible y la atracción de inversiones en el país. Estamos firmemente convencidos que estos mercados han llegado para quedarse en Bolivia, y sin vuelta atrás, con la esperanza que sea el comienzo de una nueva era hacia un futuro más verde y sostenible.
*Mario Ballivián Cabrera es abogado boliviano, socio de Criales Urcullo y especialista en las áreas de energía, regulación y competencia.
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