La expresión “tormenta perfecta” ha sido constantemente redefinida durante los últimos 10 años para las industrias petrolera y del gas luego de la flexibilización del monopolio de Petrobras, como consecuencia de la aprobación de la Ley del Petróleo (Ley Federal N.º 9478).
Entre 2008 y 2009, la crisis financiera y la gran recesión mundial posterior tuvieron un profundo impacto negativo para los sectores del petróleo y del gas, puesto que condujeron a una baja significativa en sus precios y a una contracción del crédito. Los precios del petróleo cayeron de 147 dólares, en julio de 2008, a 33 dólares en febrero de 2009. Eso afectó directamente la economía de Brasil e hizo que el mercado local tuviera una gran preocupación por la liquidez. Como resultado, algunos de los pequeños y medianos productores que habían abierto su capital recientemente o que tenían la intención de hacerlo a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) tuvieron que revisar su estrategia. Todo ello en conjunto, en aquel momento, se denominó “tormenta perfecta”.
Más tarde, entre 2015 y 2016, hubo otro problema de liquidez, principalmente generado por la combinación del precio mundial del barril con la situación económica del Brasil, lo que causó despidos masivos y la necesidad de que todas las compañías petroleras revisaran sus planes de inversión. De nuevo, en ese momento, se le denominó “tormenta perfecta”.
Siguiendo con los desafíos, el Caso Lava Jato, un escándalo de lavado de dinero que estuvo intrínsecamente relacionado con la malversación de la cartera de inversiones de Petrobras, junto con la crisis económica mundial, nuevamente condujeron a un escenario que exigió que los productores petroleros brasileños repensaran la forma de hacer negocios. Tal como sucedió antes, también se denominó “tormenta perfecta”.
Sorprendentemente, cuando todo el sector creía que las cosas tomarían un buen curso, ante una nueva realidad, ocurrió un hecho totalmente inesperado: el virus del COVID-19.
La pandemia, además de la ya dañada situación económica mundial, generó un escenario que nadie podría haber previsto en el pasado: el precio del barril no solo llegó a cero, sino que alcanzó un nivel negativo por las especulaciones del mercado. No hace falta aclarar que esta particular situación obstaculizó todo nuevo proyecto e instó a todos los productores brasileños a pensar cómo adaptarse a este nuevo escenario. Algunos suspendieron sus producciones y otros redujeron sus operaciones al máximo.
Ciertamente fue un período temporal (y alarmante). Parece que ahora, con esta supuesta “nueva normalidad”, el sector brasileño finalmente sabe cómo volver a hacer negocios y convertir sus proyectos en atractivos y viables nuevamente.
Cabe destacar que la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Brasil (ANP) demostró una fuerte capacidad de resiliencia y comprensión del mercado. La ANP inmediatamente implementó todas las medidas posibles a su alcance, como permitir a las compañías petroleras que -siguiendo criterios específicos- retrasaran los programas de explotación y suspendieran la producción.
Además, la ANP no dejó de trabajar a fin de mejorar el sector. Por ejemplo, lanzó una audiencia pública para recibir comentarios sobre el borrador de la ordenanza de desmantelamiento y está revisando las ordenanzas de contenido local. También continúa con el programa RenovaBio, que establece objetivos nacionales anuales para la descarbonización del sector de los combustibles, entre otras tareas.
Asimismo, Petrobras, que desempeña un papel importante como actor principal (aún) en el sector petrolero del Brasil, retomó su plan de desinversión, por lo que ahora existen los siguientes proyectos en curso:
- Renovable: parques eólicos Mangue Seco 1 y 2.
- Downstream: venta de su participación residual del 10 % en el transportista de ductos de gas natural NTS.
- Upstream: venta del yacimiento Manati; subcontratación de cinco bloques offshore en Espirito Santo; subcontratación de siete yacimientos onshore y uno en aguas superficiales en el estado de Alagoas; subcontratación de cuatro yacimientos en aguas superficiales en el estado de Ceará; subcontratación de siete bloques onshore en el estado de Amazonas y subcontratación del yacimiento Tartaruga en la zona de Sergipe-Alagoas.
- Energía: venta de cuatro plantas de energía termoeléctrica en los estados de Bahia y Rio Grande do Sul y venta de cinco generadores eléctricos.
A nivel gubernamental, el presidente aún presiona al Congreso para que se vote la Ley de Gas Natural, que supuestamente ya debería haberse sancionado, y la Reforma Tributaria, que ciertamente afectará al sector petrolero, está volviendo a la mesa de discusión.
Todo ello se suma al recientemente lanzado programa RenovaBio y la tasa de cambio favorable para inversiones extranjeras (6 dólares por barril) nos llevan a pensar que nuevamente la tormenta está por terminar. Esperemos que esta vez sea para bien.
*Luis Menezes es socio director del área de petróleo y gas de Siqueira Castro Advogados.
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