En pleno 2025, cuando el discurso de igualdad de género ha tomado una relevancia sin precedentes, resulta paradójico que en el propio ordenamiento jurídico peruano aún existan normas que, bajo la apariencia de protección, perpetúan la desigualdad y discriminación hacia la mujer.
A propósito del mes de las mujeres, queremos poner sobre la mesa dos figuras jurídicas que reflejan cómo las leyes pueden reforzar roles de género estereotipados, afectando no solo a las mujeres, sino también a los varones, al limitar sus derechos y oportunidades.
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1. Licencias de paternidad y maternidad, un beneficio que refuerza la brecha laboral
Ser madre o padre implica un gran reto en la vida personal y profesional de toda persona. En teoría, las licencias por maternidad y paternidad deberían facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar para ambos padres, sin embargo, en Perú, estas licencias están reguladas de manera desbalanceada:
- La licencia por maternidad consta de 98 días (Ley N° 26644).
- La licencia por paternidad consta solo de 10 días (Ley N° 29049).
Esta desproporción de 88 días no solo limita la posibilidad de que los padres compartan equitativamente las responsabilidades familiares, sino que refuerza la idea de que el cuidado de los hijos es una tarea exclusiva de la madre, debilitando su posición en el mercado laboral.
El resultado es que las mujeres siguen siendo vistas como "menos atractivas" para la contratación y promoción, mientras que los hombres tienen menos incentivos (o incluso posibilidades reales) de asumir un rol más activo en la crianza.
En otros países, sobre todo en Europa, las licencias de maternidad y paternidad no tienen ese desbalance. Algunos otorgan la licencia por igual a ambos padres e incluso hay casos en que se ofrece la opción de distribuirse los días entre ambos padres como mejor lo decidan.
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2. Pensión de viudez, ¿las mujeres son las únicas dependientes y nunca el sostén económico familiar?
Por otro lado, la segunda figura de discriminación se encuentra referida a la pensión de viudez, regulada en el Decreto Ley N° 19990, cuyo artículo 53° establece una diferencia para el otorgamiento de la pensión entre la viuda y el viudo, pues solo a este último se le exige acreditar que “haya estado a cargo de la asegurado o pensionista fallecida”.
Es decir, se establece que una viuda recibe automáticamente una pensión de viudez, pero si el fallecido es la mujer, el viudo debe probar que dependía económicamente de ella.
Este requisito parte de una concepción obsoleta y machista: la mujer es vista como dependiente económica del hombre, pero nunca al revés. Es decir, se debe asumir que la mujer siempre es dependiente económicamente del varón. Sin embargo, en la actualidad, muchas mujeres son el principal sostén de sus hogares, y esta norma las invisibiliza como proveedoras.
El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre este tema en el Expediente N° 00617-2017-PA/TC, reconociendo que esta regla viola el derecho a la igualdad. Incluso declaró un estado de cosas inconstitucional, ordenando al Congreso corregir la norma en un plazo de un año. Pero, hasta la fecha nada ha cambiado (aún).
¿Protección o discriminación?
Ambos casos nos demuestran que el derecho, lejos de evitar la discriminación a la mujer, o incluso ser neutral, puede reforzar estereotipos de género. La solución no está en eliminar los beneficios otorgados a las mujeres, sino en ajustarlos para garantizar igualdad real y equidad.
El cambio no puede esperar.
*Marilú Merzthal y Ana Castillo son asociadas en Rubio Leguía Normand.
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