El año 2026 se perfila como un punto de inflexión en la evolución del marco jurídico ambiental en México. Las reformas legislativas en materia hídrica y climática, el fortalecimiento de los instrumentos de mercado de emisiones, la consolidación de la economía circular y la eventual renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) configuran un escenario de transformación normativa con implicaciones directas en la estructuración, financiamiento y viabilidad de proyectos.
En este contexto, a continuación, se presenta un resumen de las actualizaciones normativas más relevantes y las tendencias en la política ambiental del país.
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Nueva Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales
Uno de los temas centrales en la agenda legislativa fue expedición de la nueva Ley General de Aguas y la consecuente reforma al régimen previsto en la Ley de Aguas Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025. Entre los puntos más relevantes de la nueva Ley, destacan:
- La revisión de títulos de concesión y asignación.
- La prelación de usos, con posible priorización del uso doméstico.
- Los mecanismos de supervisión y control.
- La reasignación de derechos desapareciendo la modalidad de transmisión y la imposibilidad de modificar usos.
- La creación de un fondo de derechos de agua como esquema principal de administración del recurso.
Las modificaciones recientes al marco jurídico en materia hídrica pueden incidir de manera relevante en el entorno de inversión y en las oportunidades vinculadas a proyectos de infraestructura y eficiencia en el uso del agua. No obstante, también es previsible que surjan desafíos regulatorios que impacten los costos operativos, eleven los riesgos o incluso comprometan la viabilidad de determinados proyectos. Esta dinámica parece responder a un reconocimiento del acceso al agua como derecho humano, lo que exige una adaptación estratégica de las inversiones al nuevo esquema normativo, lo cual modifica el análisis del riesgo respecto del uso y acceso del recurso hídrico.
Nueva Ley General de Economía circular
La adopción de la Nueva Ley General de Economía Circular y las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, buscan armonizar disposiciones nacionales y estatales, estableciendo criterios uniformes en reducción, reutilización y reciclaje de recursos, así como en la gestión integral de residuos. El nuevo marco normativo consolida:
- La responsabilidad extendida del productor.
- La incorporación obligatoria de principios de ecodiseño.
- La trazabilidad de materiales y residuos.
- La homologación de estándares regulatorios en todo el país.
La armonización normativa reduce las diferencias regulatorias entre entidades federativas y eleva los estándares de cumplimiento. En la práctica empresarial, ello implica la revisión de políticas internas, contratos con proveedores y esquemas de manejo posconsumo conforme a las nuevas obligaciones legales para los productores e importadores de productos. Uno de los temas más relevantes será revisar la obligación de extender la vida útil de los productos, para lo cual será importante esperar a lo que se establezca en el reglamento a publicar.
Mercados de carbono y reforma climática
La reciente reforma a la Ley General de Cambio Climático, junto con los acuerdos adoptados en la Conferencia de las Partes en el marco del Acuerdo de París (aprobación del artículo 6), busca fortalecer los mercados de carbono a nivel nacional y regional. La reactivación de estos instrumentos puede impulsar el financiamiento sostenible, promover la adopción de tecnologías limpias y facilitar la integración de empresas mexicanas en mercados internacionales de carbono. México estableció 2026 como el año para iniciar de manera formal su sistema de comercio de emisiones derivado del proyecto piloto que se estableció en los años anteriores.
Sin embargo, este proceso también plantea desafíos regulatorios y de supervisión que podrían incidir en la eficiencia del mercado y en la transparencia de los mecanismos de certificación.
Actualización de la Contribución Nacional Determinada 3.0
La actualización de la Contribución Nacional Determinada (NDC 3.0) constituye otro elemento clave en la agenda ambiental. Este instrumento define metas de mitigación y adaptación climática que, si bien tienen origen en compromisos internacionales, inciden en la formulación de políticas públicas internas.
La alineación de programas sectoriales con las metas climáticas podría repercutir en sectores como energía, transporte e industria, incentivando inversiones en tecnologías bajas en carbono y eficiencia energética. Asimismo, la incorporación de criterios de sostenibilidad en estrategias corporativas adquiere relevancia en términos de cumplimiento normativo y acceso a financiamiento.
Las NDCs operan como un marco orientador que puede traducirse en ajustes regulatorios internos, generando obligaciones indirectas o condicionantes para determinadas actividades económicas.
Renegociación del T-MEC y estándares ambientales
Comercio internacional y sostenibilidad en el T-MEC
Se espera que La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), integra criterios ambientales más robustos en el comercio regional. Las disposiciones actualizadas podrían incorporar estándares ambientales vinculados a reglas de origen, referencias a tecnologías limpias y obligaciones laborales con incidencia ambiental.
La eventual renegociación del T-MEC puede abrir la puerta a ajustes en reglas de origen, estándares ambientales, propiedad intelectual verde o disposiciones laborales podrían redefinir oportunidades de exportación e inversión, particularmente en sectores como energías renovables, agroindustria sostenible y manufactura de bajo impacto. En este contexto, las empresas deben dar seguimiento a las negociaciones para anticipar cambios regulatorios ambientales y alinear sus estrategias con los objetivos de desarrollo sostenible y las posibles nuevas disposiciones del tratado.
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Conclusiones
El panorama ambiental mexicano en 2026, refleja cambios regulatorios y una integración sistemática de criterios de sostenibilidad en distintos ámbitos normativos. La reforma hídrica, el fortalecimiento de instrumentos climáticos, la consolidación de la economía circular, la actualización de metas nacionales y la incorporación de estándares ambientales en el comercio regional conforman un entramado jurídico más complejo.
En este contexto, el derecho ambiental se consolida como un eje transversal que incide en la estructuración jurídica de proyectos, contratos y estrategias corporativas, reafirmando su centralidad en la regulación contemporánea de la actividad económica en México.
*Erick Hernández Gallego es socio de Greenberg Traurig México.
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