La nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y el Reglamento de la LAASSP (RLAASSP) reconfiguran la competencia en las contrataciones públicas en México. Quienes se adapten primero a estas nuevas reglas de juego tendrán una ventaja en las compras públicas.
Para los equipos legales y de compras, la tarea es clara: la estrategia comercial y el cumplimiento regulatorio, ahora, avanzan en la misma dirección, por lo que decidir dónde invertir en capacidad será la diferencia entre liderar o quedar rezagado.
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¿Qué cambia y por qué importa?
La nueva LAASSP incorpora procedimientos innovadores de contratación como el diálogo competitivo y la adjudicación directa con estrategia de negociación. Estos mecanismos están diseñados para realizar contrataciones más ágiles y técnicamente sólidas para atender situaciones o necesidades complejas, por ejemplo, proyectos o soluciones innovadoras, así como supuestos de urgencia o eventos imprevisibles. Todo lo anterior, desde luego, cumpliendo y garantizando la transparencia, eficiencia y las mejores condiciones para el Estado.
La incorporación de estos nuevos procedimientos impacta directamente a los proveedores porque, ahora, deberán dominar dinámicas de negociación y codiseño con el Estado mexicano para resolver las necesidades públicas complejas de manera eficiente y eficaz. Estos cambios exigen adaptar procesos internos, gobernanza comercial y preparación documental para participar con éxito en los procedimientos. En ese sentido, los proveedores deberán realizar inversiones relevantes en el desarrollo y evolución de los bienes y servicios que ofrecen, pues de esta forma podrán diferenciarse a tal grado de obtener una distancia favorable de sus competidores.
Otro punto relevante es que la sostenibilidad deja de tener un carácter accesorio, pues con la LAASSP y el RLAASSP se integraron criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en las contrataciones públicas. Lo anterior tiene singular relevancia debido a que en los procesos de evaluación se considerarán criterios ASG, tales como igualdad de género, integridad empresarial y certificaciones ambientales.
Al respecto, se debe considerar que este nuevo marco legal incluye las contrataciones sostenibles debido a que se pretende instaurar un sistema de contrataciones públicas que valore y tome en cuenta varios principios como la equidad, la inclusión social, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico. Para los proveedores, esto elevará los costos fijos de cumplimiento en el corto plazo (auditorías, certificaciones, entre otros), pero también otorgará ventajas competitivas en las evaluaciones de los procedimientos de contratación pública.
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En ese sentido, el cumplimiento de los criterios ASG servirá como una “palanca” competitiva para obtener mejores evaluaciones; los proveedores deberán contar con certificaciones ambientales, programas de cumplimiento y programas de inclusión, ya que esto les representará una ventaja. Inclusive, se debe tomar en cuenta que, ahora, podrán existir proposiciones conjuntas sostenibles y conjuntas sostenibles estratégicas que gozarán de cierta preferencia o prelación en la adjudicación de los contratos.
Finalmente, con la nueva legislación en materia de adquisiciones, se creó el Registro Único de Participantes el cual, en términos generales, recopilará el historial, capacidad técnica, económica y de cumplimiento de los proveedores. Este nuevo registro será fundamental para los proveedores, pues contar con un expediente impecable podrá otorgarles ventajas, tal como reducción en el porcentaje de la garantía de cumplimiento.
Conclusión
La reforma en materia de contrataciones públicas impone nuevas exigencias, pero también abre espacios concretos de ventaja para quienes se preparen a tiempo. Alinear la estrategia comercial y de cumplimiento, fortalecer capacidades de negociación y co-diseño con el Estado, e integrar criterios ASG de forma verificable serán las palancas para competir mejor y capturar oportunidades en un sistema que premiará la solvencia técnica, la sostenibilidad y el historial de desempeño.
*Andrés Bonett es socio y Gabriel Castillo es asociado sénior de Cuatrecasas - México.
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