Ley 526 de Panamá: qué cambia con las nuevas reglas de sustancia económica y el impuesto del 15 %

Para las compañías, el beneficio radica en la mitigación del riesgo reputacional y fiscal global. / Foto: Elaborado por Magnific.
Para las compañías, el beneficio radica en la mitigación del riesgo reputacional y fiscal global. / Foto: Elaborado por Magnific.
La Ley 526 introduce requisitos de sustancia económica para determinadas entidades panameñas vinculadas a grupos multinacionales; y el régimen condiciona el tratamiento fiscal de rentas pasivas extranjeras al cumplimiento de actividades sustantivas en el país.
Fecha de publicación: 09/10/2026

La República de Panamá ha dado un paso decisivo en la modernización de su ecosistema financiero y fiscal mediante la promulgación de la Ley 526 de 28 de mayo de 2026, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 32 de septiembre de 2026. Esta normativa introduce por primera vez requisitos de sustancia económica a un grupo determinado de entidades que establece la ley, un estándar internacional impulsado por la Unión Europea y la OCDE para combatir el traslado artificial de beneficios. 

A diferencia de lo que muchos temían, la ley no elimina el histórico régimen de renta territorial de Panamá ni crea un impuesto nuevo. En su lugar, condiciona la exoneración de impuestos para las rentas pasivas de fuente extranjera (como dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital) al cumplimiento de actividades reales dentro del territorio nacional. Es importante destacar que esta ley no aplica a todas las sociedades, sino que se enfoca exclusivamente en entidades panameñas que formen parte de un grupo multinacional. 

¿Cuáles son las ventajas, desventajas, el impacto en el país y el esquema de tributación comparativo frente a otras jurisdicciones?


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Ventajas del Nuevo Régimen

  1. Salida de listas discriminatorias: para el Estado panameño, el mayor beneficio es la alineación definitiva con los estándares de transparencia fiscal internacional. Esto facilita la exclusión del país de las listas grises y negras de la Unión Europea, fortaleciendo la reputación del centro financiero internacional de Panamá. 
  2. Atracción de inversión corporativa de calidad: las multinacionales que busquen operar con transparencia encontrarán en Panamá una jurisdicción con mayor seguridad jurídica. Al exigir sustancia económica (oficinas, personal calificado, toma de decisiones locales), el país promueve la creación de empleo de alto valor y estimula la economía interna mediante el arrendamiento de oficinas y servicios profesionales locales. 
  3. Flexibilidad en Tercerización: Las compañías se benefician de una ley flexible: la normativa permite que los requisitos de recursos humanos e infraestructura puedan ser tercerizados en Panamá a través de proveedores locales calificados, siempre que el control de las operaciones permanezca en la entidad. Sin embargo, las decisiones estratégicas y soporte de riesgos, son funciones que no pueden ser sub contratadas.

Desventajas y desafíos de la ley de sustancia económica

  1. Incremento en costos pperativos: para las corporaciones que sean consideradas grupos multinacionales bajo la definición de la ley, que antes utilizaban sociedades panameñas puramente como alternativas jurídicas de papel para resguardar activos de renta pasiva en el extranjero, la nueva ley implica un encarecimiento de su estructura. Ahora deberán destinar recursos económicos para establecer presencia física u operar a través de agentes calificados locales. 
  2. Complejidad administrativa y mayor fiscalización: las empresas deberán presentar declaraciones estrictas de sustancia y someterse a la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto añade una carga burocrática y contable antes inexistente en el esquema tradicional transfronterizo. 

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¿Cómo beneficia este cambio a Panamá?

El país se transforma de un centro offshore, en el que sus vehículos carecían de sustancia, a un centro de operaciones y valor real. La economía local se dinamiza directamente por la necesidad de profesionales en leyes, contabilidad, administración y tecnología para suplir la demanda de sustancia que exigen los grupos internacionales. 

Para las compañías, el beneficio radica en la mitigación del riesgo reputacional y fiscal global: operar bajo una sociedad panameña que cumpla con los estándares de sustancia económica evita que las autoridades de las casas matrices (en Europa o Norteamérica) cuestionen la legalidad de la estructura o apliquen severas retenciones fiscales bajo normativas de Transparencia Fiscal Internacional (CFC Rules).


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Panamá vs otras jurisdicciones: análisis comparativo de la renta a pagar

La Ley 526 de 2026 establece que, si una entidad calificada (es decir aquella que entra dentro del ámbito de aplicación de la ley) no cumple con demostrar la sustancia económica en el país, perderá la exención territorial sobre esos flujos y quedará sujeta a una tarifa excepcional del 15 % sobre la renta neta de sus rentas pasivas extranjeras.

Si observamos el panorama global de impuestos corporativos sobre este tipo de rentas, la tarifa del 15 % de Panamá sigue siendo sumamente competitiva:

Jurisdicción

Tasa sobre Rentas Pasivas Extranjeras (sin sustancia)

Observación

Panamá

15 %

Mantiene el 0 % si demuestra sustancia real o si no pertenece a un grupo multinacional.

Estados Unidos

21 %

Tasa federal fija corporate tax, más impuestos estatales adicionales.

México

30 %

Régimen general corporativo aplicado a ingresos globales.

España

25 %

Tasa corporativa general, con restricciones estrictas de exención si no hay sustancia.

Colombia

35 %

Una de las tasas corporativas más altas de la región latinoamericana.

Incluso en el peor de los escenarios (el incumplimiento y la aplicación del 15 %), Panamá iguala el impuesto mínimo global impulsado por el Marco Inclusivo de la OCDE/G20, impidiendo que el rendimiento de capital sufra tasas asfixiantes, como las de otros países de la región. 


¿Qué exige la Ley 526 en Panamá y quiénes deben acreditar sustancia económica antes de 2027?


¿Cuál es el impacto de la ley de sustancia económica de Panamá?

La Ley de Sustancia Económica representa el fin de una era para las estructuras corporativas vacías, pero abre la puerta a una etapa de competitividad sofisticada para Panamás. Al entrar en vigor para el período fiscal 2027, tanto el gobierno como las firmas profesionales panameñas tienen la ventana ideal para consolidar infraestructuras que ayuden a las multinacionales a transitar hacia la transparencia, asegurando que el istmo siga siendo el corazón logístico y financiero de las Américas.

*Mariano Oteiza D. es socio y Benito Lucero A. es director de Icaza Accounting de Icaza González-Ruiz & Alemán.

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