Ley No. 1240, ¿en qué consiste el nuevo impulso a las inversiones extranjeras en Nicaragua?

Este 24 de febrero, se publicó en la Gaceta Diario Oficial la Ley No. 1240 o Ley de Inversiones Extranjeras, que entrará en vigencia contados los 90 días de su publicación. Esta ley surge de la necesidad de un nuevo ordenamiento jurídico con bases claras, diseñada para facilitar y regular el ingreso de capital extranjero en Nicaragua.  La ley busca favorecer la economía, generar empleos y reducir la pobreza. Representa una oportunidad para el crecimiento económico del país, aunque también plantea desafíos en términos de regulación. 

Con su publicación, deroga el Decreto Ejecutivo por el que se creó la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), la Ley No. 344 o Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras, y su reglamento. En este artículo ofrecemos un análisis de la ley y sus posibles impactos. 

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Transparencia y seguridad para los inversionistas

La ley provee un marco jurídico claro para las inversiones extranjeras en Nicaragua, siendo sus principales objetivos el fomento de la inversión, la protección de los derechos de los inversionistas extranjeros y la promoción de un desarrollo económico sostenible. 

Uno de los puntos clave es la definición de 'inversiones extranjeras', que son aquellas que impliquen la transferencia de capital extranjero sin distinción de nacionalidad o residencia del inversionista. Además, se establece la obligatoriedad del registro de todas las inversiones ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), lo que brinda orden y seguridad al inversionista extranjero, y, a partir de su vigencia, todo inversionista extranjero contará con un número único de registro ante el MIFIC, el denominado Registro Único de Inversión Extranjera (RUIE). 

Una de las disposiciones más importantes para proteger al inversionista extranjero es la resolución de controversias entre el Estado y el inversionista. Inicialmente, las controversias se abordarán en un acercamiento entre el MIFIC y el inversionista. Si no se llega a un acuerdo, el inversionista puede optar por someter el reclamo a las normas legales nacionales o a un tribunal de arbitraje internacional de conformidad con lo dispuesto en los convenios internacionales de los que Nicaragua es parte. 

Impacto económico

La Ley de Inversiones Extranjeras tiene el potencial de generar importantes beneficios para Nicaragua. Al atraer a inversionistas extranjeros mediante un marco jurídico claro, se espera la creación de nuevos empleos. Sectores como energía, minería, turismo y agricultura podrían verse particularmente favorecidos, lo que contribuye al desarrollo sostenible del país. La ley también introduce la categoría de 'inversión estratégica', que busca atraer aquellas inversiones alineadas con los planes de desarrollo económico del Gobierno de Nicaragua.  

Por otro lado, garantiza expresamente los mismos derechos a los inversionistas extranjeros que a los nacionales:

• Derecho a la propiedad.
• Libre convertibilidad de la moneda.
• Transferencias al exterior sobre capital invertido.
• Utilidades o dividendos.
• Derecho a ser indemnizados por expropiación.
• Beneficios fiscales, entre otros. 

La obtención del RUIE permitirá al inversionista gozar de una serie de beneficios fiscales que varían según el sector económico y las leyes aplicables, que pueden incluir exenciones de impuestos, reducciones de tasas arancelarias y otros incentivos diseñados para fomentar la inversión en sectores estratégicos. El RUIE brindará al inversionista mayor seguridad jurídica y estabilidad en sus operaciones, permitiendo aprovechar las oportunidades y ventajas que ofrece la legislación nicaragüense.  

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Desafíos 

Uno de los principales desafíos que presenta la Ley de Inversiones Extranjeras es su implementación, ya que establece la creación de toda una nueva estructura para dar cumplimiento a sus disposiciones: se crea la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que será la autoridad competente para la aplicabilidad de la ley, auxiliada por la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones (SPIEX), como secretaría técnica. La CNIE estará conformada por el Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, el Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), el Ministro del MIFIC y el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas. 

Aún es muy pronto para definir los lineamientos sobre el proceso de registro de inversiones extranjeras, los tiempos de dicho proceso y la documentación o requisitos que requerirá el MIFIC a los inversionistas extranjeros. Estos detalles seguramente estarán establecidos en el reglamento de la ley. 

Se espera que la implementación de toda esta estructura esté lista antes de la entrada en vigencia de la ley, y que los inversionistas extranjeros se preparen sistemáticamente para su registro ante el MIFIC, evitando así retrasos en sus operaciones o en sus procesos de constitución. 

Aspectos de interés para los inversionistas extranjeros

Una vez que entre en vigencia la ley, todas aquellas empresas compuestas por capital extranjero y que operen en el país deberán, en un plazo de 120 días, realizar el proceso de registro ante el MIFIC y obtener el RUIE. La ley no solo aplica a los nuevos inversionistas extranjeros, sino que a aquellos que ya se encuentran establecidos en Nicaragua. 

Entre las obligaciones de los inversionistas extranjeros se incluye la presentación de informes trimestrales del cumplimiento del plan de inversión ante la institución rectora correspondiente, la conservación del medio ambiente y la presentación ante el BCN de cualquier información de índole financiera que dicha autoridad requiera. 

Conclusión

La Ley de Inversiones Extranjeras es una oportunidad crucial para impulsar el crecimiento económico en Nicaragua. Aunque presenta desafíos en su aplicabilidad, como toda nueva ley, se espera que sea un impulso positivo para muchos sectores económicos en el país.

A medida que Nicaragua avance en su implementación, será fundamental monitorear su impacto, realizar ajustes según sea necesario y promover un entorno favorable para los inversionistas, asegurando su contribución al desarrollo sostenible y equitativo.

*Eduardo Cabrales es socio director de la oficina de San Juan del Sur y Tola (Nicaragua) y María Alejandra Baldizón es asociada sénior en la oficina de Managua (Nicaragua), ambos de García & Bodán.