La tragedia de Venezuela y la "constituyente" de Nicolás Maduro

Los venezolanos están decididos a recuperar la democracia que durante cuatro décadas fue pilar de su convivencia y referencia para América Latina. Están protestando en las calles de todo el país desde hace más de cincuenta días, con notable persistencia y coraje. El Gobierno, en franca violación del derecho a la protesta consagrado por la Constitución, ha reprimido brutalmente a los manifestantes desarmados.

En las semanas transcurridas desde el 1 de abril, más de 50 manifestantes han sido asesinados, y son incontables los heridos y lesionados. Más de dos mil manifestantes han sido detenidos, de los cuales al menos 693 permanecen en prisión, con el agravante de que los civiles están siendo sometidos a juicio ante tribunales militares.

La prensa internacional da cuenta de la tragedia humanitaria venezolana y sus principales componentes: carencia de medicinas, hospitales sin insumos esenciales, aumento exponencial de la mortalidad infantil y la pobreza extrema, escasez de alimentos (que ha llevado a muchos venezolanos a comer de la basura), las más elevadas tasas de criminalidad e inflación del mundo, desempleo, caída sostenida y abrupta del PIB, despilfarro, corrupción, narcotráfico, impunidad, servicios públicos deficientes, y destrucción de la producción nacional mediante controles y confiscaciones. El Gobierno mantiene un control de cambios que opera sin transparencia, y las divisas que vende no alcanzan para mitigar el desastre social. Sin embargo, el Gobierno paga regularmente los bonos de su deuda externa.

El Gobierno ha tratado de ocultar la gravedad de los problemas que ha creado, mutilando derechos tan fundamentales como el acceso a la información, la libre expresión y la libertad de prensa. Por ejemplo, los canales CNN en Español y NTN24 fueron prohibidos en Venezuela, las emisoras locales de radio y televisión están controladas por el Gobierno o han sido presionadas para que se autocensuren, y destacados periodistas han tenido que exiliarse.

Deben mencionarse, como acciones propias de un régimen antidemocrático y despótico, los siguientes atropellos a la democracia y al Estado de Derecho:

• El Gobierno impidió la celebración del referendo revocatorio del presidente de la República, solicitado por los partidos políticos coaligados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya oportunidad prevé el artículo 233 de la Constitución (debió realizarse antes del 10 de enero de 2017 para llamar a elecciones presidenciales) e impidió las elecciones de los gobernadores de los estados, que debieron realizarse en 2016. 
• El Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia desconocieron la Asamblea Nacional, elegida en diciembre 2015 con el voto de catorce millones de venezolanos, valiéndose de más de 50 sentencias dictadas con la participación de magistrados designados ilegalmente y a última hora por la Asamblea Nacional saliente, de mayoría chavista.
• La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, reconoció el 25 de abril la ruptura del hilo constitucional ocasionada por las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que, en sus palabras, “evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Carta Magna”. Dos días más tarde, la Asamblea Nacional difundió un manifiesto para advertir sobre la ruptura del orden constitucional democrático; exigir elecciones con observadores internacionales y autoridades imparciales para elegir al Presidente de la República (cuyo referendo revocatorio se impidió en 2016), gobernadores (que debieron realizarse en 2016) y alcaldes, con la participación de los líderes que están presos o inhabilitados; un canal humanitario para medicinas y alimentos; liberación de presos políticos y desmovilización de los grupos paramilitares; y devolución a la Asamblea Nacional de las competencias usurpadas por el Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia.
• El gobierno de Nicolás Maduro tiene, a la presente fecha, más de 170 presos políticos, incluyendo líderes de la oposición (Leopoldo López); alcaldes en ejercicio (Antonio Ledezma, Daniel Ceballos); diputados (Gilber Caro); militares disidentes (Raúl Baduel, Ángel Vivas); periodistas (Braulio Jatar), y ha perseguido a otros, forzándolos al exilio. No constan en esta rápida enumeración los centenares de estudiantes detenidos, a quienes no se ha liberado ni se les ha dictado condena. Además, ha inhabilitado para aspirar a cargos de elección popular, a líderes de la oposición, como Leopoldo López, María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski, y, recientemente, al gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla.
• El Gobierno ha criminalizado las protestas de civiles, reprimiéndolas con desproporcionada brutalidad, y entregado armas de fuego a civiles (‘milicias bolivarianas’), así como a organizaciones civiles cercanas al Gobierno (‘colectivos’) cuyos integrantes intimidan, atacan y han cometido asesinatos, prácticas que no son nuevas. Durante las protestas de 2014 murieron 44 manifestantes, en poco más de tres meses.
• Otras acciones del Gobierno muestran su obstinación en esquivar instituciones y acuerdos internacionales que tutelan los derechos humanos (y por ello forman parte del bloque constitucional venezolano), tales como el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de la Carta de la OEA y la expulsión del director de Human Rights Watch. Luis Almagro, Secretario General de la OEA, ha emitido informes exhaustivos sobre los desafueros aquí resumidos, y ha declarado: “El pueblo de Venezuela vive en el terror y bajo un régimen que actúa con impunidad”.

El lunes 1 de mayo, en medio de las protestas, el presidente Maduro pidió una nueva constitución. Convocó a una asamblea nacional constituyente, “para reformar el Estado y redactar una nueva constitución” sin tener facultades para ello, pues la potestad de convocar a una asamblea constituyente corresponde exclusivamente al pueblo, cuya voluntad debe expresarse mediante referendo. En efecto, al convocar a una asamblea constituyente, el presidente invocó los artículos 70, 347 y 348 de la Constitución, que no le confieren esa facultad. Veamos:

• El artículo 347 establece que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en ejercicio de ese poder, puede convocar a una asamblea constituyente. El artículo 70 establece mecanismos de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, e incluye allí el referendo popular, que permite al pueblo tomar las decisiones que le corresponden mediante votación universal, directa y secreta. Ninguna de esas disposiciones concede facultades al presidente.
• El presidente Maduro también invocó el artículo 348 de la Constitución, el cual establece cuatro categorías de sujetos que tienen la iniciativa de convocatoria a una asamblea constituyente. Como titulares de esa iniciativa, ellos solo están facultados para dar el paso inicial de pedir al pueblo que convoque una constituyente, pero no están facultados para realizar la convocatoria misma, pues esa decisión corresponde al pueblo, según el citado artículo 347. Si alguna de esas cuatro categorías de sujetos toma la iniciativa y propone que se convoque una constituyente, el Consejo Nacional Electoral debe realizar un referendo para que el pueblo decida, mediante votación universal, directa y secreta, si convoca o no a una constituyente y apruebe las bases para elegir a sus miembros y los principios que regirán su funcionamiento.

Al respecto existe un importante precedente. El presidente Chávez fue uno de los principales promotores de la Asamblea Constituyente de 1999, pero se limitó a proponerla. En efecto, la Asamblea Constituyente de 1999 no fue convocada por el entonces presidente Hugo Chávez Frías, sino por el pueblo mediante referendo que tuvo lugar el 15 de abril de 1999. En ese referendo, cada ciudadano respondió a la siguiente pregunta: "¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa? Sí - No" (Énfasis agregado).

Convocar una constituyente sin tener facultades para ello, es lo mismo que despojar al pueblo su poder de decidir si quiere o no una asamblea constituyente. Se pretende así usurpar la soberanía popular que reside, intransferiblemente, en el pueblo, según el artículo 5 de la Constitución.

Debe entonces concluirse que la convocatoria hecha por Nicolás Maduro, sin estar facultado para ello, es un fraude a la Constitución y a la democracia, lo cual fue denunciado por todas las academias nacionales en pronunciamiento conjunto, y por reconocidas universidades, entre las que se cuentan la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Zulia, la Universidad de Los Andes, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana. También se han pronunciado la Conferencia Episcopal Venezolana y destacados juristas (Pedro Afonso del Pino, Tulio Álvarez, Alberto Arteaga, Allan R. Brewer-Carías, Jesús María Casal, Ricardo Combellas, Román Duque Corredor, Fortunato González, José Vicente Haro, José Ignacio Hernández, Miguel Mónaco y Juan Manuel Raffalli Arismendi).

Pero eso no es todo. En el referendo de 1999 se preguntó a cada ciudadano si aprobaba o no las bases comiciales que se aplicarían para elegir los miembros de la constituyente y los principios que regirían su funcionamiento, y el pueblo las aprobó. Por contraste, Nicolás Maduro no propuso que las bases comiciales sean sometidas a la consideración y aprobación del pueblo mediante un referendo. En lugar de eso, designó una comisión para que las redacte y las entregue al Consejo Nacional Electoral, con el fin de que este implemente la elección de los constituyentes. Si esto llega a ocurrir, se estará despojando al pueblo de su derecho a decidir cómo se elegirán los miembros de la asamblea constituyente y cuáles serán los principios que regirán su funcionamiento.

El presidente dijo que se elegirán “unos 500 constituyentistas, aproximadamente, unos 200 o 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas, de los campesinos, de los barrios, de los movimientos sociales (...)”, mediante elecciones que se harían dentro de las comunas y demás organizaciones sectoriales que controla el Gobierno y que forman parte de un ‘poder comunal’, también llamado ‘Estado Comunal’, que no existe en la Constitución y se basa en el llamado Plan de la Patria, ‘testamento político de Hugo Chávez'. De manera que esos miembros no serían designados por elección directa, según el principio ‘un ciudadano, un voto’ consagrado en la Constitución, sino mediante elecciones de segundo grado que violarían disposiciones constitucionales que exigen votaciones libres, universales, directas y secretas, que garanticen la personalización del voto y representación proporcional de las minorías.

Esa ‘constituyente’ no aliviará la tragedia venezolana, ni hará viable un país que para el gobierno actual es ingobernable. El presidente quiere esa ‘constituyente’ como pretexto para seguir desconociendo a la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo en diciembre de 2015. De hecho, el presidente habló de una constituyente 'plenipotenciaria' y citó el artículo 349 de la Constitución, según el cual “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente”.

Se trata de una maniobra del Gobierno para aferrarse al poder, y no es la primera artimaña. A fines del año pasado, el Gobierno enfrió las protestas de calle promoviendo un diálogo con cuatro expresidentes y el representante del Vaticano, y luego no cumplió los compromisos que adquirió frente a ellos, según lo reconoció el representante de la Santa Sede, en carta dirigida al Gobierno y a la oposición, que se filtró a la prensa.

No hemos expuesto aquí las consecuencias y riesgos que la tragedia venezolana está creando en otros países del hemisferio. Basta recordar, por ejemplo, dos puntos críticos: a los emigrantes venezolanos, que suman más de un millón, se añaden ahora verdaderos refugiados; y que el chavismo, el gobierno cubano y organizaciones guerrilleras de Colombia, tienen una historia de mutua colaboración.

Mientras, el presidente sigue prorrogando, de manera inconstitucional, el Estado de Excepción y de Emergencia Económica que decretó por primera vez en 2016 (poco después de haberse juramentado la Asamblea Nacional de mayoría opositora), con el fin de tomar medidas sin la autorización de otros poderes públicos que ordena la Constitución.

Todo lo expuesto demuestra que Nicolás Maduro lidera un gobierno de facto que oprime y reprime a los venezolanos, y crea consecuencias adversas para el hemisferio. Y ahora pretende consolidar su poder, ilegítimo e inconstitucional, mediante una asamblea constituyente que convocó sin tener facultades para ello.

Todos, en Venezuela y en el exterior, podemos contribuir al restablecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales. Cada palabra es útil. Cada voz cuenta. Cada apoyo reconforta.