La situación actual de la deuda venezolana

Hace tiempo escribíamos acá, en LexLatin, acerca del riesgo de los acreedores holdout de Venezuela y de las posibilidades de mirar soluciones tempranas a la ya intempestiva insolvencia que se avecinaba.

El tiempo pasó y el default llegó. De todos los bonos soberanos y de la petrolera estatal PDVSA solo uno, el PDVSA 2020, no lo está.

Mientras, el Gobierno de Estados Unidos prohibió a través de diferentes órdenes ejecutivas la posibilidad de una nueva emisión de deuda y margen de obra para la reestructuración. En pocas palabras, limitó las posibilidades de contratación con el régimen de Caracas (Nicolás Maduro).

El problema de la deuda es que se divide en: (i) la deuda financiera de PDVSA; (ii) la deuda soberana venezolana; (iii) aquella resultante de laudos arbitrales internacionales; (iv) proveedores del Estado, sus empresas y todo aquel con una cuenta pendiente por cobrar; (v) la deuda con China y Rusia, que es fundamentalmente producto de unos acuerdos que son servidos con petróleo.

De otra parte, el control de los fondos internacionales, que dependen casi en 90 % de la renta petrolera, en este momento y en los países más importantes del hemisferio es reconocido al presidente encargado Juan Guaidó. Pero el control estratégico de PDVSA no lo tiene todavía, ni de las refinerías, ni de los despachos y el personal, entre otros. Esto es atribuido a Maduro y a los militares que lo acompañan, a excepción de Citgo en los EE.UU. y, más recientemente, la filial de PDVSA en Colombia, Monómeros.

¿Se puede reestructurar la deuda financiera del país actualmente?

La crisis venezolana no tiene precedentes, ni en su magnitud ni su complejidad. No se trata solo de una cantidad increíble de dinero adeudado (más de USD 200.000 millones de dólares si incluimos todos los tipos de deuda), sino que sin una verdadera confianza, estabilidad política y apoyo internacional financiero es imposible poder reestructurarlo.

Es claro que los acreedores han entendido que mientras el régimen de Maduro esté en palacio, es imposible ir a la reestructuración de la deuda. Sin embargo, y mientras esto no ocurra, el gobierno interino de Guaidó —que tiene la legitimidad y el control financiero internacional— debe hacer su prioridad, con respecto de la deuda soberana:

1. Controlar a los acreedores holdout y no organizados que puedan pretender demandas puntuales y hacerse de activos valiosos de la nación o simplemente entorpecer la reestructuración de la deuda.
2. Prepararse para la participación de organismos internacionales (por ejemplo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo) y de algunas inversiones puntuales de países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y la misma China, en el proceso de levantamiento de fresh money.
3. No temer de China, esta es una política de negocios. Además, ya tiene inversión en el país. No es extraño que invierta fuertemente en Venezuela por un cambio que le de posibilidades de repago y crecimiento económico.
4. La mayoría de los bonos soberanos tienen cláusulas de acción colectiva, es decir, las decisiones de una mayoría calificada entre 75 y 85 % serían de obligatorio cumplimento para el resto de los tenedores de bonos. Está claro que es inevitable que se amplíen los plazos y reduzcan los cupones. Poner esa porción de acreedores en sintonía con una reestructuración no es cosa fácil, pero hay incentivos que podrían permitirle acceder, entre ellos a la ejecución de un riguroso programa de ajustes económicos y un renovado apoyo de la comunidad internacional.

La deuda financiera de PDVSA

El caso de los bonos de PDVSA es diferente, ya que no existen esas cláusulas de acción colectivas que permitirían que una mayoría calificada de tenedores pudiese acordar una reestructuración, obligando en consecuencia a todos los tenedores. Sin embargo, en el caso de una reestructuración masiva (negociar la tasa de interés, la moneda de pago, el cupón, etcétera) sí requieren de cada tenedor de bonos. Por eso es que algunas firmas tratan de organizar a grupos de tenedores en bloques, para un manejo colectivo de una negociación o pago.

Estas negociaciones deben estar enfocadas en no caer en los errores de las reestructuraciones de deudas soberanas como la de Argentina. Este es el problema de los acreedores holdout. Las posibilidades para el caso de PDVSA se resumen en:

1. Recanjear el instrumento por uno nuevo que permita a los tenedores tener una deuda refinanciada, con condiciones posibles de pagos y condiciones que no entorpezcan la reestructuración y operación de recanje.
2. Se podría ir a un proceso de reestructuración mediante el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos y sanear a PDVSA reorganizando sus deudas, aunque mi temor es la exigencia de los contratos rusos y chinos, que se siguen sirviendo con petróleo.
3. Ceder la responsabilidad de pago (mediante una delegación) a una nueva sociedad, con lo que la nueva estructura será la encargada de la deuda financiera. Esto permite una suerte de “segunda oportunidad” a PDVSA aunque, obviamente, para evitar algún litigio o complicación debería ser algo más que “un cascarón”, ser una empresa comprometida por parte de la nación.
4. Las sanciones del día 28 de enero de 2019 y el acuerdo de protección de activos por parte del Departamento del Tesoro estadounidense son una suerte de protección o “stand still” y, en ese sentido, se protege de una toma por parte de cualquier acreedor a Citgo. Los fondos derivados de las ventas petroleras y recursos del Estado venezolano son depositados en cuenta scrow en el momento en que las condiciones estén dadas para el uso de los fondos por parte de la nueva administración. Esto imposibilita al mismo tiempo una toma de control por parte de intereses ajenos a los Estados Unidos y a Venezuela. Nótese que Guaidó, en días pasados, para evitar el incumplimiento del PDVSA 2020 pagó los intereses del bono. Este instrumento en particular tiene como colateral las acciones de Citgo.
5. Estos fondos pudieran convertirse en la garantía de pago de esa nueva sociedad, permitiendo que PDVSA en el balance tenga un desahogo que permita apalancamiento financiero para ser reinvertido en la industria petrolera para incrementar su producción.

Ahora, ¿es posible que EE.UU. apoye a Venezuela con una acción “nuclear” que es la que propone Lee Buchheit? Es decir, detener a los acreedores holdout, por más pequeños que sean, mediante una orden ejecutiva del presidente estadounidense, como ocurrió con Irak hace 16 años. De ocurrir es posible que coincida con una efectiva transición del poder en Venezuela (antes no porque podría beneficiar a Maduro), pero en todo caso hay que recordar que debe tener sentido político para la administración de ese país hacerlo. Aunque, ciertamente, las condiciones de deterioro económico en Venezuela lo ameritarían.