En 2018, la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) reveló, en su estudio "Las marcas en América Latina: Estudio de su impacto económico en 10 países de la región entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana", que las marcas aportaron, en ese año, hasta 22 % del PIB. Además, se refiere que las empresas que registraron su PI emplearon cerca de 35 millones de personas y que las marcas en la región representan 31 % de las exportaciones.
Han pasado casi cuatro años desde que se publicó dicho estudio y hay una realidad macro que aún hoy persiste: Latinoamérica debe hacer más para dar pasos hacia la protección y el cumplimiento de los derechos de marcas y otros tipos de PI para lograr un crecimiento económico sostenible.
IP Key América Latina, proyecto financiado por la Unión Europea (UE) y gestionado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo), ha asegurado que uno de los problemas más graves en infracción de PI en AL es la circulación ilegal de falsificaciones, especialmente porque algunos países de la región no aplican un control eficiente de aduanas y ventas online; adicionalmente, apenas siete países latinoamericanos son parte del Protocolo de Madrid (Chile se unió en julio), solo uno (México) es parte del Arreglo de La Haya y del Sistema de Lisboa. La ausencia del resto de las naciones del subcontinente perjudica el desarrollo económico y disminuye su protección internacional.
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En términos generales, nuestra región no es muy activa en protección de los derechos de PI, de hecho, usualmente obtenemos bajas puntuaciones en los índices globales en este tema. Nuestra mala calificación demuestra el bajo interés que se le da a la protección de las invenciones, modelos de utilidad, patrimonio cultural, diseños industriales, marcas o indicaciones geográficas, que —en vista de que influye en el bajo nivel de investigación e innovación— afecta muy negativamente la economía.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), si bien durante la última década ha habido un aumento significativo en la actividad de patentes en todo el mundo, con un aumento de 64 % en el número de solicitudes de patentes entre 2010 y 2020, los países de América Latina y el Caribe no han seguido esta tendencia. "La región registró un menor nivel de patentamiento y, como resultado, su participación en el número total de solicitudes de patentes en todo el mundo disminuyó de 2,8 % en 2010 a 1,6 % en 2020”.
En el Índice Internacional de Marcas y Patentes de Property Rights Alliance se detalló que México, Brasil y Uruguay, respectivamente, son los países latinoamericanos con mejor puntaje en protección de marcas en la región, mientras Chile, México, Brasil y Perú son los que más patentes registran.
En 2020, de acuerdo con la Cepal, Brasil recibió 24.338 solicitudes de patentes y México recibió 14.312, entre ambos países se obtiene el 74 % de las solicitudes de patentes de la región.
El tope en todos los ítems medidos lo ocupan Estados Unidos, China, Austria, Italia y Reino Unido. No sorprende que naciones con un alto sentido de protección a la innovación sean grandes economías o países desarrollados.
¿Por qué si la PI es tan importante para el crecimiento económico está tan descuidada en la región?
Algunos expertos señalan que se debe a que no hay un marco normativo que incentive el desarrollo e investigación a la vez que protege a creadores e invenciones, a veces la burocracia complica el acceso a los derechos de propiedad intelectual, al no simplificar los trámites. Ignorar las leyes y acuerdos internacionales suele ser otro factor que contribuye a la fragilidad de la PI. Ignorar nuevos sistemas económicos que pueden aportar mucho, como la economía naranja, es otro factor.
En el libro Los desafíos de la transformación productiva en América Latina, se explica que, a pesar de que ha habido varios proyectos de integración económica regional, “no se han logrado avances significativos y duraderos, salvo excepciones puntuales”, lo cual se ha traducido en que América Latina contribuye por debajo del aporte económico agregado en la industria manufacturera por habitante en 19 % menos que el promedio mundial, lo cual se convierte en menos productividad. La falla reside en que las brechas tecnológicas y el factor diferencial de los sistemas nacionales de innovación transitan rutas divergentes.
“El gasto en investigación y desarrollo (como proporción del PIB) en América Latina se ubica en 0.77, cuando China, los países de la Eurozona y Estados Unidos invierten una proporción entre tres y cuatro veces más elevada. Por su parte, América Latina tiene 503 investigadores por cada millón de habitantes, entre seis y ocho veces menos que los países más avanzados. La presencia de investigadores latinoamericanos en publicaciones científicas y tecnológicas es casi 10 veces menor, y la cantidad de patentes por habitante es entre 20 y 70 veces más baja que la registrada en países desarrollados”, se lee en el libro publicado por FES Transformación.
En dicho libro, además, se menciona que Brasil es el país que más invierte en investigación y desarrollo (I+D), seguido por Argentina, Costa Rica y México, lo que los hace propensos a desarrollar el sistema innovativo. En crecimiento en I+D están Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y Uruguay, en ese orden"
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Marcos regulatorios
El fortalecimiento de la PI puede hacerse mediante la mejora de la regulación y aplicación de los derechos ya reconocidos. Al respecto, Patricia López Moreira, Bárbara Dollstadt y Antonio Villa Berkemeyer, de la firma paraguaya Berkemeyer (BKM), refieren que un mecanismo ideal es la potenciación de acciones de observancia de los derechos de PI, no solamente por medio de instituciones nacionales sino también a nivel internacional.
Otras de las recomendaciones de los expertos en PI son:
- Instar a los países de la región y limítrofes a promover asistencia jurídica recíproca para tratar la problemática.
- Capacitación continua de los funcionarios tanto en la esfera administrativa como judicial.
- Profundizar la especialización de jueces en la materia.
Desde la academia
En el ámbito académico, es importante enseñarles a los jóvenes los aspectos fundamentales de la PI para entender su generación, protección y comercialización, incorporando contenidos de PI “en todos los niveles educativos, a fin de que los jóvenes adquieran conocimientos del valor que posee la creatividad y los bienes intelectuales como instrumentos de crecimiento y desarrollo”, comentaron los especialistas.
A esto, debe añadirse “el capacitar en la importancia del beneficio económico y su impacto en el crecimiento de una economía que proveen los bienes intangibles y capacitar en nuevos modelos de desarrollo de negocios derivados de la PI, como franquicias y licencias, entre otros”, añadieron.
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Marcos regulatorios
El fortalecimiento de la PI puede hacerse mediante la mejora de la regulación y aplicación de los derechos ya reconocidos. Al respecto, Patricia López Moreira, Bárbara Dollstadt y Antonio Villa Berkemeyer, de la firma paraguaya Berkemeyer (BKM), refieren que un mecanismo ideal es la potenciación de acciones de observancia de los derechos de PI, no solamente por medio de instituciones nacionales sino también a nivel internacional.
Otras de las recomendaciones de los expertos en PI son:
- Instar a los países de la región y limítrofes a promover asistencia jurídica recíproca para tratar la problemática.
- Capacitación continua de los funcionarios tanto en la esfera administrativa como judicial.
- Profundizar la especialización de jueces en la materia.
¿Qué se debe hacer en AL para usar la PI para mantener el ritmo de los rápidos avances tecnológicos y la cuarta revolución industrial tan necesarios para crecer económicamente?
Los abogados de BKM | Berkemeyer recordaron que “en AL existe una participación constante de los profesionales de IP mediante las asociaciones; por ejemplo, la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (Asipi), así como de asociaciones nacionales, en las que los profesionales privados invierten en participar en estos eventos académicos y pueden tener contacto con profesionales de otros países para lograr un método de trabajo en conjunto.”
Otro método consiste en crear programas de capacitación a mipymes “para lograr llegar a ese empresario o empresa nueva que puede estar incursionando en el mercado y que precisa de los conocimientos y avances en la materia de PI. Además, de tener como materia PI en las facultades de Derecho, es importante capacitar a empresas, industrias sobre la importancia de los derechos de PI que tienen en relación al negocio y la necesidad de protección inclusive a nivel internacional.”
¿Qué más podría hacerse? Ceder y proteger efectivamente el derecho exclusivo de uso de su propiedad intelectual a los innovadores, esto se traducirá en la inversión económica necesaria para reproducir la innovación. Los derechos de propiedad intelectual (DPI) y su defensa desde la administración pública favorece el intercambio de mejores prácticas en los sistemas nacionales y regionales de propiedad intelectual, incluyendo todos los dispuestos en los distintos acuerdos bi o multilaterales que cada país del continente haya firmado.
Proyectos como IP Key trabajan para enseñar a los gobiernos la relevancia socioeconómica de los DPI y la importancia de su protección, mediante la presentación de datos comprobados y comprobables que demuestren el aporte de los DPI al desarrollo. La meta es que paulatina, pero rápidamente, los gobiernos locales diseñen políticas eficientes de protección y cumplimiento. Como dijo Pedro Duarte Guimarães, líder de proyecto de IP Key América Latina, “las industrias intensivas en DPI representan un valor exponencial para las economías. Este impacto lo hemos visto a nivel nacional y comunitario, en los estudios realizados por la Euipo para la Unión Europea”, por eso es tan importante invertir, registrar y proteger la PI.
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