El debate sobre la legalización de las apuestas tiene tiempo circulando en Brasil, pero en estos momentos ha vuelto al ruedo político. La Ley No. 186/2014 se encuentra en discusión en la Comisión Especial de Desarrollo Nacional del Senado brasileño. Por otra parte, la Comisión Especial creada para discutir el Marco Regulatorio de las Apuestas de la Cámara de Diputados, aprobó el texto de la Ley No. 442/1991 que también se refiere a su legalización. Estas leyes referidas a la explotación comercial de las apuestas en el territorio nacional autorizarían el “jogo do bicho”, las máquinas tragamonedas, bingos, casinos, y las apuestas en eventos deportivos, entre otros.
La historia de los juegos de envite y azar data de los tiempos en que Brasil todavía era un imperio. Sin embargo, los casinos fueron prohibidos en el momento que se estableció la República en 1917. Luego de 17 años, en 1934, las apuestas fueron permitidas nuevamente durante el gobierno de Getúlio Vargas, período conocido como la época de oro de Brasil. La razón principal de esto fue la creación de puestos de trabajo, aumentar el turismo y enriquecer a quienes se beneficiaban de las actividades relacionadas a las apuestas.
Este período permisivo no duró mucho tiempo. En 1946, el presidente Dutra aprobó el decreto No. 9.215, restableciendo el artículo 50 de la Ley de Delitos Penales contra las apuestas.
La prohibición fue apoyada por un grupo importante de la población, incluyendo a la iglesia Católica. Las razones de dicha prohibición siguen registradas en el decreto No. 9.215, esgrimiendo argumentos relativos a la conciencia universal, culturales, legales y religiosos, juzgando a las apuestas como una transgresión a la moral y a la decencia común. Visto que tales argumentos están basados en orden moral y buenas costumbres y en asuntos psicológicos, se encuentran sujetos a cambios en el tiempo y suelen ser fácilmente recusados; en consecuencia, la discusión sobre la legalización de las apuestas se mantuvo viva.
Esta discusión, claro, sigue siendo controversial. Por ejemplo, la opinión de las cortes brasileñas no es firme en este asunto. El Tribunal Supremo de Justicia entiende que el uso de máquinas electrónicas de envite y azar, tales como tragamonedas, es una ofensa criminal; sin embargo, fuertes argumentos señalan que si no hay una regulación específica, la libertad de ejercer una actividad comercial prevalece.
Uno de los argumentos más importantes de quienes apoyan la legalización de las apuestas es que reforzaría el turismo. Gracias a la creación de nuevas actividades que puedan atraer a consumidores reales, negocios grandes y pequeños se beneficiarían del incremento en la demanda. Algunos juegos de azar (como el “jogo bicho”) pueden fomentar la creación de servicios complementarios como bares y restaurantes para que los turistas busquen este tipo de entretenimiento. Adicionalmente, el gobierno estudiaría los lugares donde se erigirían los casinos antes de que se otorguen las licencias.
La propuesta legislativa del Senado establece que los casinos deberán encontrarse cerca de lugares tradicionales de turismo (por ejemplo, de atractivo histórico) y en regiones que carezcan de alternativas de desarrollo socioeconómico. También, los casinos deberán contratar, preferiblemente, trabajadores locales, todo en pro de la creación de nuevos puestos de trabajo.
Ciro Nogueira, autor de la Ley No. 186/2014, argumenta que los juegos de azar son parte de la cultura nacional y que su prohibición no evita que igual se lleven a cabo; así, Brasil debería seguir el ejemplo de países que regulan y fiscalizan estas actividades que son parte del mercado del entretenimiento. De acuerdo con el autor, basado en cálculos que revelan que el sector de apuestas es responsable del 1 % del PIB del país, el mercado podría tener apuestas por un total de R$ 55 billones. Esto estimularía la recolección de impuestos en un promedio de R$ 15 billones anuales, se crearían puestos de trabajo, y se produciría riqueza.
Por otro lado están quienes se oponen a la legalización de las apuestas. Ellos argumentan que el mercado nacional de apuestas sería tomado por firmas internacionales, que ya tienen amplia experiencia en el campo y que, en consecuencia, reduciría las posibilidades de desarrollo por parte de compañías locales. Además, relacionan las apuestas al incremento de la criminalidad, prostitución, lavado de dinero, evasión de impuestos, y otras actividades que tienen un impacto negativo en la sociedad. La Organización Mundial de la Salud reconoce la ludomania (enfermedad que sufren los adictos al juego), dado que 3 % sufre de problemas financieros y familiares y 2 % se encuentra efectivamente enferma.
A pesar de esto, de acuerdo con el Newsletter de Inteligencia de SEBRAE, Brasil y Bolivia son los únicos países latinoamericanos que no han regulado las actividades de apuestas todavía. Entre los países miembros de la Organización Mundial del Turismo, 71.1 % regula las apuestas y 75.5% de los estados miembros de la ONU la considera completamente legal.
El debate sobre la legalización de las apuestas parece importante, y hay que darle lugar a ambos lados de la discusión política. En caso de que alguna de las leyes que buscan legalizar las apuestas sea aprobada, los daños podrían ser minimizados y los beneficios maximizados. Después de todo, las leyes deben priorizar el bienestar público y el desarrollo social y económico.
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