La policía del Reino Unido informó a las víctimas de delitos penales que, para investigar su denuncia, deberán consentir el acceso a los datos personales almacenados en sus teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas o relojes inteligentes.
El fundamento lo dio Nick Ephgrave, jefe del Consejo Nacional de Jefes de Policía Nacional para la justicia penal: "la policía tiene el deber de perseguir todas las líneas de investigación razonables, que ahora, con frecuencia, se extienden a los dispositivos de las víctimas y los testigos, así como a los sospechosos, especialmente en los casos en que los sospechosos y las víctimas se conocen".
Los denunciantes firmarán un formulario que expresa su consentimiento y además entregar el dispositivo. Hasta ahora, era necesaria una orden judicial (warrant) para acceder a esa documentación. Además, la policía aún no puede confiscar teléfonos o dispositivos digitales de un denunciante.
A veces, la policía británica descarga incorrectamente datos de teléfonos celulares de las personas que detienen. En un reciente caso, un acusado enfrentó 12 cargos de violación y agresión sexual, hasta que los abogados de la defensa descubrieron que la policía había pasado por alto un disco con mensajes de la presunta víctima que buscaba "sexo casual".
La policía adjudicó su omisión a una combinación de error y falta de conocimiento, entre otros factores. Justamente para evitar estas situaciones, que perjudican a muchos inocentes, es que cambió la política aplicable.
Puede que el procedimiento vaya a dar más certeza a la investigación y disminuya los errores, pero desató una tormenta de críticas por el temor a invasiones a la privacidad y por el riesgo de desalentar a las personas a denunciar delitos, en particular delitos como el asalto sexual, donde la víctima será expuesta a un crudo descubrimiento de su vida privada.
Además, cuando las agresiones sexuales son cometidas por personas conocidas por las víctimas, puede haber pruebas electrónicas de comunicaciones amistosas entre ellas. De allí a la presunción de sexo consensual hay poca distancia. Para Harriet Wistrich, directora del Centro para la Justicia de las Mujeres, "la mayoría de los reclamantes entienden completamente por qué la divulgación de las comunicaciones con el acusado es justa y razonable, pero lo que no está claro es por qué su historia pasada, incluida cualquier historia sexual pasada, debería estar en juego".
Respecto del consentimiento que las víctimas deben expresar en el formulario, ¿es realmente libre y sin presiones? No lo parece. Si se niegan, su acción podrá ser desechada. Tampoco está claro en el formulario quién decide qué documentación es relevante y según qué estándares.
Y eso no es todo. La policía advirtió que si los investigadores descubren algo incriminatorio, incluso si es irrelevante para el caso original, el acusador puede convertirse en el acusado, basándose en el descubrimiento. En ese caso, todo lo que encuentre la policía, será entregado a los fiscales.
Quizás, es bajo la luz de una cada vez mayor injerencia del Estado y las empresas en la privacidad de los ciudadanos que deban analizarse las ventajas reales del procedimiento. Una orden judicial puede, muchas veces, salvaguardar la privacidad de los usuarios, sin perjudicar la investigación.
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