Actualmente, Perú es un Estado parte del acuerdo de la Alianza del Pacífico, junto a México, Chile y Colombia. Entre los pilares de este acuerdo está el orientar hacia la libre circulación de personas, con todo lo que ello implica: la movilidad a un destino distinto al del lugar de origen, buscando el desarrollo personal, profesional y de trabajo, así como el de los familiares que acompañan a quien lleva a cabo este cometido.
La Alianza del Pacifico, por supuesto, abarca dentro de sus principales propósitos la búsqueda de la circulación libre de bienes, servicios y capitales, con la finalidad de propender al mayor desarrollo y competitividad de las economías de estos cuatro países. También tiene el afán de convertirse en un bloque de integración comercial y económica, entre otros matices. Es vista con muy buenos ojos por países del mundo que mantienen por su parte acuerdos comerciales con los Estados parte e interesados probablemente en solicitar en el futuro su adhesión.
Por otro lado, como dato estadístico relevante debemos señalar que, en su conjunto la Alianza del Pacífico representa más o menos como el 40,7 % del Producto Bruto Interno (PBI) de América Latina, otorgándole así la novena posición dentro de las economías más grandes de nuestro planeta. Su población total es de más de 220 millones de habitantes. Lógicamente, se trata de un mercado más que importante. Sus países ostentan las cuatro mejores posiciones del índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business 2019) que recientemente publicó el Banco Mundial.
Vemos así también que, entre los países de la Alianza a nivel particular, México ha mejorado y evolucionado su normatividad migratoria. Del mismo modo, Colombia la ha simplificado y perfeccionado con criterios de practicidad. Otro tanto ha ocurrido con Chile y por nuestra parte —Perú—, contamos con una nueva ley al respecto, desde el año 2017. Esta cuenta además con un reglamento en vigencia, lo que no ocurrió durante los más de 25 años que estuvo en vigor la legislación migratoria, hoy ya derogada. Hay mucho por mejorar en este tema, pero es un avance que merece un reconocimiento.
Actualmente, la Alianza del Pacífico genera a nivel migratorio la extensión de visas de sus cuatro países miembros, tanto para propósitos de turismo como para visitantes de negocios entre sus territorios (se eliminó el visado temporal consular de negocios) requerido para desarrollar actividades empresariales.
Antiguamente se exigía un trámite previo para solicitar el visado ante un despacho consular y luego ingresar al país de destino (México, Colombia, Perú o Chile) por parte de un nacional a otro país miembro de la Alianza.
Hoy en día esto ya no es requerido entre los cuatro Estados miembro de la Alianza. Basta con que el visitante de negocios indique la condición de visita al oficial del control migratorio del aeropuerto o puerto de entrada y será considerado como tal, otorgándole la autorización de permanencia requerida que se fija en un plazo hasta de 183 días del calendario, no prorrogable.
Entonces, queda por establecer la inquietud basada en uno de los pilares de la Alianza. Nos referimos al de la libre circulación de las personas con el propósito de trabajar. Nos orientamos a señalar que, otro objetivo muy importante será apuntar al establecimiento de un sistema adecuado de intercambio de información migratoria entre los países miembros, con la participación de sus organismos vinculados al sector trabajo, haciendo factible el implementar una visa de trabajo de la Alianza del Pacífico. Una que permita el desplazamiento favorable y beneficioso de profesionales, técnicos, expertos y en suma trabajadores entre los cuatro países miembros.
Todo ello con el fin de lograr un mayor alcance y desarrollo, sobre todo en relación a la cuestión de la migración laboral. Para facilitar el desplazamiento de los individuos, que va desde la eliminación de mayores requisitos y exigencias en permisos de trabajo y simplificación de trámites a la eliminación de trabas.
Quizás en un futuro no lejano, veremos la facilitación de visas de trabajo de corte temporal, susceptibles de ser ampliadas atendiendo a las necesidades de proyectos, inversiones y negocios entre los países de la Alianza. Todo ello para contribuir a un mejor desarrollo de sus economías, a un flujo apropiado de sus trabajadores y a su perfeccionamiento profesional y laboral, en un mundo globalizado que tenga finalmente el “ansiado permiso de trabajo común” entre estos Estados parte de la Alianza.
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