La instrumentalización de Interpol por parte de Venezuela

Los regímenes autoritarios explotan cada vez más las instituciones globales para extender su alcance más allá de sus fronteras. Venezuela, bajo el mando de Nicolás Maduro, ofrece un ejemplo contundente. Caracas ha buscado notificaciones rojas de Interpol y órdenes de arresto contra figuras opositoras e incluso contra líderes extranjeros que cuestionan la autoridad de Maduro, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, los dirigentes opositores exiliados Leopoldo López y Edmundo González, y el expresidente interino Juan Guaidó. Esto no es justicia; es represión disfrazada de cooperación internacional.

En noviembre de 2024, Venezuela solicitó una notificación roja de Interpol contra Edmundo González, el candidato opositor considerado ampliamente como el verdadero ganador de las disputadas elecciones presidenciales de julio. Acusado de usurpación de funciones, falsificación e incitación a la desobediencia, González —quien ahora solicita asilo en España— ha calificado esta maniobra como un intento flagrante de silenciar la disidencia. A principios de 2025, el Tribunal Supremo de Venezuela emitió una orden de arresto contra Leopoldo López, un crítico de Maduro desde hace años que vive en España desde que huyó de la persecución en 2020. López enfrenta cargos de traición, conspiración e incitación a la acción armada, supuestamente por su apoyo a la intervención internacional contra Maduro. Esto reproduce la notificación roja emitida en 2023 contra Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos, por presunta traición y delitos financieros relacionados con la gestión de activos venezolanos en el extranjero durante su gobierno interino—cargos que surgieron en paralelo a investigaciones estadounidenses sobre la corrupción del propio Maduro.

El patrón se remonta aún más atrás. En 2014, Venezuela solicitó notificaciones rojas contra los opositores Diego Arria, Pedro Burelli y Ricardo Koesling, acusados de planear el asesinato de Maduro—una afirmación ampliamente descartada como fabricada para sofocar las protestas. Más audaz todavía, Venezuela ha apuntado contra Javier Milei, el presidente en funciones de Argentina, junto con su hermana y su ministra de Seguridad, por la incautación de un avión venezolano vinculado a violaciones de sanciones y terrorismo. Presentados como delitos de lesa humanidad y robo, estos cargos parecen ser una represalia por la actuación de Argentina ante la Corte Penal Internacional contra Maduro.

Te puede interesar: Los derechos humanos en la nueva oleada del transhumanismo

Estas acciones vulneran los principios fundamentales de Interpol. El Artículo 3 de su Constitución prohíbe explícitamente toda actividad de carácter político, militar, religioso o racial. Las notificaciones rojas no son órdenes internacionales de arresto, sino alertas para localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se evalúa la extradición. Deben basarse en cargos penales genuinos, no en venganzas. Sin embargo, el régimen de Maduro las ha instrumentalizado para atacar a opositores políticos: un caso de manual de represión transnacional, donde los Estados hostigan, intimidan o neutralizan a sus críticos en el exterior. No es un fenómeno exclusivo de Venezuela. La operación Fox Hunt de China y la persecución de disidentes por parte de Rusia siguen patrones similares. Pero la magnitud aquí es llamativa: más de 288 solicitudes de arresto vinculadas solo a Guaidó y miles de detenciones tras las elecciones.

Este abuso corre el riesgo de extenderse por América Latina. El Salvador, bajo el presidente Nayib Bukele, ha emitido más de 800 notificaciones rojas activas desde que declaró el estado de emergencia en 2022, en teoría para combatir pandillas, pero a menudo resultando en detenciones motivadas políticamente en el extranjero. Tribunales en EE. UU. y Europa han cuestionado si estas solicitudes cumplen con los estándares de derechos humanos. Con Interpol profundizando su presencia en Sudamérica—los jefes policiales de Santiago y Brasilia han acordado reforzar los grupos de trabajo regionales contra el crimen organizado—existe el riesgo de que la cooperación legítima sirva de cobertura a excesos autoritarios.

Esto se superpone con la investigación en curso de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2014, incluidos detención arbitraria y tortura. Al apuntar contra figuras como López y González, que han denunciado estos abusos, Maduro busca eludir la rendición de cuentas mientras proyecta autoridad.

Quizá quieras leer: Britney Spears y los claroscuros de la interdicción en EE.UU. y Latinoamérica

Las consecuencias son graves. Cuando las notificaciones rojas se utilizan indebidamente, personas inocentes pueden ser arrestadas y detenidas en aeropuertos durante viajes rutinarios. Pueden quedar excluidas del sistema financiero, perdiendo acceso a servicios bancarios. El daño reputacional puede ser devastador, afectando carreras y relaciones personales. Los líderes opositores en el exilio —López en Madrid, González en España— deben vivir con miedo, con su capacidad de incidencia severamente limitada. El daño diplomático es evidente: Venezuela y Argentina han roto relaciones, embajadas han sido asediadas y quienes buscan asilo quedan atrapados. A medida que esta tendencia se expande, amenaza las normas democráticas en toda América Latina, donde instituciones frágiles pueden sucumbir a tácticas similares.

¿Qué debe suceder? Interpol debe examinar rigurosamente estas solicitudes y rechazar aquellas con motivación política. Los Estados miembros, incluidos los de América Latina, la Unión Europea y el Reino Unido, deben reforzar la supervisión a través de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol. La CPI debería acelerar su investigación y considerar la emisión de órdenes de arresto contra Maduro. La comunidad internacional debería sancionar a los regímenes que abusan de los sistemas globales y ofrecer protecciones de asilo sólidas para las víctimas.

Estos temas—el abuso del sistema de notificaciones rojas de Interpol, las salvaguardias contra solicitudes maliciosas y la lucha más amplia contra la represión transnacional—se examinarán en un seminario sobre crimen organizado transnacional y derecho penal internacional organizado por el Colegio de Abogados de Buenos Aires los días 2 y 3 de diciembre de 2025. El evento analizará el papel de Interpol en la lucha contra el crimen, al tiempo que destacará cómo los regímenes autoritarios lo explotan.

Las acciones de Venezuela son una advertencia de que la represión transnacional prospera cuando las instituciones se malutilizan. Como juristas, debemos defender el Estado de derecho frente a quienes buscan distorsionarlo. La integridad de la cooperación internacional depende de nuestra determinación para enfrentar estos abusos.

*Ben Keith es fundador de International Human Rights Advisors y Cristian González Ruiz es asociado de International Human Rights Advisors.