En un mercado automotriz tan competido como el mexicano, ofrecer financiamiento propio o mediante alianzas no es una opción secundaria, sino una herramienta estratégica esencial para lograr una mayor penetración comercial, eficiencia operativa y rentabilidad. Para las marcas automotrices que ingresan al país, comprender el marco jurídico que regula los esquemas de financiamiento es crucial no solo para vender más, sino para hacerlo con certeza jurídica y control de riesgos.
En México, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), más del 60 % (sesenta por ciento) de los vehículos nuevos se colocan mediante financiamiento, ya sea a través de créditos tradicionales, arrendamientos financieros o esquemas híbridos con valor residual garantizado. Esto convierte al financiamiento en un componente estructural del modelo de negocio.
Contar con una financiera de marca (ligada al fabricante), o al menos con una alianza sólida con una institución financiera local, acelera la rotación del inventario, mejora la capacidad de fidelización del cliente y permite implementar programas comerciales diferenciados frente a la competencia.
A efecto de ofrecer financiamiento a sus clientes, los distribuidores automotrices tienen principalmente dos opciones:
- Constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) que puede ser una entidad no regulada (E.N.R.) o una entidad regulada (E.R.), dependiendo, entre otros factores, de si capta fondos del público. Para esta opción vale la pena que se considere el tiempo que requerirá constituir dicha sociedad y realizar los trámites administrativos para obtener las autorizaciones de las autoridades correspondientes de operación.
- Aliarse con un banco o SOFOM local.
A través de acuerdos con alguna institución financiera, el distribuidor puede beneficiarse de la infraestructura existente. Con ello se logra reducir la carga regulatoria directa, pero limita el control sobre el producto financiero que se ofrece a los clientes.
Autoridades involucradas a la supervisión de estos financiamientos
El financiamiento automotriz, al ser considerado una actividad financiera vinculada al crédito de consumo, está sujeta a la supervisión de diversas autoridades mexicanas, principalmente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Para ofrecer productos de financiamiento en México, las instituciones financieras deben cumplir con los siguientes aspectos regulatorios fundamentales:
- Registrar sus modelos de contratos de adhesión ante la CONDUSEF a través del Registro de Contratos de Adhesión (RECA), en los cuales se deberán especificar el monto del crédito, tasas de interés aplicables, costo anual total (CAT), comisiones aplicables (por apertura, gestión, pagos anticipados, etc.), penas por incumplimiento, garantías aplicables, condiciones para la ejecución extrajudicial, información clara respecto de los seguros forzosos o integrados.
- Tratándose de publicidad, la legislación mexicana establece lineamientos para que la publicidad de productos financieros brinde al público información veraz y clara a efecto de evitar que los clientes puedan ser inducidos a error, y tendientes a identificar a la entidad que ofrece el servicio financiero correspondiente.
Garantías
Otro aspecto legal importante a considerar es el relativo a las garantías para asegurar el cobro sin perder eficiencia. Los contratos de financiamiento deben incluir garantías que sean efectivas, ejecutables y registrables, tales como (a) reserva de dominio, que permite que el vehículo no se transmite hasta liquidarse el adeudo; (b) prenda sin transmisión de posesión, que permite ejecutar el vehículo ante incumplimiento; y (c) tratándose de ventas corporativas o de flotillas, constituir fideicomisos de garantía. No se obviará la necesidad de inscribir dichas garantías ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG).
Un buen diseño y estructuración de garantías disminuye la morosidad y mejora el valor recuperado en caso de incumplimiento.
Otros puntos relevantes a considerar son la conveniencia de (a) tener establecido un marco sólido para la gestión de cobranza extrajudicial que cumpla con la legislación aplicable, a efecto de evitar sanciones por parte de las autoridades correspondientes; y (b) implementar un buen protocolo de gestión de cartera vencida y recuperación de créditos.
Para una marca automotriz nueva en México, ofrecer financiamiento es una palanca estratégica de crecimiento. Sin embargo, hacerlo sin una estructura legal clara puede provocar costos ocultos, sanciones o litigios que afecten la rentabilidad.
Contar con una arquitectura jurídica adecuada, incluyendo contratos validados, garantías registradas y cumplimiento normativo riguroso, permite a las marcas acelerar la colocación, reducir riesgos financieros y maximizar su retorno de inversión en el país.
*Andrés González es asociado de SMPS Legal.





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