19/06/2026
La escasez hídrica se ha consolidado como uno de los principales riesgos estructurales para el desarrollo económico de Chile. El agua no es solo un insumo productivo, sino un factor habilitante del crecimiento, con una relación directa —y transversal— con el desempeño del PIB, particularmente en un país exportador de recursos naturales que enfrenta una sequía de carácter prolongado.
Más de una década de sequía, combinada con los efectos del cambio climático y una institucionalidad históricamente fragmentada, ha tensionado de forma sostenida la relación entre disponibilidad de agua, inversión productiva y desarrollo. En este escenario, la conflictividad asociada al recurso hídrico dejó de ser una externalidad ambiental para transformarse en una variable clave de incertidumbre económica.
El problema no es únicamente la falta física de agua, sino la falta de una estrategia nacional de planificación del recurso hídrico y, por cierto, la ausencia de reglas claras predecibles para su gestión. Sectores estratégicos como la minería, la agroindustria, la energía y la infraestructura enfrentan mayores costos de capital, mayores exigencias de evaluación y una creciente percepción de riesgo regulatorio.
En este marco, la reciente conformación de Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos en cuencas prioritarias, junto con el desarrollo de la Estrategia Nacional de Desalinización abre una oportunidad relevante para avanzar hacia un modelo de gestión más ordenado, capaz de reducir la conflictividad y entregar señales claras al sector productivo.
La decisión de focalizar una gobernanza avanzada del recurso en 20 cuencas prioritarias —que concentran cerca del 70 % de la población y una parte sustantiva de la actividad económica— responde a una lógica económica evidente: intervenir allí donde la incertidumbre hídrica genera mayores efectos sistémicos. La reciente instalación de la Mesa Estratégica del río Copiapó refleja con claridad este desafío, al combinar escasez estructural, alta concentración de usos productivos y una historia prolongada de conflictos.
En paralelo, la Estrategia Nacional de Desalinización busca ordenar una tecnología que ya forma parte del horizonte hídrico del país. Para el sector privado, puede ser una herramienta relevante para destrabar inversiones hoy limitadas por la falta de agua continental. No obstante, su efectividad dependerá de su adecuada integración en la planificación por cuencas y de un marco regulatorio coherente.
Desde una perspectiva económica, este enfoque apunta a reducir superposiciones regulatorias y entregar mayores certezas a los inversionistas respecto de las reglas del juego.
Persisten, sin embargo, desafíos relevantes: la desalinización implica elevados costos de inversión, largos plazos de ejecución y una alta dependencia energética. Sin definiciones claras sobre tarifas, subsidios, acceso y distribución de beneficios, estos proyectos pueden generar distorsiones y nuevas tensiones territoriales. Para el sector privado, la falta de certeza en estos aspectos se traduce directamente en mayores riesgos financieros.
La seguridad hídrica de Chile no se resolverá con una única tecnología ni con soluciones fragmentadas. Requiere coordinación público‑privada, reglas claras y una planificación de largo plazo que permita reducir la conflictividad entregando certezas a quienes deben tomar hoy decisiones de inversión que marcarán el desarrollo del país.
* Nicolás Suazo es socio de Garnham Abogados.
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