Existe un amplio consenso respecto del incremento global de los ciberataques, así como de la sofisticación con la que los incidentes de ciberseguridad se vienen manifestando. Si bien este hecho debería devenir en una toma de conciencia de los posibles daños —incluso irreparables— que podrían padecer las empresas en el Perú, la realidad es que esta preocupación no parece estar en su agenda, al menos de forma inmediata.
La razón, quizás, se encuentra en la falta de entendimiento de lo que es la ciberseguridad, pero también en la complejidad y retos de regularla orgánicamente sin dejar de atender las exigencias de integrar nuestros negocios a la tecnología. Debemos empezar estableciendo que el riesgo de sufrir un ciberataque no corresponde ser prevenido, atribuido y mitigado únicamente por las áreas de seguridad de la información. Es un riesgo del negocio y, como tal, debe ser atendido al más alto nivel en toda organización. Por tanto, no cabe pensar en geografías o jurisdicciones, pues todos los que nos beneficiamos de internet en algún momento tendremos que enfrentar un ciberataque.
Ante la pregunta de si en el Perú venimos avanzando en ciberseguridad, sí estamos avanzando. Contamos con un marco legal de protección de datos personales y una directiva de seguridad que lo acompaña. También se ha creado un Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (Renhice) y la Ley de Delitos Informáticos se ha visto acompañada con la reciente adhesión del Perú al convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia. Todo esto ha sucedido entre otras normas y proyectos legislativos que buscan proteger la infraestructura de la información y los datos para prevenir y sancionar cualquier acción que pueda vulnerar la ciberseguridad. Asimismo, existe un importante esfuerzo de la Secretaría de Gobierno Digital por acompañar los procesos de transformación digital en la administración pública.
Esta no es una tarea que deba esperar a que nuestro ordenamiento jurídico desarrolle más o mejores estándares segmentados por industrias, emita una ley marco en materia de ciberseguridad o disponga sanciones económicas ante ciertos incumplimientos. Tanto el sector privado como el público están llamados a pasar a la acción y a protegerse de las amenazas que ocurren en el ciberespacio.
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