La discriminación, violencia, acoso u hostigamiento sexual son constantes para las mujeres en sus lugares de trabajo. Esto sucede incluso cuando ya son mayoría los países que han suscrito tratados y aprobado marcos regulatorios enfocados en prevenir y erradicar la violencia y discriminación hacia mujeres y niñas. Estos marcos reflejan las obligaciones que los patrones deben cumplir para que se aborde adecuada y ampliamente el tema en el espacio laboral.
¿Qué pasa entonces que todavía hay violencia en contra de las mujeres sin importar que existan normativas que exigen a las empresas adoptar protocolos para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y laboral?
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El problema radica en la falta de voluntad política de las autoridades para supervisar y confirmar el cumplimiento de estas obligaciones de ley.
En todo caso, el Estado asume que la gran mayoría de las personas van a cumplir con sus obligaciones de ley, porque es lo correcto. En este sentido, todas las organizaciones que cuentan con empleados deberían cumplir con todas las normas que rigen las relaciones patronales de manera autoaplicativa. Esto sería lo ideal en un mundo donde se respeten las leyes y haya también respeto por las mujeres.
Sin embargo, a la fecha, no existe información respecto de cuántas organizaciones patronales —incluyendo gobiernos en todos sus niveles— cuentan con un protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y laboral. Menos aún se sabe si estos protocolos establecen canales de denuncia eficaces y accesibles o si se aplican, junto con sus correspondientes sanciones, cuando ocurren casos de violencia, acosos y discriminación.
La obligación del sector legal de luchar contra el acoso
Toda organización debería tener como principio fundamental la convivencia pacífica y libre de violencia de todas sus empleadas, algo que depende de sus dueños y directivos.
Los dueños de empresas, negocios y entidades que prestan servicios, incluidos los despachos de abogados, así como sus administradores y encargados del cumplimiento normativo, deberían estar ocupados en que ninguna de las trabajadoras que labora en sus organizaciones sufra acoso o violencia.
En los casos que esto ocurriera deberían existir canales de denuncia adecuados y las normas internas necesarias para atender y sancionar a los culpables.
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Los abogados y abogadas, sin importar donde trabajemos, tenemos la responsabilidad de ser promotores y supervisores de que en nuestros lugares de trabajo se cuente con un protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y laboral que incluya un canal de denuncia. Además, debemos confirmar que el canal de denuncia sea atendido por una persona con autonomía de decisión, alguien facultada para implementar el protocolo y, una vez confirmado algún acto de violencia, aplicar las sanciones hasta sus últimas consecuencias.
Para que esto suceda es indispensable que los accionistas y dueños estén conscientes y comprometidos de que, en caso de que cualquier persona incumpla el protocolo, las sanciones le serán aplicadas con independencia de su cargo o jerarquía. Y, en los despachos de abogados, es importante que los socios entiendan que un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género le será aplicable a todos, incluyéndolos, así como a los cargos de dirección o alta gerencia, considerando que la relación profesional, económica o de amistad no será causa o razón para dejar de aplicar las sanciones, cuando así lo ameriten los actos sancionados.
Será de gran relevancia establecer en los despachos de abogados cómo funcionará el canal de denuncia y la forma de otorgar autonomía a la persona responsable de aplicar el protocolo y las sanciones. Incluso cuando la sanción se tenga que aplicar a un socio, incluida su expulsión si el acto sancionado así lo amerita.
Es indispensable el compromiso personal de dueños y socios de empresas y despachos de sancionar dentro de sus organizaciones la violencia en cualquiera de sus formas, comúnmente perpetrada contra las mujeres, por encima de cualquier otro interés, económico, político o de relación personal. De lo contrario, se crea una complicidad en la violencia y una cultura del encubrimiento.
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En el mundo, y en particular en México, las mujeres viven en violencia continúa, tanto física, como económica, patrimonial, mental, psicológica y sexual.
Sería un gran paso si el sector legal fuera de los primeros en cumplir las normas que protegen a las mujeres en los lugares donde trabajamos.
Invito a todas las personas que lean este artículo y que sean parte del sector a que hagan su tarea y que en su lugar de trabajo se cumplan con las normas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia y discriminación en contra de las mujeres.
*María Teresa Paillés es socia de SMPS Legal. Se especializa en inversiones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones, operaciones de financiamiento, licitaciones públicas y derecho corporativo general. Es socia fundadora y presidenta de Abogadas MX, una ONG que promueve el desarrollo profesional de mujeres abogadas.
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