En Bolivia, el uso de criptoactivos se ha incrementado a tal punto que genera la interrogante si esto responde al entusiasmo por la innovación tecnológica o si es una respuesta espontánea de la población a una situación económica cada vez más asfixiada por la escasez de dólares, una inflación que crece y el consiguiente debilitamiento de la moneda local.

Y es que, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo no ha dejado de ampliarse desde hace más de un año, sumado a que, el acceso a divisas está fuertemente restringido para las personas naturales y las jurídicas, obligando a estas últimas a buscar soluciones “creativas” para poder cubrir sus demandas de pago a proveedores del exterior. Bolivia es un país prominente importador, razón más que suficiente para depender del dólar no solo para transacciones internacionales, sino también, para sostener gran parte de nuestra economía y las actividades comerciales cotidianas.

Debido a este deterioro económico, se ha generado un cambio silencioso pero profundo, ya que, cada vez más personas y empresas están recurriendo al uso de criptomonedas como refugio de valor, mecanismo de pago, herramienta para transferir dinero fuera del país, o directamente como alternativa al dólar. 

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Es de conocimiento general que, el uso de plataformas P2P, billeteras digitales y redes sociales, permiten operaciones diarias que antes solo podían hacerse por canales bancarios o casas de cambio, lo que ha generado que las USDT y otras criptomonedas estén ganando terreno como “moneda” funcional, cuya práctica no cuenta con una regulación propiamente dicha.

Criptoeconomía de emergencia

Este creciente uso de medios digitales dio paso a la llamada “revolución fintech” que, impulsada desde el Estado, nace como una solución a las operaciones que se daban en la informalidad. Podría decirse que esta “criptoeconomía de emergencia” ha generado una especie de revolución digital no planificada, empujada por la necesidad de la ciudadanía y el mundo empresarial que simplemente encontró soluciones por sus propios medios.

A nivel normativo, Bolivia mantiene una regulación escasa frente a las criptomonedas. En 2014 y en 2020, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció que el uso criptoactivo no estaba autorizado dentro del sistema financiero formal, lo que impedía que cualquier entidad participara en operaciones con criptomonedas.

A partir de la emisión de la Resolución de Directorio N°082/2024 de 25 de junio de 2024 por parte del Banco Central de Bolivia, el perímetro regulatorio se amplía, levantando la prohibición de uso de criptoactivos y para 2025, con la promulgación del Decreto Supremo N° 5384, se reglamenta el funcionamiento de las Fintech, permitiendo que estas entidades, sean privadas, públicas o mixtas, y ofrezcan servicios digitales en los ámbitos de servicios financieros, mercado de valores y seguros bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

Fuera de esta regulación, actualmente en Bolivia no existe una ley que establezca el marco regulatorio de intercambio de activos digitales, como tampoco existe marco tributario, generando un vacío problemático para responder preguntas como las que nacen en materia contable y financiera. Ello ha llevado a que los especialistas tributarios se enfrenten a preguntas frecuentes de: ¿Cómo se declara una ganancia en criptomonedas si no hay reglas sobre su tratamiento fiscal? ¿Qué ocurre si una empresa realiza pagos en cripto como parte de su actividad comercial? ¿Deben aplicarse impuestos? ¿Se puede considerar un activo intangible sujeto a tributo? Las respuestas son diversas y muchas veces contradictorias y, ante el riesgo latente, prima la necesidad de mantener la economía activa.

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Innovación y regulación

Está claro que, el uso de criptomonedas no es una solución mágica, y que no se trata de copiar al pie de la letra modelos de otros países que legalizaron su uso, pero sí es momento de regular una práctica ya existente, que actualmente mueve millones de dólares mensuales, y que seguirá creciendo, en las penumbras de la legalidad, cerrando la posibilidad a que el mismo Estado pueda aprovechar, regular o incluso recaudar de los ingresos emergentes de un fenómeno que está modificando el sistema financiero, económico y comercial actual.

Este proceso no es solo un desafío legal, sino que, es una oportunidad para pensar en el futuro desde la óptica digital en una formalización del mercado boliviano, ya que, en la actualidad, las soluciones a los problemas de obtención de divisas, pagos y transferencias al exterior, así como el resguardo del valor de los ingresos en moneda bolivianos, son buscadas en el ecosistema de los criptoactivos en donde, como ya hemos dicho, no existen reglas claras. El uso creciente de criptomonedas es ya una realidad tangible, y postergar su regulación solo profundiza la informalidad y nos coloca en una desventaja competitiva tecnológica frente a otros mercados.

La regulación está pendiente, y debe ser un tema de prioridad que deberá analizar y generar el gobierno próximamente entrante, pero ya no se puede postergar. Debemos construir reglas que acompañen la realidad y que coadyuven a la estabilidad de la economía.

En definitiva, Bolivia se encuentra en una encrucijada normativa. Por un lado, el crecimiento sin control y desmesurado del uso de criptomonedas es una respuesta directa a los desafíos y necesidades económicas que enfrenta Bolivia; y por otro, la falta de regulación integral, especialmente en el ámbito tributario, contable y comercial, convierte a este fenómeno en una práctica sin resguardo jurídico, ni capacidad de ser canalizada por las instituciones. La necesidad de diseñar un marco legal que acompañe esta transformación económica con reglas claras, seguridad jurídica y visión estratégica es imperante. Pero debemos entender que, regular no significa frenar la innovación, sino integrarla al orden institucional y aprovecharla para generar estabilidad, confianza y, por qué no, nuevas fuentes de recaudación fiscal.

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La regulación de operaciones transaccionales con criptoactivos en Bolivia ya no es una posibilidad futura, es una necesidad real, actual y urgente, y como tal, requiere inmediatez, en su decisión y aplicación, porque ya estamos tarde, sin embargo, la pregunta que queda por resolver es: ¿Bolivia está lista para todo lo que conlleva esta digitalización?

*Candys Dorado es socia de tax de Orienta Legal.