En los días en que ya se pueda viajar, tras la estabilización del mundo, Costa Rica se convertirá en uno de los mejores lugares para invertir y vivir. Veo tres simples razones: el manejo excepcional de la pandemia de COVID-19, la invitación a unirse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y su atmósfera de inclusión. Este último punto hace referencia a la reciente aprobación del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. En pocas palabras, Costa Rica apuesta por la salud, el dinero y el amor.
La ciencia ha sido aliada del país, uno de los pocos que no tuvieron que incitar al terror para controlar el nuevo coronavirus. No ha habido humillaciones a ciudadanos, aunque sí medidas restrictivas que no pasan por encima de la gente. Se han levantado hospitales temporales y se ha logrado contener la pandemia en apego a criterios epidemiológicos. La economía tiene un plan claro para abrirse gradualmente, un proceso que lleva varias semanas y que va aliviando poco a poco los estragos económicos que han dejado a miles en el desempleo.
Además el país recientemente se ha adherido a la OCDE, el club de las naciones desarrolladas y millonarias. Esto es un premio a su estabilidad política y económica, producto, creo, de la abolición del Ejército desde 1949 que le ahorró millones de dólares en presupuestos que se invirtió en educación. No hace falta ir a China para darse cuenta que invertir en educación es justo y necesario. Con este paso, Costa Rica se vuelve en el primer país de Centroamérica en llegar a esa posición de privilegio.
Ahora la comunidad LGBT+ tiene un respaldo sólido en el Estado de Derecho que establece que no hay ciudadanos, inversores o residentes de segunda clase al contar con leyes protectoras contra toda clase de discriminación. Este momento histórico tiene un punto de partida institucional en la Sala Cuarta, equivalente a un Tribunal Constitucional, pues hace más de un año dio un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para regular las relaciones de pareja del mismo sexo. Ese plazo perentorio se cumplió el 26 de mayo del 2020.
Para preparar el terreno de este cambio legal más de 35 organizaciones no gubernamentales lanzaron la campaña Sí, Acepto que hace un llamado a la igualdad, en términos de dignidad, para todas las personas. Esta iniciativa fue divulgada por medios de comunicación, empresas publicitarias, la ONU y embajadas como las de Canadá y Países Bajos. En mi opinión, la mejor campaña que se ha ideado sobre este tema en Latinoamérica se lo debemos a Nisa Sanz, presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y directora de marketing de la empresa Pozuelo y Gia Miranda. También se debe hacer mención especial a las decenas de generosos activistas, abogados, empresas, organizaciones gremiales y miles de personas que colaboraron con su influencia.
Costa Rica emprendió una de las campañas de derechos civiles más importantes de la historia. Es loable ver cómo pasó de criminalizar la homosexualidad (1971), cerrar los bares “perversos” (1985) y realizar redadas bajo la excusa de la salud pública (1987), hasta ser objeto de una opinión consultiva ante la Corte Interamericana (2016), llevar el tema a la discusión de la elección presidencial (2018), nombrar un comisionado presidencial de asuntos LGBT+ (2018) y llegar al matrimonio civil igualitario (2020).
Costa Rica se vuelve el ejemplo de que existe una clase empresarial que no ignora los derechos humanos. Ahora vemos firmas del calibre de BLP y Batalla ondeando la bandera arcoíris.
*Herman Duarte es director en Simple Legal Consulting.
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