En noviembre del 2016 se establecieron medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo. Se hizo con el fin de que los abogados y contadores que, de manera independiente o en sociedad, realizan la compra y venta de bienes inmuebles y la administración del dinero u otros activos en nombre de un cliente, implementen un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Este sistema debe cumplir con unas mínimas exigencias, tales como desarrollar políticas y procedimientos de debida diligencia en el conocimiento del cliente y su beneficiario final.
En enero de este año, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP envió oficios a los estudios de abogados solicitando la designación de un oficial de cumplimiento en el Perú. Este tendrá –entre otras exigencias- la obligación de enviar un informe anual de cumplimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera. Así, también se exige tener un registro para operaciones, tales como la compra y venta de bienes inmuebles y la administración del dinero u otros activos.
En la actualidad, los estudios de abogados vienen siendo supervisados por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Superintendencia, ya que los Colegios de Abogados no cuentan todavía con los mecanismos ni directrices para hacerlo. Esto es así a pesar de que la exigencia está prevista en el reglamento de la Ley.
En este sentido, es importante que las firmas legales desarrollen procedimientos y políticas exigidas por la normatividad vigente. Además, es recomendable elaborar un manual de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como un código de conducta que rija en toda la firma, aunque no sea obligatorio.
Como compañías, es de vital importancia desarrollar nuestras actividades bajo una cultura empresarial de dedicación y profesionalismo. Es fundamental que promovamos que nuestro personal actúe siguiendo los más altos estándares de integridad personal y profesional en todas sus actividades, así como que observemos criterios éticos en la promoción de valores, cultura y modelo de gestión organizacional que fomente el respeto por las personas y sus derechos.
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