Chile apareció en el lugar 51º del Índice Global de Innovación 2025 (GII), recuperando el primer lugar en América Latina, aunque seguido inmediatamente por Brasil (52º), pero está en el puesto 44 entre los países de ingreso alto. A primera vista, es una buena noticia. Destacamos en insumos (inputs): la matrícula terciaria está entre las más altas del mundo (7.º), nuestros mercados son sofisticados (8.º) y la inversión extranjera fluye con fuerza (22.º). En otras palabras, tenemos los ingredientes para innovar.
Pero cuando se trata de resultados, la historia cambia radicalmente. Chile cae al 63.º lugar en outputs de conocimiento y tecnología. Estamos en el puesto 70 en patentes de origen, un pésimo desempeño para un país que se enorgullece de sus universidades y su base investigadora. En contraste, ocupamos el 40.º lugar en solicitudes PCT (internacionales), lo que demuestra que cuando hay buenas políticas, dan resultados. Esa brecha muestra que no existe una cultura de patentamiento local y que el sistema no logra transformar insumos en resultados.
El resto de los datos lo confirma: publicaciones científicas (42.º) aceptables, gasto en software (13.º) destacado, pero outputs creativos rezagados frente a Brasil y México. Y lo más grave: la sofisticación empresarial es débil (54.º), con co-publicaciones entre investigación e industria en un vergonzoso puesto 100.
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Todo esto es especialmente relevante para un debate actualmente en el Congreso. El mal desempeño en patentes y transferencia tecnológica que refleja el GII está directamente vinculado al proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica, que busca justamente impulsar startups, aumentar la transferencia y —si se corrige— mejorar el patentamiento.
Las patentes no son sólo un número en un ranking, son el puente entre conocimiento y economía, la prueba de que las ideas se transforman en tecnología y negocios. En Chile, gran parte de la investigación financiada con fondos públicos nunca se patenta: queda en el papel. Lo que necesitamos es una cadena de apropiación clara: si la institución, empresa o universidad que recibe financiamiento público no patenta, el derecho debe pasar al investigador o, en última instancia, a la agencia estatal que financió. En otras palabras, un sistema que asegure que las ideas con recursos públicos no se pierdan. Sin esto, el conocimiento seguirá guardado en los laboratorios en lugar de convertirse en startups, tecnologías y empleos.
La comunidad de I+D repite una y otra vez el mantra: “Chile solo invierte 0,41 % del PIB en I+D — debemos llegar al menos a 1 %.” Pero el GII muestra una verdad incómoda: meter más dinero en un saco roto no lo arreglará. Nuestro problema no es sólo falta de insumos, sino de una crónica incapacidad para transformarlos en resultados. Exigir más fondos sin reforma es como pedir un presupuesto más grande para seguir produciendo poco o nada.
Antes de gastar otro peso en I+D, Chile debe demostrar que puede cerrar la brecha entre insumos y resultados. Eso significa vincular el financiamiento público a resultados concretos, y esto son patentes, transferencia tecnológica y startups. La solución no son más insumos, sino políticas más inteligentes para cerrar la brecha. La Ley de Transferencia Tecnológica actualmente en el Congreso debe exigir que la investigación financiada con fondos públicos se traduzca en patentes, ya sea por el beneficiario o, de no hacerlo, por otro actor (investigadores, empleados). Así se asegurará que el conocimiento se capture y se proteja, generando un flujo de startups y oportunidades de licenciamiento.
Chile tiene estudiantes, mercados y capital. Lo que le falta es una cultura y un sistema que aseguren que las ideas se conviertan en propiedad intelectual y alimenten el emprendimiento. Hasta que no resolvamos eso, más dinero no nos salvará, sólo profundizará el problema y seguiremos siendo un líder regional ineficiente.
*Maximiliano Santa Cruz S. es socio de Santa Cruz IP y exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile.
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