Fecha de publicación: 01/05/2016
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Las empresas en Bolivia conocen la burocracia ¡y vaya que la conocen bien! Los columnistas de varios medios de comunicación llamaron al país el “infierno fiscal”, y probablemente con justos motivos. El reporte “Paying Taxes 2016”, preparado de manera conjunta por el Banco Mundial y PWC, señala que Bolivia es el último país del mundo en cuanto a facilidades para pagar impuestos, ya que las empresas bolivianas de tamaño mediano ocupan aproximadamente 1025 horas cada año en realizar esta tarea.
Pero el problema va más allá del tema fiscal. Bolivia también ha descendido en los últimos años en el ranking “Doing Business” preparado por el Banco Mundial, que es el ranking que analiza, además de las virtudes del sistema fiscal, la facilidad para constituir empresas y realizar negocios en los países. Actualmente Bolivia ocupa el puesto 157 de 189 economías analizadas, y de acuerdo con este análisis, resulta más fácil realizar emprendimientos en Bolivia que en países como Irak y Sudán, pero casi todos los vecinos latinoamericanos están muy por encima.
No se puede argumentar que la excesiva burocracia sea la única razón -ni la más importante- por la que las empresas se encuentren en una carrera cuesta arriba cuando realizan negocios en Bolivia, pero definitivamente forma parte fundamental del problema. Es lógico que el panorama sea tan desalentador, si se toma en cuenta la larga lista de entidades con las que las empresas deben interactuar constantemente para mantener su negocio en funcionamiento. Las empresas en Bolivia realizan trámites simultáneos en varios frentes: ante el Ministerio de Trabajo, ante el Registro de Comercio, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ante Aduana Nacional, ante las Administradoras de Fondos de Pensiones, ante la Caja de Salud y, si se realiza alguna actividad regulada, también las autoridades de fiscalización y control social juegan un importante rol.
Para enfrentar la burocracia excesiva, el 21 de enero de 2016 se promulgó la “Ley de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas”, que busca enfrentar el problema a través del uso de tecnología y recursos digitales. La ley todavía no ha entrado en vigencia plena, pero pronto lo hará.
En concreto, esta nueva ley pretende que las autoridades que interactúan con las empresas para su funcionamiento, trabajen con mayor coordinación entre ellas. La ley implementa un sistema virtual llamado “Yuriña”, donde se almacenará la información societaria provista por las empresas, y a la cual tendrán acceso inmediato todas las entidades que interactúan con ellas, como por ejemplo: el Registro de Comercio, el Servicio de Impuestos Nacionales, y el Ministerio de Trabajo. Después de almacenada la información que presenten las empresas, las demás entidades deberán utilizar esta plataforma virtual para acceder a la documentación y adelantar los trámites que correspondan, sin necesidad de que las empresas presenten los mismos documentos una y otra vez, como ocurre en el presente.
En segundo lugar, la ley crea la “Gaceta Electrónica del Registro de Comercio”, que reemplazará a la prensa escrita como medio de publicidad para los actos de comercio. Por tanto, algunos de los actos societarios que típicamente debían ser publicados en un periódico de circulación nacional (como, por ejemplo, las modificaciones a los estatutos de las empresas), deberán ser publicados en internet. Con ello, se pretende facilitar el manejo y cumplimiento de algunas obligaciones societarias.
Las consecuencias de esta ley son más profundas. La implementación de la Gaceta Electrónica ha hecho necesaria la modificación de 17 artículos del Código de Comercio de Bolivia de 1977 -que no había sufrido modificaciones desde que se publicó la Ley de Arbitraje de 1997-. Los detalles de la ley requieren análisis amplio y foros técnicos de debate, pero lo cierto es que esta ley parece ir en la dirección correcta. La eficiencia en la creación de empresas, y los incentivos al desarrollo empresarial, deben ser objeto de constante mejora.
No podemos pensar que un sistema virtual resolverá la situación de las empresas en Bolivia, cuando todavía deben enfrentarse a temas de fondo tan importantes como la seguridad jurídica, la corrupción, y los problemas del sistema judicial.
Adicionalmente, debe considerarse la forma en la que se aplicará la nueva ley. Tanto o más importante que la ley misma, será la reglamentación para su implementación, la cual debió ser aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en un plazo no mayor a 90 días, es decir, hasta el 20 de abril de 2016. Esta reglamentación todavía no ha sido publicada, y hasta que esto no suceda, la nueva ley no entrará en vigencia.
Más temprano que tarde, el nuevo sistema estará vigente, y las empresas (y los abogados que las asesoramos) comenzarán la ardua labor de adaptación. No considero que sea una labor vana, la desburocratización es apenas un pequeño paso, pero claramente uno importante en la dirección correcta.
Pero el problema va más allá del tema fiscal. Bolivia también ha descendido en los últimos años en el ranking “Doing Business” preparado por el Banco Mundial, que es el ranking que analiza, además de las virtudes del sistema fiscal, la facilidad para constituir empresas y realizar negocios en los países. Actualmente Bolivia ocupa el puesto 157 de 189 economías analizadas, y de acuerdo con este análisis, resulta más fácil realizar emprendimientos en Bolivia que en países como Irak y Sudán, pero casi todos los vecinos latinoamericanos están muy por encima.
No se puede argumentar que la excesiva burocracia sea la única razón -ni la más importante- por la que las empresas se encuentren en una carrera cuesta arriba cuando realizan negocios en Bolivia, pero definitivamente forma parte fundamental del problema. Es lógico que el panorama sea tan desalentador, si se toma en cuenta la larga lista de entidades con las que las empresas deben interactuar constantemente para mantener su negocio en funcionamiento. Las empresas en Bolivia realizan trámites simultáneos en varios frentes: ante el Ministerio de Trabajo, ante el Registro de Comercio, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ante Aduana Nacional, ante las Administradoras de Fondos de Pensiones, ante la Caja de Salud y, si se realiza alguna actividad regulada, también las autoridades de fiscalización y control social juegan un importante rol.
Para enfrentar la burocracia excesiva, el 21 de enero de 2016 se promulgó la “Ley de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas”, que busca enfrentar el problema a través del uso de tecnología y recursos digitales. La ley todavía no ha entrado en vigencia plena, pero pronto lo hará.
En concreto, esta nueva ley pretende que las autoridades que interactúan con las empresas para su funcionamiento, trabajen con mayor coordinación entre ellas. La ley implementa un sistema virtual llamado “Yuriña”, donde se almacenará la información societaria provista por las empresas, y a la cual tendrán acceso inmediato todas las entidades que interactúan con ellas, como por ejemplo: el Registro de Comercio, el Servicio de Impuestos Nacionales, y el Ministerio de Trabajo. Después de almacenada la información que presenten las empresas, las demás entidades deberán utilizar esta plataforma virtual para acceder a la documentación y adelantar los trámites que correspondan, sin necesidad de que las empresas presenten los mismos documentos una y otra vez, como ocurre en el presente.
En segundo lugar, la ley crea la “Gaceta Electrónica del Registro de Comercio”, que reemplazará a la prensa escrita como medio de publicidad para los actos de comercio. Por tanto, algunos de los actos societarios que típicamente debían ser publicados en un periódico de circulación nacional (como, por ejemplo, las modificaciones a los estatutos de las empresas), deberán ser publicados en internet. Con ello, se pretende facilitar el manejo y cumplimiento de algunas obligaciones societarias.
Las consecuencias de esta ley son más profundas. La implementación de la Gaceta Electrónica ha hecho necesaria la modificación de 17 artículos del Código de Comercio de Bolivia de 1977 -que no había sufrido modificaciones desde que se publicó la Ley de Arbitraje de 1997-. Los detalles de la ley requieren análisis amplio y foros técnicos de debate, pero lo cierto es que esta ley parece ir en la dirección correcta. La eficiencia en la creación de empresas, y los incentivos al desarrollo empresarial, deben ser objeto de constante mejora.
No podemos pensar que un sistema virtual resolverá la situación de las empresas en Bolivia, cuando todavía deben enfrentarse a temas de fondo tan importantes como la seguridad jurídica, la corrupción, y los problemas del sistema judicial.
Adicionalmente, debe considerarse la forma en la que se aplicará la nueva ley. Tanto o más importante que la ley misma, será la reglamentación para su implementación, la cual debió ser aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en un plazo no mayor a 90 días, es decir, hasta el 20 de abril de 2016. Esta reglamentación todavía no ha sido publicada, y hasta que esto no suceda, la nueva ley no entrará en vigencia.
Más temprano que tarde, el nuevo sistema estará vigente, y las empresas (y los abogados que las asesoramos) comenzarán la ardua labor de adaptación. No considero que sea una labor vana, la desburocratización es apenas un pequeño paso, pero claramente uno importante en la dirección correcta.
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