Desde el neolítico hasta nuestros días, la humanidad ha buscado afanosamente maneras para hacer posible el contacto entre personas a distancia mediante formas consensuadas de verificación de identidad. En la antigua Persia (450 A.C.), Nehemiah, un funcionario del Rey Aetaxerxes, solicitaba permiso para viajar a Judea. El Rey le entregó una carta dirigida “a los gobernantes de la provincia más allá del río”, pidiéndoles un salvoconducto para Nehemiah. Un milenio después, el origen de los escudos de armas de nobles medievales estuvo asociado a la necesidad de contar con un emblema distintivo que les permitiera circular mensajes en tiempos de guerra o paz con suficiente credibilidad como para comunicarse a distancia con otros nobles. Así lo afirma Valentin Groebner, autor del libro Who Are You? Identification, Deception and Surveillance in Early Modern Europe: “Los sellos y escudos de armas surgen con el aumento de la documentación escrita, desde el siglo XII en adelante, y se extendieron muy rápidamente de los nobles a las instituciones de la iglesia a las ciudades, los gremios y sus miembros".
El advenimiento de la revolución industrial multiplicó el número de transacciones, lo que hizo necesario el desarrollo de los documentos de identidad y limitar los fraudes. Las reformas de Napoleón introdujeron el primer antecedente de tarjeta de identidad (aunque limitada a obreros); este concepto fue ampliado por el Imperio Otomano que, en 1844, introdujo formalmente la primera versión de documento de identidad nacional. Estos documentos fueron incorporando progresivamente mejoras en la tecnología de identificación personal: primero los registros fotográficos y luego, en 1874, los registros dactilares.
En 1977, Estados Unidos comenzó a digitalizar los registros de papel, hecho que dio origen a la tarjeta inteligente (smart card) y, rápidamente, se empleó como tecnología subyacente a la tarjeta de identificación en países como Alemania, Singapur y España, permitiendo centralizar los servicios públicos. Esta tecnología fue mejorada con la incorporación de biometría avanzada a partir de 2004. La tecnología de identificación se ha perfeccionado para garantizar la confiabilidad en la identidad de la persona que actúa en las transacciones.
Más allá de la identidad personal, hasta ahora ha habido una dificultad intrínseca en asegurar la identidad respecto a la propiedad de los bienes y su capacidad para entregarlos a terceros; en estos casos, el derecho tradicionalmente había exigido la presencia de testigos para avalar la pertenencia. El sistema registral y notarial ha tenido su basamento en esta necesidad; en estos casos, la verificación la realiza un sujeto investido de autoridad delegada por el Estado. Para hacer la verificación, usualmente, se requería el acto presencial ante el funcionario, quien acreditaba la veracidad de lo acordado entre ellos.
El problema surge cuando la verificación es imposible, porque estos terceros tienen alguna dificultad práctica o porque la autoridad estatal se encuentra disminuida o es incapaz de hacer las verificaciones en tiempo efectivo.
Las situaciones que uno puede imaginar son diversas: desde la lentitud en la evaluación de procesos de revisión tecnológica para establecer la originalidad de una invención (demoras que en un país con recursos como los EE. UU. pueden ser de 22 meses), hasta la explosión de una pandemia como la del coronavirus, que hace cerrar la administración de servicios de registro (léase de verificación de propiedad) a una oficina de derechos de autor o equivalente.
Para casos como estos, el blockchain se está erigiendo como una forma de procurar garantizar la atribución de propiedad a un sujeto, mediante una tecnología que obliga a mantener la transparencia a todos los que actúan con ella. Blockchain es una arquitectura de transmisión de información digitalizada en red que transmite en bloques que se replican en cada nodo del sistema, de manera simultánea y de manera encadenada, de tal suerte que la nueva información incorporada en la red queda atada con la existente. Esto hace que la información cruzada sea inmutable, no susceptible a manipulación y registrada de modo permanente. Si alguien intenta modificar un bloque ya “cerrado” y “encadenado”, inmediatamente salta la alarma porque toda la cadena lo detecta.
Nuevos servicios están generando certificados o tokens que dan fe de que una información sobre la propiedad intelectual que un individuo reclama pasa si ha sido registrada en blockchain en tal o cual momento. Es la tecnología en este caso la que “da fe” de tal hecho, por la naturaleza misma del blockchain en la que dicha información ha sido registrada. Además, lo hace de manera encriptada, esto es, convirtiendo la información original en código alfanumérico que solamente puede ser “descubierto” por el genuino propietario.
Este tipo de registros es particularmente útil para el caso de derechos de autor, donde lo importante no es la evaluación de originalidad inventiva (como sucede en el caso de patentes) sino la atribución de autoría a un sujeto: una partitura musical, una fotografía creativa, un diseño peculiar, etc. Igualmente es útil para secretos comerciales como la fórmula de la Coca-Cola, prototipos, listas de clientes y otras que hasta ahora solo habían conocido la protección de una caja fuerte y de costosos abogados. Mediante blockchain las empresas pueden ahora proteger sus secretos encriptándolos y registrándolos en esa caja fuerte digital que es blockchain.
La reciente encuesta 2020 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey pone de manifiesto una vez más el espíritu conservador y cauteloso de la industria legal para incorporar tecnología en la prestación de sus servicios profesionales. Es probable que el COVID19 esté generando un cambio radical y permanente en esa cultura legal. Después de todo, ¿quién hubiera predicho hace menos de seis meses que nuestra forma de trabajar y vivir cambiaría para siempre? ¿Por qué no ha de suceder lo mismo con los servicios legales?
*Ignacio De León es CEO en IPPASSPORT
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