11/09/2026
Meta, el conglomerado de tecnología propietario de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, acaba de cerrar uno de los litigios más importantes de su historia por el impacto de sus plataformas en niños y adolescentes. El caso comenzó en 2023, cuando fiscales generales de distintas jurisdicciones estadounidenses acusaron a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para fomentar un uso compulsivo, exponer a menores a riesgos para su salud mental y vulnerar normas de privacidad infantil. El 26 de agosto de 2026, con el juicio en curso en California, Meta acordó pagar aproximadamente USD 18.000 millones y aplicar nuevas medidas de protección para menores. El acuerdo, alcanzado con 52 fiscales generales de Estados Unidos, fue aprobado ese mismo día por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.
Entre las medidas figuran un límite diario de dos horas para menores de 18 años, bloqueo nocturno entre la medianoche y las 6 a. m., restricciones de notificaciones durante el horario escolar, mayores controles parentales y mecanismos de verificación de edad. El acuerdo también comprende la supervisión independiente durante cinco años. Una parte de los recursos se destinará a programas de seguridad digital y salud mental, mientras que otro tramo queda sujeto a que plataformas como TikTok y YouTube adopten medidas similares.
El caso recuerda al litigio contra las tabacaleras estadounidenses que derivó en el Master Settlement Agreement de 1998. Aquel acuerdo tampoco estableció una regulación mundial, pero sus efectos trascendieron las fronteras de Estados Unidos, entre otras razones por la divulgación de documentos internos de la industria que contribuyeron al debate y a las políticas de control del tabaco en otros países. La comparación con Meta apunta a lo mismo: medidas surgidas de litigios en Estados Unidos pueden convertirse en referentes para otros mercados.
En América Latina, la pregunta es inevitable: ¿las medidas que Meta acepta en Estados Unidos podrían elevar el estándar de protección de menores en la región?
México: el precedente que puede acelerar el debate
México enfrenta un escenario en el que la protección de menores en entornos digitales ya forma parte de la agenda legislativa y regulatoria en el país. El debate se desarrolla en un contexto marcado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada el 20 de marzo de 2025 y cuyo reglamento aún está pendiente, así como por al menos dos iniciativas legislativas sobre el acceso de menores a redes sociales.
Aunque el acuerdo de Meta no genera efectos jurídicos directos en México, sus medidas pueden aportar nuevos elementos a una discusión que continúa abierta en torno a la protección de datos, la verificación de edad y la responsabilidad sobre el diseño de las plataformas.
Abraham Díaz Arceo, socio de OLIVARES, señala que el acuerdo refleja una tendencia regulatoria regional que empieza a poner el foco no solo en los contenidos publicados por los usuarios, sino también en la arquitectura y el diseño de las plataformas.
En México, esta discusión ya se observa en una iniciativa presentada el 11 de febrero de 2026 ante la Cámara de Diputados, que propone reformar la LFPDPPP y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fijar en quince años la edad mínima para acceder a redes sociales y exigir la verificación de edad antes del registro.
"Los límites de uso, las restricciones de notificaciones, los controles parentales, la privacidad por defecto y las modificaciones a funcionalidades que pueden fomentar patrones de uso compulsivo reflejan una tendencia a considerar que las plataformas no son completamente neutrales frente a los riesgos generados por sus productos. Esto puede llevar a los reguladores latinoamericanos a examinar no solamente si una plataforma cuenta con un aviso de privacidad y obtiene formalmente el consentimiento de sus usuarios, sino también si sus algoritmos, configuraciones predeterminadas y herramientas de interacción fueron diseñados tomando en consideración los riesgos particulares para los menores”, explica.
Asimismo, Díaz Arceo conecta el debate legislativo con un episodio político reciente. El 17 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta nacional a docentes sobre el uso de celulares en las escuelas, como parte de una discusión más amplia sobre el uso de las plataformas digitales y redes sociales por menores, incluyendo el funcionamiento de los algoritmos y el denominado scrolling infinito.
"No existe una relación jurídica directa entre el acuerdo estadounidense, las iniciativas mexicanas y la consulta anunciada por la presidenta. No obstante, su coincidencia revela una tendencia regulatoria claramente identificable: la preocupación por los efectos que el uso intensivo de plataformas y dispositivos digitales puede tener en el desarrollo, la privacidad, la salud mental y el entorno educativo de los menores”, señala el abogado.
De igual modo, Isabel Ortiz Monasterio Borbolla, asociada senior de Ritch, Mueller y Nicolau, S.C., subraya que el acuerdo puede ser catalizador de una discusión regulatoria que ya estaba en marcha, reforzada además por la actualización de mayo de 2026 de los Estándares Iberoamericanos de Protección de Datos Personales.
Monasterio advierte, además, sobre el riesgo de que la verificación de edad se convierta en una nueva fuente de exposición si las plataformas recurren de manera generalizada a documentos de identidad o datos biométricos, y plantea un matiz que las otras voces mexicanas retoman de distintas formas, como los controles parentales que no deberían sustituir la autonomía progresiva de los adolescentes.
"El concepto de autonomía progresiva, también incorporado en los nuevos Estándares Iberoamericanos, reconoce que los adolescentes deben contar con herramientas adecuadas para gestionar su propia experiencia digital, incluyendo la posibilidad de bloquear usuarios, controlar interacciones y administrar determinadas configuraciones de privacidad. Los controles parentales deberían complementar, y no sustituir, estas medidas”, comenta.
Por su lado, Emilio Carrillo Peñafiel, socio de Pérez Correa González Asociados, pone el foco en las posibles consecuencias legales. Entre las nuevas obligaciones que podrían ganar terreno identifica:
- Consentimiento parental verificable, en sustitución de la casilla que actualmente nadie comprueba.
- Verificación o estimación de edad al momento de abrir una cuenta.
- Configuraciones restrictivas por defecto para los perfiles de menores, incluida la publicidad personalizada.
- Deber de documentar cómo se evaluaron y mitigaron los riesgos asociados al diseño de la plataforma.
"Lo que subestimamos casi todos los abogados es la responsabilidad civil por daño moral que no requiere una ley específica aplicable a redes sociales, y el interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional que cualquier juez puede aplicar directamente. Basta un amparo bien armado o una acción colectiva para abrir la puerta. El otro frente es probatorio y nace precisamente del acuerdo estadounidense: la plataforma que aplicó la verificación de edad y límites de uso en otro mercado y no los replicó en México ya no puede alegar imposibilidad técnica. Sabía cómo hacerlo, sabía que reducía el daño, y eligió no hacerlo en este territorio. Ese expediente se anexa a una demanda mexicana con dos clics”, opina.
En opinión de Ricardo Chacón, socio director de ECIJA México, aunque las resoluciones del CADE no son vinculantes en México, sí pueden influir en el debate sobre la competencia en la región. Para el analista, un caso sobre el uso de contenido periodístico y de IA podría ser considerado por reguladores, legisladores y abogados latinoamericanos.
"Además, México vive un momento especialmente sensible ya que, con la reforma de 2025, COFECE se transforma en la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, con un discurso de mayor rigor sancionador y atención a los mercados digitales. Que un caso previo se haya cerrado no anticipa la postura de la nueva autoridad, sobre todo frente a una teoría, la del uso de contenido y de IA, que en México aún no se ha examinado a fondo. Para una empresa tecnológica, la lectura práctica es prudencial entendiendo que conviene anticipar un escrutinio de tipo explotativo, documentar el intercambio de valor con los generadores de contenido y seguir de cerca la intersección con los debates de derechos de autor y de entrenamiento de IA. Brasil no obliga, pero sí ilustra hacia dónde puede moverse la conversación", agrega.
En esa línea, el socio de OLIVARES remarca que las empresas no esperen a que las iniciativas legislativas se conviertan en normas para revisar sus productos. En ese sentido, recomienda que el primer paso sería identificar si sus servicios son utilizados por menores, incluso cuando no sean su público objetivo, y evaluar si sus mecanismos de declaración o verificación de edad son efectivos, proporcionales y respetuosos de la privacidad.
La revisión, precisa el abogado, debería abarcar también las configuraciones de seguridad y privacidad por defecto, los controles parentales, los sistemas de recomendación, las notificaciones, la reproducción automática, el scrolling infinito y la publicidad personalizada.
“Las empresas deberían documentar desde ahora sus evaluaciones de riesgo y las razones que sustentan sus decisiones de diseño. En la coyuntura actual, privacidad, seguridad infantil y diseño de producto ya no pueden tratarse como materias separadas. Una empresa no sólo tendrá que afirmar que protege a los menores; deberá estar en condiciones de demostrar que identificó los riesgos previsibles, adoptó medidas proporcionales para reducirlos y evitó que los datos recabados con fines de protección fueran reutilizados comercialmente”, sugiere.
Propiedad intelectual e inteligencia artificial: qué cambia con las nuevas reglas en México y Perú
Chile: privacidad por diseño frente a la nueva Ley 21.719
Chile se prepara para la aplicación de la Ley 21.719, que crea una nueva Agencia de Protección de Datos Personales y establece reglas específicas para el tratamiento de información de niños, niñas y adolescentes (NNA), a quienes reconoce como una categoría especial de titulares.
Juan Pablo González, director de Nuevas Tecnologías e IA de az, plantea que uno de los cambios que deberán considerar las plataformas será incorporar la protección de datos desde el diseño de sus productos y servicios.
El especialista destaca que el enfoque de privacidad por diseño y defecto es uno de los deberes que tienen aquellas organizaciones que son responsables en el tratamiento de datos, y será clave para abordar el diseño de productos, especialmente aplicaciones u otras plataformas digitales.
“Además, en ese análisis, que no se limitará a tener una política de privacidad, se deberá realizar una revisión de las medidas adecuadas acorde al tipo de dato personal que es capturado, tomando en cuenta, por ejemplo, elementos como el estado de la técnica, los costos de implementación; naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento; así como los riesgos asociados, por lo que el tratamiento entre áreas será clave”, puntualiza.
González dice que, en el tratamiento de datos de NNA, debe primar el interés superior del menor, junto con el reconocimiento de su autonomía progresiva. En la práctica, esto exigiría que las plataformas cuenten con mecanismos técnicos para restringir el acceso cuando no exista consentimiento parental, además de controles y auditorías internas que permitan verificar su funcionamiento.
“Un enfoque de gestión de riesgos proactivo que, mediante medidas técnicas, pueda establecer restricciones para el acceso a estas plataformas, especialmente, en el caso de niños, niñas o adolescentes que no cuenten con el consentimiento de los padres o representantes legales, así como auditorías internas que permitan detectar situaciones en que participen estos titulares, sin las respectivas autorizaciones. Esto será importante para acreditar la debida diligencia de aquellos que administren las plataformas digitales”, manifiesta.
Brasil: una regulación que anticipa las medidas de Meta
A diferencia de otros mercados de la región, Brasil ya cuenta con un marco específico para la protección de menores en el entorno digital. El ECA Digital (por sus siglas en portugués The Brazil Estatuto da Criança e do Adolescente Digital), reglamentada por el Decreto nº 12.880/2026, establece obligaciones sobre verificación de edad, supervisión parental y configuraciones protectoras, por lo que el acuerdo de Meta adquiere especial relevancia como una referencia práctica de las medidas que las plataformas pueden implementar.
En este contexto, Leonardo Braga Moura, socio del área de Derecho Digital de Silveiro Advogados, sostiene que, aunque el acuerdo de Meta no tiene efectos normativos en Brasil, sí podría adquirir un peso probatorio y referencial relevante, al coincidir en buena medida con las exigencias que ya establece la legislación brasileña.
"Existe, por tanto, una clara convergencia material, aunque los instrumentos jurídicos sean distintos. El acuerdo estadounidense constituye una respuesta ex post y específica para Meta. Brasil ha optado por un régimen legal ex ante, preventivo y de alcance general”, diferencia.
El abogado brasileño menciona que adecuarse al ECA Digital no implica solo modificar políticas de privacidad, sino también introducir cambios en producto, tecnología y gobernanza.
Además, una edad mínima declarada en los términos de uso no exime a una plataforma cuando existe una probabilidad relevante de acceso de menores. Como ejemplo, cita la reciente actuación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) respecto de TikTok. En agosto, el organismo multó con R$ 153,7 millones (cerca de US$30.2 millones) a ByteDance, matriz de TikTok, por fallas en la protección de datos de niños y adolescentes y le exigió un plan de cumplimiento.
“A todo ello se suma una dimensión de gobernanza y rendición de cuentas que, a mi juicio, será determinante. Las empresas tendrán que identificar riesgos, evaluar alternativas de diseño, probar la eficacia de las medidas adoptadas y conservar evidencia de sus decisiones. No será suficiente acreditar la existencia de una política interna, será necesario justificar por qué una determinada solución se consideró adecuada y proporcionada frente a riesgos conocidos o razonablemente previsibles”, añade.
El experto identifica que la IA añade complejidad porque permite a las plataformas predecir y adaptar contenidos según el comportamiento de cada usuario.
"Por ello, la cuestión jurídica ya no será únicamente qué datos se utilizan, sino también qué inferencias se extraen, qué decisiones se toman a partir de ellas y qué efectos producen sobre una persona en desarrollo”, concluye.
Brasil y la Unión Europea firman acuerdo sobre protección de datos, un impulso para la inversión
Argentina: el acuerdo como referencia para una reforma
Actualmente, Argentina revisa su marco de protección de datos personales, mientras en el Congreso avanzan distintos proyectos sobre el acceso de menores a redes sociales, la verificación de edad y la protección de niños y adolescentes en entornos digitales. En ese sentido, es inevitable que las medidas adoptadas por Meta abran una discusión sobre los mecanismos de control y supervisión que podrían ganar espacio en el mercado argentino.
María Luz Nuñez, asociada senior de Mitrani Caballero y especialista en propiedad intelectual y protección de datos personales, hace énfasis en el alcance del acuerdo. La abogada considera difícil que sus efectos queden circunscritos a ese mercado, sobre todo porque las plataformas operan con productos y sistemas tecnológicos de alcance global.
"Desde una perspectiva argentina, lo más significativo de este acuerdo es que demuestra, con la aceptación de la propia empresa, que estas medidas de protección son técnicamente viables y operativamente razonables. El acuerdo incluye una cláusula de limitación jurisdiccional que establece expresamente que no puede ser invocado como estándar de cuidado ni como precedente en jurisdicciones no participantes. Sin embargo, en la práctica, su efecto gravitacional es innegable: resulta difícil imaginar que Meta mantenga versiones sustancialmente distintas de sus plataformas para cada mercado, y el costo reputacional de ofrecer menos protecciones en América Latina que en Estados Unidos sería considerable”, justifica.
El debate coincide con la revisión de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, vigente desde hace más de 25 años, y con una iniciativa que plantea crear la categoría de Servicios Digitales de Interacción Social (SDIS). El proyecto establece en 16 años la edad mínima para acceder a estos servicios sin asistencia y contempla restricciones al perfilamiento comercial y a la publicidad dirigida a menores.
Nuñez también destaca el esquema de auditoría independiente del acuerdo, que incluye acceso a información interna, métricas de cumplimiento, informes periódicos y medidas correctivas. Y considera que este modelo podría servir de referencia para la AAIP y el Congreso al definir mecanismos de fiscalización.
"El radar regulatorio no debería detenerse solo en la empresa Meta. El propio acuerdo identifica a TikTok (ByteDance), YouTube (Alphabet/Google) y Snapchat (Snap Inc.) como Core Industry Members del ecosistema de redes sociales para adolescentes, y condiciona buena parte del monto total (aproximadamente USD 5.300 millones) a que esas plataformas adopten medidas equivalentes", indica.
En este escenario, la abogada recuerda que Meta fue más allá del texto del acuerdo y publicó una carta abierta dirigida a TikTok y YouTube instándolas a sumarse al nuevo estándar.
"Las tres operan masivamente en Argentina, tienen altísima penetración entre adolescentes y presentan patrones de diseño orientados a la retención de usuarios, similares a los que fueron objeto de cuestionamiento en el caso de Meta”, aclara.
Pero el proyecto de ley argentino sobre SDIS define su ámbito de aplicación de forma más amplia que el acuerdo estadounidense, sin las exclusiones que este prevé para gaming, mensajería directa o inteligencia artificial.
"Plataformas como X, que mantiene una base de usuarios menores y recopila datos personales sujetos a la Ley 25.326, quedarían comprendidas sin dificultad. Lo mismo ocurriría con servicios como Discord y Twitch, que combinan funciones de streaming, comunidades y mensajería con un perfil demográfico fuertemente juvenil", apunta.
Roblox y otras plataformas de gaming con componentes sociales robustos, que el acuerdo de Meta excluye, también podrían quedar alcanzadas por la norma argentina si esta no incorpora las mismas excepciones. A su vez, Nuñez detalla que los chatbots y asistentes de inteligencia artificial que interactúan con menores constituyen otra área de creciente preocupación regulatoria a nivel global.
El nuevo foco está en el diseño
El acuerdo de Meta no traslada automáticamente sus obligaciones a América Latina, pero sí deja una pregunta abierta para los mercados que están revisando sus reglas: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de una plataforma cuando los riesgos para los menores también están vinculados con la forma en que funciona su producto?
La protección de niños y adolescentes empieza a discutirse no solo desde la privacidad o los contenidos, sino también desde las decisiones técnicas y comerciales que determinan cómo se relacionan los usuarios con una plataforma.
Add new comment