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Bolivia enfrenta una demanda por expropiación de bienes cuyos daños ascienden a 778,2 millones de dólares / Bigstock
Bolivia enfrenta una demanda por expropiación de bienes cuyos daños ascienden a 778,2 millones de dólares / Bigstock

Tribunal niega aplazar arbitraje entre Bolivia y Glencore por el COVID-19

La demandada asegura que el coronavirus ha obstaculizado el proceso
por Ingrid Rojas
publicado el08/06/2020
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La Corte Permanente de Arbitraje descartó la suspensión del procedimiento iniciado en 2016 contra Bolivia por la minera Glencore Finance (Bermuda). El país había argumentado en abril que tenía dificultades para preparar el escrito de dúplica en relación con la cuantía por la cuarentena impuesta por el COVID-19.

El 5 de mayo la Corte decidió que no existe base suficiente para suspender el procedimiento, aunque manifestó estar consciente de los efectos de la crisis sanitaria global. Es por eso que otorgó a Bolivia un plazo de hasta dos semanas más de lo previsto originalmente que venció el 5 de junio. También acordó que Bolivia podrá, previa autorización, introducir en el expediente cualquier documento o información adicional que no hubiera podido obtener con anterioridad como resultado de la pandemia de COVID-19.

En este proceso, Freshfields Bruckhaus Deringer – Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York) y FERRERE (Bolivia y Ecuador) asesoraron a Glencore Finance (Bermuda) como demandante.

Dechert (Francia y Estados Unidos) y abogados de la Procuraduría General del Estado, de la Presidencia de la República y de la Corporación Minera Boliviana asistieron al Estado Plurinacional de Bolivia como demandado.

El caso de Glencore

Bolivia enfrenta una demanda por expropiación de bienes, en 2007 y 2012, de Glencore cuyos daños ascienden a 778,2 millones de dólares.

La prórroga solicitada el 23 de abril es la segunda en menos de dos meses. El 6 de marzo, el país solicitó una extensión hasta el 1 de junio, pero solo se le concedió prórroga hasta el 18 de mayo, para evitar retrasos y costos.

En esta ocasión, y amparada en el debido proceso, solicitó una ampliación adicional de ocho semanas, hasta el 13 de julio, ante la imposibilidad de preparar el documento en respuesta a la réplica presentada el 22 de enero por Glencore en relación con la cuantía. El Gobierno, que declaró cuarentena total desde el 21 de marzo, aseguró que el coronavirus le impidió reunir medios de prueba para preparar el escrito de dúplica y cumplir con el plazo establecido. 

Según Bolivia, parte de los documentos necesarios para ser usados como medios de prueba están disponibles solamente en copias impresas y, en vista de la cuarentena, no se ha podido acceder a ellos ni intercambiarlos, aparte de que limitaciones en la infraestructura de telecomunicaciones en ciertas partes del país le han impedido contactar al personal especializado en el caso.

Casi cuatro años en disputa

La demanda iniciada por Glencore Finance (Bermuda) se fundamenta en el Convenio entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Bolivia sobre el Fomento y la Protección de Inversiones de Capital, vigente desde febrero de 1990.

La empresa espera ser indemnizada por la pérdida de sus inversiones en Compañía Minera Colquiri, que era titular del derecho exclusivo de explotar la mina de estaño del mismo nombre, considerada la segunda más importante de Bolivia y una importante fuente de zinc. El reclamo también incluye una fundición de antimonio no productiva y 161 toneladas de concentrados de estaño que tenía almacenados. Además, la empresa contaba con una participación accionaria indirecta de 100 % en Vinto, titular de la fundición de estaño más importante de Bolivia.

En enero de 2020, Glencore presentó una réplica relativa a la cuantía y dijo que la reparación de daños debe incluir pérdidas por 439,6 millones de dólares e intereses por 338,6 millones de dólares, para un total de 778,2 millones de dólares. El monto supera los 675,7 millones de dólares que exigió la empresa al iniciar el arbitraje en 2016.

 


Asesores legales

Asesores de Glencore Finance (Bermuda) Ltd.:

  • Freshfields Bruckhaus Deringer – Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Nigel Blackaby y Noiana Marigo. Consejero especial Thomas Walsh. Consejera Natalia Zibibbo. Asociados Paula Henin, Santiago Gatica y Diego Rueda.
  • FERRERE – Bolivia (Santa Cruz y La Paz): Socios Linday Sykes y Pablo Ordoñez. Consejera externa Bernarda Flores Ivanovic.
  • FERRERE – Ecuador (Quito): Socio Javier Robalino Orellana.

Asesores de Estado Plurinacional de Bolivia:

  • Abogados in-house: José María Cabrera Dalence, Alejandro Roda Rojas, Marco Antonio Ergueta Flores, José Ariel Aguilar Aguilar y Sergio Rodrigo Mendoza García.
  • Dechert – Francia (París): Socios Eduardo Silva Romero y José-Manuel García Represa.
  • Dechert – Estados Unidos (Washington, D.C.): Consejero legal especial Juan Felipe Marizalde.

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