En la veintena de reformas aprobadas en una jornada maratónica y con un quórum esencialmente oficialista, los cambios respecto de la Ley General del Turismo y la Ley Federal de Derechos son los de mayor alcance a otros marcos normativos y ruido político.
#ÚltimaHora Con 256 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones, el Pleno aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo. pic.twitter.com/Xw7uu2sjPw
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 26, 2023
Las modificaciones facilitan la vinculación del Ejército mexicano con importantes obras o centros relacionados al turismo y al transporte.
Bajo el esquema legislativo propuesto -que incluye también la reforma de la Ley Federal de Entidades Paraestatales- la institución militar se encargaría de la administración del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la nueva aerolínea estatal.
Sobre esta última, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha adelantado que la aerolínea llevará el nombre de Mexicana, en alusión a la compañía aérea estatal declarada en quiebra en 2010.
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¿En qué consiste el esquema?
Bajo el halo del ‘fast track’ y la defensa de la diputada de Morena, Alejandra Pani Barragán, el dictamen entorno a la Ley General del Turismo establece que el 80 % de lo recaudado por la tasa de un nuevo documento migratorio será destinado a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Concretamente, se destinará a un fideicomiso público federal del cual una paraestatal, adscrita a Sedena, podrá obtener fondos para la administración del Tren Maya.
Por el momento, la mejor candidata es Olmeca-Maya-Mexica, Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios auxiliares, actualmente administrado por Sedena.
El documento migratorio, del cual se generará la recaudación, se trata de la solicitud realizada por “Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas", que deberán obtener las personas que lleguen por mar, tierra o aire. Los recursos recaudados por este medio, hasta ahora, se destinan al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Esto cambiaría concretamente por la reforma hecha a la Ley Federal de Derechos.
En este panorama de cambios, la transferencia de administración del Tren Maya al Ejército se aseguró mediante la modificación de otro cuerpo normativo, la reforma de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, aprobada por el Senado en la misma jornada. Concretamente, se votó a favor de la modificación del artículo 59, asignando las vías férreas de forma permanente al Estado.
Otras modificaciones que favorecen al Ejército son las relacionadas a la militarización del espacio aéreo. Esto incluye un marco de reformas secundarias aplicadas a las siguientes normativas: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Aeropuerto y la Ley de Aviación Civil.
Las acciones quedan bajo la coordinación de Sedena.
En este contexto, el Senado también aprobó que el AIFA y, la que sería la nueva aerolínea estatal, Mexicana, estén bajo la administración de la Sedena.
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Impugnación a la vista
Los legisladores de oposición, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN), han enfocado buena parte de sus esfuerzos en criticar y deslegitimar el paquete de reformas aprobado. La denuncia es contra Morena:
“Morena, solo en un rincón, le quitó a Fonatur el 80% de los recursos que se reciben por parte del turismo extranjero. 19.200 millones de pesos (más de 1 millón de dólares) para destinarlo a los caprichos presidenciales. Cuando te des cuenta de que se dejó de apoyar a proyectos turísticos tan necesarios para el desarrollo del país, acuérdate: fue Morena”, destacaron en un hilo vía Twitter.
Morena. Solo en un rincón, le quitó a FONATUR el 80% de los recursos que se reciben por parte del turismo extranjero.
— Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) April 29, 2023
19,200 millones para destinarlo a los caprichos presidenciales.
Aunque no hay designios de una tramitación oficial, el partido opositor asegura que iniciará un proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El PAN promete arremeter contra algunos de los dictámenes, calificando a la sesión de inconstitucional al haber aprobado un paquete tan extenso en poco tiempo, sin la asistencia legislativa correspondiente. Este y otros aspectos quedarían a la revisión de la SCJN, entidad que tendría que dar análisis a los vacíos y áreas grises del Reglamento Interno del Senado.
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