05/02/2026
En junio de 2017, un incendio consumió la galería Nicolini, ubicada en la zona comercial de Las Malvinas, en Lima. Posteriormente, se conoció que dos jóvenes trabajadores permanecían encerrados con candado dentro de un contenedor metálico en la azotea del edificio y fallecieron al no poder escapar del fuego. El caso llevó a la investigación por los delitos de explotación laboral y trabajo forzoso en un contexto de informalidad comercial.
Según Carla Benedetti, socia del área laboral del estudio Benites, Vargas & Ugaz, la sentencia es histórica, pues marca un cambio en la forma en que el sistema judicial interpreta las condiciones laborales en entornos informales, al vincular prácticas extremas con figuras como explotación laboral, trabajo forzoso y esclavitud moderna.
La abogada señala que los hechos acreditados por la sala penal evidencian condiciones incompatibles con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo: los trabajadores prestaban servicios en un contenedor sin ventilación, sin servicios higiénicos, sin medidas de seguridad y rodeados de material inflamable. Además, no podían abandonar el lugar debido a que la puerta se mantenía cerrada con candado. Tras iniciarse el incendio, no pudieron evacuar y fallecieron.
A partir de estos elementos, la sentencia delimita los conceptos de explotación laboral, trabajo forzoso y esclavitud moderna, lo que, según Benedetti, implica una evolución en la interpretación judicial de los derechos laborales en contextos de alta informalidad.
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Seguridad y salud en el trabajo: alcance del deber de prevención
Desde la perspectiva laboral, el caso evidencia el alcance del deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). Benedetti explica que toda persona o empresa que se beneficia de la prestación de servicios de un trabajador debe identificar los riesgos previsibles y adoptar medidas para prevenirlos o mitigarlos.
La sentencia desarrolla el concepto de indiferencia temeraria, entendido como la conducta de quien, pese a conocer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, permite que continúen laborando en condiciones peligrosas. Esta omisión, señala, incide directamente en la vulneración del derecho a la seguridad y salud en el trabajo.
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Diferencia entre mala práctica y explotación laboral
Uno de los criterios centrales del fallo es la distinción entre una mala práctica laboral, que puede generar consecuencias administrativas o económicas, y un escenario de explotación laboral. Para Benedetti, el elemento clave es la supresión de la autonomía del trabajador.
En el caso Nicolini, los trabajadores no podían retirarse libremente del centro de trabajo, incluso ante un peligro inminente. La sentencia también aborda la cosificación del trabajador, al evidenciar que fue colocado en un espacio sin condiciones mínimas de seguridad, afectando su dignidad.
Además, se acreditó que estas prácticas no eran aisladas, sino parte de una conducta reiterada del empleador respecto de otros trabajadores.
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Fiscalización y debilidades estructurales
El caso también puso en evidencia limitaciones en los mecanismos de supervisión estatal. Benedetti identifica una falta de coordinación entre las autoridades municipales y los sistemas de fiscalización laboral, que suelen activarse principalmente a partir de denuncias de los propios trabajadores.
En contextos de informalidad, la ausencia de denuncias restringe la capacidad de las autoridades para detectar condiciones laborales precarias y actuar de manera preventiva.
Riesgos legales para empleadores
Desde la óptica del riesgo legal, Benedetti advierte que los empleadores que no controlan las condiciones reales de prestación de servicios pueden enfrentar diversas contingencias: multas impuestas por Sunafil, que pueden calcularse en función del total de la planilla en casos de fallecimiento, demandas por indemnización por daños y perjuicios y responsabilidad penal para quienes tienen la obligación legal de garantizar estándares de seguridad y salud en el trabajo.
Implicancias para las empresas
Para Benedetti, el caso Nicolini refuerza la necesidad de que las empresas no solo implementen sistemas formales de seguridad y salud en el trabajo, sino que verifiquen de manera efectiva las condiciones en todos los espacios donde se desarrollan labores.
Esta responsabilidad se extiende a la cadena de contratación y a los trabajadores de terceros que operan dentro de sus instalaciones, dado que la normativa en SST impone obligaciones a quienes albergan personal, incluso cuando pertenecen a otras empresas.
El caso Nicolini se consolida así como un referente para la discusión sobre prevención, fiscalización y responsabilidad en el ámbito laboral peruano, en un contexto donde la informalidad sigue siendo un factor estructural.
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