La presentación del proyecto de reforma de pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Comisión del Ejecutivo en el Congreso se suma al debate sobre el futuro del Sistema Previsional de Pensiones en Perú. A la fecha están en trámite las propuestas de Podemos Perú —retirar hasta 4 UIT, equivalente a 5.247 dólares— y Perú Bicentenario —retirar hasta 3 UIT, equivalente a 3.935 dólares— que contemplan una séptima liberación de fondos.
A largo plazo, estas iniciativas resultan -en palabras del presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondo de Pensiones (FIAP), Guillermo Arthur- en una forma de evitar una reforma.
“No se podrá transformar algo que previamente se destruye con más salidas de dinero”, dijo a la prensa local a inicios de mes.
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Alex Contreras, titular de Economía, reforzó este mensaje hace apenas unos días a través de la prensa local.
“Ninguna institución, como la SBS, BCRP, el fondo monetario, ha recomendado el retiro de los fondos. El retiro tiene un impacto negativo de corto y largo plazo”.
En febrero, cuando se producía la presentación de motivos por parte de los congresistas Digna Calle (Podemos Perú) y Víctor Cutipa (Perú Bicentenario), Contreras apelaba a la fragilidad en la que se colocaba el mercado de inversiones y advertía que emitirían un informe de riesgo y otro sobre los potenciales costos que generaría al Estado proceder con el retiro.
“Una preocupación constante de los inversionistas es la posibilidad de nuevos retiros de las AFP, ya que cuando un inversor quiere vender un bono, el comprador natural son los fondos de pensiones. Entonces los retiros adicionales a los fondos provisionales le quitan liquidez al mercado”, aseguró en ese entonces.
Pero, ¿qué plantea el proyecto del MEF?
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Pensión mínima y financiamiento parcial del Estado
El MEF contempla la convivencia del sistema privado —Administradoras de Fondo de Pensiones, AFP— y el público —Oficina de Normalización Previsional, ONP—, considerando ajustes estructurales que impliquen administrativa y ejecutivamente al Estado. En el proyecto se contempla que sea el Estado uno de los principales administradores de los fondos provisionales, considerando para ello la unificación de regímenes de pensiones.
Sobre esto último, el proyecto establece la figura de la pensión mínima para ambos sistemas, con miras a subsanar el hecho de que una parte de la población quede sin pensión por distintas razones. Esta propuesta tiene el respaldo de la SBS, el Banco Central e, incluso, la misma Asociación de AFP.
También se contempla el financiamiento parcial de la pensión por parte del Estado, bajo el esquema de la pensión mínima. De acuerdo con Juan Pichihua, viceministro del MEF, la otra parte podría ser asumida a través de “algún mecanismo de participación interna”.
La reforma del Ejecutivo involucra también al programa de pensión no contributiva Pensión 65, planteando la ampliación de su cobertura de pobreza extrema al segmento que se encuentre en situación de pobreza. Este cambio sería de aplicación gradual en un periodo de 10 años.
Luego de su ingreso a la Comisión del Ejecutivo en el Congreso, es turno del Banco Central y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de emitir su opinión.
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Actualmente, las pensiones de la ONP oscilan entre 132 y 236 dólares para aquellos que hayan aportado al menos durante 20 años. Esto supone recibir mensualmente un 40 % a 86 % de la remuneración mínima vital (RMV), que hoy asciende a 274 dólares. En caso de que los aportes hayan sido realizados por menor tiempo, 10 o 15 años, la pensión se reduce en una cuarta parte del monto señalado.
En el caso de las AFP, solo aquellas personas que han logrado reunir un fondo de 47.707 dólares podrán recibir una pensión casi equivalente a la remuneración mínima vital.
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