Reforma electoral: Senado aprueba el Plan B de AMLO

Es el segundo intento de una reforma electoral, luego de que la Cámara de Diputados desestimó la iniciativa a nivel constitucional. / Gobierno de México.
Es el segundo intento de una reforma electoral, luego de que la Cámara de Diputados desestimó la iniciativa a nivel constitucional. / Gobierno de México.
El proceso lleva consigo reclamos de inconstitucionalidad y un pedido de impugnación al haber sido aprobado por fast track en la Comisión de Gobierno.
Fecha de publicación: 15/12/2022

El llamado 'Plan B' de Andrés Manuel López Obrador consiguió ser aprobado en la fecha límite del periodo legislativo, en la madrugada de este jueves. Con un Senado dividido, aunque favorable en votos a la iniciativa de López Obrador (69 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones) pasó de manera general.

Esta reforma electoral plantea los reordenamientos administrativos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De no haber concluido el proceso en esa fecha, podría haberse extendido hacia fines de enero de 2023, cuando se reanudan las actividades legislativas. 

 

 

Desde una coalición denominada Juntos hacemos historia —integrada, entre otros, por los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Solidario (PES)— se ratificó como objetivo el optimizar el modelo electoral mexicano a partir de la disminución del gasto público del INE, sin que ello implique mermar su capacidad operativa. 

Con excepción del legislador Ricardo Monreal (Morena), el resto de integrantes de la coalición, aunque críticos con la propuesta, votaron a favor de ella. La oposición -integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC)- votó en contra.

Ya el 13 de diciembre los coordinadores de estos grupos parlamentarios impugnaron ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, la aprobación del Plan B en la Comisión de Gobernación, estancia previa al Senado, que según denunciaron, no contaba con el quórum necesario, dándole fast track al proyecto.  

La reforma electoral o el llamado Plan B de AMLO incluye una serie de modificaciones a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial, así como la promulgación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.


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¿Desde cuándo se aplicaría y qué propone el Plan B?

La aprobación del Plan B ha sido de manera general, es decir, da margen para consideraciones y ajustes a lo propuesto. El Senado extendió su sesión ordinaria del 14 de diciembre a una ampliada durante la madrugada del 15 de diciembre. Como anunció el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, son 1.200 las reservas y más de 60 los oradores que expondrán sus puntos de vista y propuesta para una adecuación de la reforma electoral. 

Por lo pronto, se sabe que su aplicación no regirá sobre los comicios para las elecciones de gobernadores de los Estados de Coahuila y de México que se realizarán en 2023. Esta se aplicará hacia los comicios generales del 2024, que incluye elección de autoridades del Ejecutivo y Legislativo, así como de 30 entidades federativas del país. 

Nuevo cálculo de los salarios

De acuerdo con la iniciativa, el INE deberá revisar de manera integral los salarios de sus trabajadores y plantear un “nuevo cálculo”, al igual que en sus organismos públicos locales. 

La revisión integral contempla lo establecido en el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún servidor público puede recibir mayor remuneración que la percibida por el presidente de la República.

La disposición aplicará al personal del TEPJF e integrantes del pleno. 

Reestructuración del INE

Con el objetivo de aminorar gastos y para una optimización del funcionamiento del INE, la Comisión General del organismo deberá delinear una plan de reorganización que incluya cambios en sus áreas, ejecutado, como máximo, hasta el 1 de agosto de 2023. 

El documento de reforma advierte que en caso de despidos de personal, el Instituto tiene el deber de cumplir con las indemnizaciones de ley, empleando, para ello, “los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria”.

Fin de los fideicomisos

Siguiendo el espíritu de optimización del gasto, la reforma electoral contempla eliminar los fideicomisos, argumentando que estos “fueron constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE, entre otras medidas”. 

Esta medida implica remover y dejar inactivo al Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE, y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral.

Destitución del Presidente del TEPJF

Para simplificar y librarse del obstruccionismo, como el registrado en 2021, por el ex Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luiz Vargas, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, se contempla un nuevo mecanismo para la destitución de la presidenta o presidente del tribunal electoral. 

Este consistiría en convocar una sesión extraordinaria en la que se discuta y evalúe la remoción de la persona que presida la Sala Superior. Tal fin procederá solo cuando puedan ser probadas “conductas que vulneran los principios rectores de los servidores judiciales electorales de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”.


Para recordar: La propuesta de reforma constitucional electoral mexicana


Regulación de la propaganda política

En su extremo regulatorio, la reforma plantea vetar los mensajes en radio o televisión de partidos políticos, precandidatos y candidatos que utilicen cualquier expresión “que calumnie a las personas, discrimine o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

La normativa sería aplicada por el Consejo General del INE y la Comisión Jurídica y de lo Contencioso Electoral. 

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