Recomendaciones y perspectivas de S&P, Moody’s y Fitch al gobierno de Sheinbaum

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador —que inició en diciembre de 2018—, las calificadoras, en su rol vigilante del valor, han emitido diversos comunicados sobre sus preocupaciones, la mayor: la ayuda gubernamental al mantenimiento de Pemex. Ahora, con el cambio de gobierno, siendo Claudia Sheinbaum la virtual candidata electa de México, al conseguir el 59.35 % de los votos emitidos, Moody’s, S&P y Fitch comunicaron sus proyecciones financieras.

En estos años del oficialismo en el poder, Moody’s rebajó la calificación soberana de México de “A3”, a la que el país llegó en 2018, a A3-negativo, en 2019, y finalmente “Baa2/perspectiva estable”, que ha mantenido hasta hoy. S&P, en 2022, mejoró la perspectiva de negativa a estable (BBB a BBB+), sosteniéndolo así hasta febrero pasado, con proyección al próximo año, y Fitch, más severa, que había bajado su calificación de BBB+ a BBB, en 2019, volvió a bajar su calificación a BBB-, en abril de 2020, manteniéndola así hasta ahora.

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Fitch

“La nueva administración heredó una economía estable, donde el sólido marco de política macroeconómica característico de México sigue siendo positivo para la calificación soberana. Sin embargo, el déficit aumentará materialmente este año y la consolidación será un desafío clave para el nuevo gobierno”, se lee en el comunicado de Fitch, que lleva el título de “Controlar el déficit y a Pemex son desafíos clave para la nueva administración de México”.

De acuerdo con esta calificadora, en 2024 el déficit fiscal mexicano superó el 5 % del PIB, “su punto más alto en tres décadas”, una situación resultado del aumento del gasto social, mayor endeudamiento y financiamiento de proyectos de infraestructura. 

“Fitch espera que la deuda del gobierno general aumente hasta el 48,8 % del PIB en 2024 desde el 45,6 %, aunque muy por debajo de la mediana 'BBB' del 55 %”. 

Según Fitch, Claudia Sheinbaum tendrá que prestar atención a los siguientes puntos: 

• La falta de claridad en la reforma fiscal para mejorar la recaudación.
• El apoyo continuo a Pemex (B+/Estable), la compañía petrolera estatal, cuya deuda es equivalente a casi el 6% del PIB.
• El desempleo está en niveles récord y la inflación continúa convergiendo al rango meta de Banxico.
• Las políticas de la nueva administración podrían influir en el atractivo de México como plaza para el nearshoring.
• Las próximas elecciones estadounidenses plantean incertidumbres sobre la relación bilateral.

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S&P 

“El débil historial de crecimiento económico de México comparado con el de los pares con un nivel similar de ingresos limita la calidad crediticia del país”, difundió en su comunicado “Nueva administración de México afronta viejos desafíos”, S&P Global Ratings. 

Según S&P, es probable que el país crezca alrededor de 2.5% este año, que continúe el impulso de la inversión extranjera directa (IED) para construir una cadena de suministro más grande en vías de atender al mercado norteamericano y reducir la dependencia de China y que, a pesar de las altas tasas de interés, los fundamentales crediticios de los bancos se mantengan fuertes. “El sector bancario se beneficia de una liquidez sólida y de una amplia base de depósitos de bajo costo”.

“Una vez que asuma el cargo el nuevo gobierno, esperamos que los bancos comerciales sigan siendo el principal proveedor de crédito en el país (45% a 50% del préstamo total) y consideramos que los préstamos de estas entidades se expandirán entre 4 % y 5 %, en términos reales, en los próximos 12 a 18 meses”.

De acuerdo con S&P, las empresas que han sido recientemente calificadas dejan ver un desempeño estable. El 90 % de las calificaciones han tenido esa perspectiva (e incluso mejor) por su evaluación de liquidez adecuada. Este año electoral incluso muchas empresas refinanciaron su deuda. 

Sus recomendaciones al nuevo gobierno son:

• Para obtener el mayor beneficio del nearshoring será necesario atender los obstáculos existentes en términos de infraestructura, energía y suministro de agua, entre otros.
• Es un acierto atraer a más personas y organizaciones al sector financiero, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas.
• Si la administración de Sheinbaum se enfoca en abordar las antiguas debilidades, como la desigualdad de ingresos, un amplio sector informal, un Estado de derecho débil, corrupción y crimen, las inversiones y el consumo aumentarán. 
• Los bancos de desarrollo tendrán un papel clave en el financiamiento de las propuestas de inversión e infraestructura; prestarán sus servicios a sectores económicos que los bancos comerciales normalmente no atienden. Una vez que estos sectores se desarrollen, los bancos comerciales podrían comenzar a otorgarles préstamos, con lo que se generaría un círculo virtuoso.
• La volatilidad de los ingresos petroleros frente a las transferencias presupuestadas puede afectar las finanzas de los gobiernos locales, ya sea por oscilaciones en los precios de mercado o por políticas federales para apoyar a Pemex.
• Un revés inesperado en las elecciones de Estados Unidos podría afectar a las empresas mexicanas, ya que se han beneficiado del T-MEC.

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Moody’s

En su reporte “Gobierno de México. Partido oficialista fortalece su poder para impulsar la agenda, pero enfrentará restricciones macroeconómicas”, Moody’s cuestiona si es que el nuevo gobierno preservará, reforzará o revertirá las tendencias que han comenzado a deteriorar el perfil crediticio de México.

Esta calificadora ha mantenido la categoría de A3-negativo para México desde 2019, ya en 2023 había comunicado que evaluaría de nuevo al país al conocer los resultados de los comicios presidenciales, considerando además el desempeño del paquete económico 2024 y la conformación del Congreso.   

Sus perspectivas son: 

• Probablemente habrá una operación que incremente las obligaciones financieras de Pemex en 2025 y 2026, bajo la figura de recompra de deuda con descuento. 
• Sobre la soberanía energética prevén que se mantendrá el compromiso y el papel dominante del Estado.
• Será necesaria una reforma tributaria para recaudar más ingresos en consecuencia de las presiones fiscales.