La compañía Rappi presentó este 25 de septiembre su solicitud para operar como institución de fondos de pago electrónico en México. Desde hace tiempo ofrece en el país un sistema de pagos a través de RappiPay. Sin embargo, el Gobierno emitió un paquete de regulación para las ‘fintech’ en 2018 que exige a las empresas que obtengan la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para organizarse y operar como institución de fondos de pago electrónico. Hasta el momento, no se ha otorgado ninguna autorización para este tipo de negocios y Rappi prevé ser de los primeros en conseguirlo.
La firma Jáuregui y Del Valle (Ciudad de México) es la encargada de dar seguimiento a la solicitud de Rappi y el cumplimiento de la nueva Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. El despacho señaló que la intención del Gobierno es incrementar la inclusión financiera y mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero. De acuerdo con cifras oficiales, el 68% de los adultos mayores de 18 años cuentan con al menos un producto financiero (cuenta de banco, crédito, seguro, etc.)
El objetivo de Rappi es eliminar el efectivo en las operaciones. A través de RappiPay, los usuarios pueden pagar de manera electrónica sin la necesidad de tener una cuenta bancaria. El servicio puede ser utilizado para las compras a través de la aplicación, mediante el uso de la tarjeta RappiPay Visa o en cualquier negocio que acepte pagos con códigos QR. En ese sentido, la nueva plataforma del Banco de México para transacciones electrónicas, CoDi, beneficia el modelo de negocios de RappiPay y otras aplicaciones similares.
Alberto Balderas, socio de Jáuregui y Del Valle, aseguró que la solicitud ante la CNBV podría tardar entre seis y nueve meses debido a lo reciente de la publicación de la regulación en materia ‘fintech’ en México. Señaló que el país es uno de los primeros en crear un cuerpo normativo especial para este tipo de ‘fintech’.
Rappi fue fundada en 2015 y cuenta con un valor de capitalización de mercado de más de 3.500 millones de dólares. Actualmente tiene presencia en nueve países: Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay y México.
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