El titular de Transporte en Colombia, Guillermo Reyes, dio por suspendido el trámite del proyecto de Ley de la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) que contempla reformar el régimen sancionatorio del sistema de transporte. Según Alianza In, que agrupa a las compañías de aplicación que operan en Colombia, su alcance incluye vetar el uso de apps de transporte y la posibilidad de brindar este servicio.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA | El Ministerio de Transporte se permite informar a la opinión pública que: pic.twitter.com/OdKmokc1kv
— MinTransporte (@MinTransporteCo) February 2, 2023
El uso de aplicaciones en ciudades como Bogotá es masivo, pero guardando ciertas formas: siempre ocupar el asiento de copiloto —para no levantar sospecha de que es un servicio de aplicación—, intentar que el tiempo de espera del vehículo solicitado sea el mínimo —para evitar algún procedimiento de inspección— y realizar el pago con tarjeta —para que no sea notoria la transacción—.
La falta de regulación y la resistencia del sector de transporte formalizado dedicado al servicio de taxi en el país ha suscitado un clima de restricción por un lado y, por otro, un mercado provechoso para compañías como Uber.
En cifras, estas tensiones se reflejan en lo que fue la inmovilización de 6.589 vehículos que prestaban servicio de transporte en Bogotá durante 2021, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Seccional Bogotá de la Policía. En contraste, en el mismo periodo hubo una facturación de 300 millones de dólares, 73.000 conductores y una rotación de 9 millones de usuarios de Uber en Colombia hasta mediados de 2022.
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El contrapeso en esta tensión la puso en su momento el titular del Ejecutivo Gustavo Petro, quien, una vez en funciones, anunció la creación de una plataforma nacional de taxis y el retiro de intermediarios del servicio de movilidad o apps de transporte como Didi, Cabify, Uber, entre otras.
A fines de enero el ecosistema de las aplicaciones —usuarios, trabajadores y sociedad civil— emitió alertas frente al borrador del proyecto de ley, sobre el que se advertía que incluiría bloqueo por 30 días por evento registrado de plataformas que brinden servicio de reserva de movilidad (apps); la inmovilización de 30 a 90 días del vehículo, cuya matrícula no se encuentre registrada, y una multa de hasta 250 Unidades de Valor Tributario (UVT, cerca de 2.232 dólares) a usuarios que contraten el servicio de una persona natural o jurídica no autorizada para dar el servicio de movilidad.
"El proyecto de ley anuncia bloqueos en la web a estas aplicaciones a través de procedimientos administrativos, inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de los conductores, por un término de entre 1 y 3 meses, multas de más de 10 millones de pesos (2.134 dólares) para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros", asegura José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In.
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El representante de esta agremiación celebró en medios sociales la suspensión de la tramitación del proyecto de Supertransporte, aprobado el jueves 2 de febrero.
¡BUENAS NOTICIAS para el trabajo, la tecnología y la libertad de elegir!
— José Daniel López (@lopezjosedaniel) February 1, 2023
En reunión con el Gobierno y los conductores que usan plataformas, acordamos:
1 Se SUSPENDE la radicación del proyecto de ley de @Supertransporte, hasta que no haya consenso sobre apps. pic.twitter.com/ExzzV5v7iK
Apenas un día antes, la superintendenta de Transporte, Ayda Lucy Ospina, deslindó en la prensa local que el proyecto busque sacar del mercado a las apps de transporte, por el contrario, aseguró que el objetivo es regularlas como actor que participa del sector transporte.
“Hay una información que se ha transmitido por redes, pero que no es cierta. Lo que se ha pretendido, desde un principio, es reconocer la existencia de las plataformas que hacen parte del ecosistema de transporte y que obviamente deben entrar dentro de toda la regulación respectiva del transporte”, indicó Ospina.
Añadió que no se estaba planeando un nuevo operativo para inmovilizar a los vehículos, sino el establecimiento de criterios para una adecuada fiscalización de las aplicaciones. La superintendenta añadió, posiblemente como antesala a lo que posteriormente anunció el ministro Reyes, que la regulación se plantearía en el marco del diálogo con todos los sectores.
“Vamos a revisar todos los artículos que ellos consideran que pueden o no ser las respuestas a lo que ellos (los sectores) esperan. Por supuesto, discutiremos todos los temas en las mesas”.
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La autoridad de Supertransporte se refirió a las mesas de discusión lideradas por el Ministerio de Transporte, de Trabajo y Tecnología y Comunicaciones.
"Colombia se merece tener un marco jurídico que acompañe la realidad que ofrece la tecnología y las leyes y los regímenes no deben desconocer su uso. El principio de neutralidad de la red sería erróneo y acá debemos propender por el cuidado de las personas y el uso de estos aplicativos", aseguró Sandra Urrutia, titular de TIC.
Sin embargo, al cierre de la jornada, la conclusión y anuncio del ministro de Transporte dejó en suspenso la tramitación del proyecto, anteponiendo para ello el consenso.
"No se pueden desconocer las realidades, hay que regularizar la prestación del servicio de transporte, el proceso de construcción del borrador de proyecto de ley continuará pero solo será presentado para la consideración del Congreso de la República, una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores", sentenció.
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