En una vuelta de tuerca novedosa —por aquello de que no había pasado cosa parecida antes—, el primer mandatario eslavo respondió a las críticas y sanciones económicas con las que el mundo ha reaccionado a la invasión de Ucrania de una manera sorprendente: el 6 de marzo anunció, con la emisión de un decreto, que las empresas rusas estaban liberadas de pagar a los dueños de patentes y diseños industriales de utilidad de países ‘hostiles’ por el uso de sus creaciones.
El decreto es una enmienda a la Cláusula 2 de la metodología para determinar el monto de la compensación pagada al titular de una patente cuando se decide utilizar una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial sin su consentimiento, que además establece un procedimiento de pago.
Lo anterior implica que las empresas afectadas, que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) provienen en su mayoría de Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia, no pueden hacer valer sus derechos frente a los piratas rusos. El decreto caprichoso de Putin no es tan sorprendente, pues se trata de un país reconocido por ser uno de los más laxos en la protección de activos intangibles.
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Propiedad intelectual como arma de guerra
Lo más cercano a la vulneración de los derechos intelectuales como arma política, económica o bélica ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos se apropió de la patente de la aspirina (creada por Bayer en Alemania) mediante la puesta en marcha de la Ley de Comercio con el Enemigo, en 1917.
Esta ley federal limitó el comercio con naciones hostiles a la vez que otorgó el poder de confiscar cualquier patente que pudiera amenazar la posición del país durante la guerra.
Desde la conclusión del primer gran conflicto bélico del siglo XX, la única nación que aún recibe sanciones derivadas de esta normativa es Cuba, que ha visto la renovación anual de este instrumento en su contra anualmente desde la década de los 60. Sin embargo, el decreto de Putin abarca a todas las naciones que considere, sin distingo alguno.
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Aprovechamiento del decreto
El decreto no ha pasado inadvertido y ya ha sido aprovechado por empresarios rusos, que se apresuraron a patentar copias de marcas conocidas, entre ellos, una cadena de restaurantes registró a mediados de marzo un logotipo bastante parecido al de McDonald's.
Cuando Maksim Reshetnikov, ministro de Desarrollo Económico de la Federación Rusa, anunció la puesta en marcha de este decreto lo hizo de la siguiente manera:
“Se está considerando la posibilidad de levantar las restricciones al uso de la propiedad intelectual contenida en ciertos bienes, cuyo suministro a Rusia es limitado. Esto suavizará el impacto en el mercado de las rupturas en las cadenas de suministro, así como la escasez de bienes y servicios a consecuencia de las nuevas sanciones de los países occidentales”.
Estas fueron las palabras que legalizaron la piratería en todo el país y que desencadenaron otras acciones, como la declarada por el diputado de la Duma estatal Dmitry Ionin, quien sugirió que “dado que muchos estudios occidentales se han negado a estrenar nuevas películas en Rusia” era conveniente desbloquear la suite de torrents RuTracker (bloqueada por las compañías proveedoras de internet nacionales), para ayudar a los ciudadanos soviéticos a piratear películas de Hollywood.
En una nota aparte, un representante de RuTracker informó a Forbes Life Russia que el bloqueo de usuarios rusos se mantendría (esta vez de su parte), ya que la empresa no apoya las acciones de las autoridades de este país sobre Ucrania. Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Digital ruso no aprobó la abolición del castigo por el uso de software pirateado.
La declaración de autosuficiencia de Putin, recogida en el Plan de acción prioritario para garantizar el desarrollo de la economía rusa en condiciones de presión de sanciones externas, legaliza lo indebido al cancelar la “responsabilidad por el uso de software sin licencia en la Federación Rusa, propiedad de un titular de derechos de autor de países que han apoyado las sanciones”, descargando de responsabilidades civiles y penales a quienes incurran en la piratería, ante la imposibilidad de acceder a otras opciones mientras duren las sanciones.
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Alcance del marco legal
La postura oficial se apoya en el Código Civil de la Federación, pues establece que, en caso de emergencia, el gobierno puede usar productos y diseños sin la autorización del titular de la patente.
Si bien esto aplica ampliamente a bienes intangibles, aún queda por ver qué ocurrirá con los bienes físicos (como el hardware o los repuestos), cuyas importaciones fueron afectadas por las suspensiones en el comercio de los países y empresas que han sancionado a Rusia en el último mes.
Por ahora, el decreto de emergencia de Putin no afecta a las marcas de productos y servicios, no obstante, involucra la simplificación en la concesión de licencias (incluidas las farmacéuticas), así como en la compra de medicamentos y equipos médicos.
Las intenciones del Ministerio de Desarrollo Económico fueron suavizar por medio de este decreto “las interrupciones en las cadenas de suministro, así como la escasez de bienes y servicios que surgió debido a las nuevas sanciones de los países occidentales”.
El Kremlin interpreta cualquier represalia o crítica de sus acciones sobre Ucrania como una declaración de guerra. Esto significa que también está en pugna con las empresas que se retiren de su país, a las que podría expropiar sus activos, bienes muebles e inmuebles y toda PI, con la firme convicción de que esto aumentará su “independencia, autosuficiencia y soberanía”.
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Derecho Internacional
De acuerdo con la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Rusia dio entrada, desde 2015, a 56.732 patentes de Estados Unidos, 29.671 de Alemania, 13.925 de Francia, 21.862 de Japón, 6.246 de Reino Unido y 1.895 de España, ahora a disposición del Estado, sin que medie compensación alguna por su uso de ahora en adelante. De acuerdo con especialistas, aunque los empresarios rusos se adueñen de las patentes, es difícil que se puedan desarrollar ya que implementar tecnología patentada por terceros requiere de cierta inversión de capital monetario y humano (el know-how) del que Rusia carece y seguirá careciendo (especialmente de lo primero), de alargarse la guerra.
Entretanto, el derecho internacional y los tratados mundiales que protegen la PI están siendo vulnerados por Rusia que, en su rol como integrante de la Organización Mundial del Comercio (OMC), está obligada a respetar los activos sujetos a registro intelectual y, por ende, está sujeta a que los estados miembros de la OMC exijan sanciones sobre esta, lo que recrudecería el ciclo en el que ha entrado al exponer a sus empresas y empresarios a complicaciones propias de la escasez inherente de las guerras.
Si bien la OMC tiene una excepción de seguridad que permite que las naciones protejan sus intereses esenciales durante conflictos armados, es poco probable que esto evite actos punitivos de la organización, ya que dicho mecanismo nunca ha sido puesto a prueba.
Aunque Putin se refugie en la autarquía, es prudente preguntarse si una nación con casi 150 millones de habitantes, en un contexto de globalización y dependiente de tecnología y capital occidental y de naciones ahora calificadas como hostiles, realmente tiene la capacidad de sostenerse a sí misma, especialmente en medio de una guerra.
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