Trabajadores agrarios de la región de Ica se manifestaron durante seis días a lo largo de los 16 kilómetros de la carretera Panamericana Norte, el sistema de carreteras del Perú que comunica a casi todos los países del continente. En atención a las demandas de los trabajadores, el Congreso aprobó la derogación de la Ley 27360, también llamada Ley de Promoción Agraria, que fue aprobada en 2000, que se intentó revisar en 2019 y cuya vigencia el Congreso había ampliado hasta 2031. También se derogó el decreto de urgencia 043-2019 que tenía por objeto mejorar las condiciones del régimen laboral agrario.
Ica, la provincia en donde iniciaron las protestas, es conocida por su agricultura y por la agroexportación de uvas, espárragos, palmeras datileras, entre otros. Los manifestantes exigían la derogación de la Ley de Promoción Agraria, el pago de utilidades a los trabajadores agrícolas, el cumplimiento de condiciones laborales dignas para los trabajadores (entre ellas que los contratos laborales no sean temporales) y estabilidad laboral. Las comisiones Agraria y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera serán las encargadas de elaborar un dictamen para sustituir a la ley derogada, el plazo que se ha establecido para contar con esta nueva norma es de 15 días. Mientras tanto, estará vigente el régimen laboral general.
El impacto inmediato de la derogación será la eliminación del régimen que garantiza la remuneración mínima diaria de los trabajadores a partir de la cuarta hora de trabajo. Esto significa que las gratificaciones y compensación por tiempo de servicio (CTS) serán otorgados fuera de la remuneración diaria.
En el Congreso aún se discuten cinco iniciativas de ley presentadas por diferentes grupos parlamentarios, pero cuatro de ellas no plantean cambios profundos más allá de la derogación de la norma. El quinto proyecto, presentado por Acción Popular, propone que el pago de salario sea un 32,5 % de la unidad impositiva tributaria (UIT), que equivaldría a 390 dólares mensuales. En contraste, los agricultores han denunciado que su actual salario corresponde a poco más de 10 dólares por jornadas de entre 10 y 12 horas de trabajo. Aunque el salario mínimo en Perú es de cerca de 250 dólares mensuales, se considera que los trabajadores reciben gratificaciones y gozan de un día de descanso por semana.
Con esta iniciativa, al tomar como base la UIT y no el sol peruano, se prevé que el salario aumente año con año. También se busca que los trabajadores participen en un 10 % de las utilidades que genere la empresa anualmente y que se les otorgue un bono de productividad.
Con la ley derogada se otorgaba un periodo vacacional de 30 días. También se daba una indemnización mayor en caso de despido, de hasta 45 remuneraciones diarias por cada año laborado. Y en el caso de los patrones se les continuó otorgando una tasa del 15 % en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), en lugar del 30 %, como se acostumbra para otros sectores productivos.
En lo que respecta al pago del ISR, hay opiniones divididas. Mientras Waldo Mendoza, ministro de Economía, ha comentado que propondrá un aumento gradual que va del 15 %, que ya existía, hasta alcanzar el 30 %, que pagan los demás sectores, hay quienes buscan restituir por completo el beneficio del 15 %.
El saldo de las protestas
Las manifestaciones en Ica iniciaron el pasado 30 de noviembre y lograron tener eco a nivel nacional, hasta el departamento de la Libertad se sumó. En este lugar, por la represión policial murió un joven agricultor, de 19 años, el acta fiscal indica que tuvo un impacto de proyectil de plomo en la cabeza.
El joven, de nombre Jorge Muñoz Jiménez, se manifestaba con su padre junto a los cientos de agricultores que acompañaban la causa. Cabe recordar que la última ola de violencia policial en Perú tuvo como consecuencia la destitución del presidente encargado, Manuel Merino. Por su parte, Franciso Sagasti, quien lo sustituyó, ha asegurado que el asesinato no tuvo que ver con las protestas. Para atender los reclamos, el ministro del Trabajo, Javier Palacios, instauró una mesa de diálogo con los manifestantes en donde se comprometió a llevar un registro de las empresas que emplean trabajadores en Ica que no cumplen con condiciones de trabajo dignas. Aseguró que denunciará a esas empresas y que se instalarán tres mesas más en las principales ciudades de Ica.
Condiciones laborales
Aunque las exportaciones de la región de Ica han aumentado en los últimos años, el pago de salarios sigue igual. De ahí que el pasado jueves 3 de diciembre los dirigentes de los trabajadores agrarios presentaron el Acta de Obreros del Sector Alamo, en la que exigieron siete medidas al gobierno: primera, la derogación de la Ley de Promoción Agraria; segunda, piden que la contratación de jornaleros se haga directamente con la empresa y no mediante outsourcing; y tercera, piden un aumento salarial de su jornada a 20 dólares.
Un cuarto punto exige que los trabajadores ingresen a la planilla desde su primer día de trabajo. Su siguiente demanda tiene que ver con “bonos y beneficios laborales justos” durante su año de trabajo en la empresa. Por último, piden que se sancione a los patrones o empresas que maltraten a los jornaleros y se dé un trato digno.
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