Durante los primeros 20 años de este siglo, China se convirtió en una especie de mecenas de América Latina por el otorgamiento de préstamos dirigidos, en la mayoría de los casos, a financiar titánicos proyectos de infraestructura, colocando a la región entre las zonas del planeta que mayores recursos recibieron; recursos que no siempre fueron aprovechados para apuntalar el desarrollo de las naciones favorecidas.
Pero el grifo se cerró. Según los especialistas, tres aspectos habrían sido determinantes para que Pekín redujera drásticamente el flujo de préstamos a gobiernos aliados y naciones en apuros: la crisis interna de la propia China, cuantiosas pérdidas por la incapacidad de algunos beneficiarios para honrar compromisos, y cambio de estrategia tras el ingreso del gigante asiático a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001.
Cualesquiera que sean las razones, lo cierto es que quien por un tiempo fungió de gran banquero global se ha convertido en un agudo acreedor que pareciera haber hecho de la inversión extranjera directa (IED) la punta de lanza de su planteamiento financiero, mientras estrecha relaciones comerciales con una región cada vez más dispuesta a abrir puertas a empresas y productos chinos, pese a lo infructuosos esfuerzos de Washington por recuperar la perdida influencia en la región.
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Aquellas aguas
Cuando en 1998 el entonces presidente Jiang Zemin sentó las bases para el plan expansionista de China, aseguró que mercados en desarrollo como África, Oriente Medio, Asia Central y América Latina eran susceptibles a ser conquistados, proponiendo para ello ofrecer préstamos blandos que, a la par de ganar aliados, permitirían sacar provecho de sus inmensos recursos naturales, necesarios para apalancar el progreso del gigante asiático.
Bajo este argumento, a partir de 2005, las financieras estatales chinas, particularmente el China Devolopment Bank (CDB), Export-Import Bank of China (ExIm Bank) e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), comenzaron a ganar espacio como prestamistas, en desmedro de instituciones tradicionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo ritmo de otorgamiento quedaba muy por detrás del mostrado por las entidades asiáticas.
Las cifras son elocuentes: entre 2005 a 2011, las instituciones chinas concedieron a la región préstamos por más de 83.805 millones de dólares, frente a los USD 66.933 millones otorgados en esos años por el BID, los USD 53.364 millones del BM o los USD 1.302 millones del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM).
Los recursos sirvieron para apalancar proyectos grandilocuentes: desde imponentes represas en los Andes, hasta el puerto más grande en el Pacífico americano, pasando por varías centrales eléctricas y hasta una fallida red ferroviaria cuyas líneas superarían la distancia que separa América de Europa.
Se estima que el capital chino apoyó la construcción de más de 200 obras de infraestructura entre el río Bravo y la Patagonia, según un estudio recientemente actualizado de la organización no gubernamental Inter-American Dialogue y el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston.
A manos llenas
De acuerdo con el estudio de la universidad estadounidense, 18 de las 35 naciones del continente recibieron entre 2005 y 2023 al menos un préstamo de China, que, en total, concedió a la región entre 125.000 millones y 137.000 millones de dólares, según diferentes estimaciones. Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina acumularon el grueso de los fondos, tanto en valor (más de 50 %) como en cantidad de operaciones (al menos 72 transacciones).
La gran beneficiaria fue Venezuela, que recibió 59.200 millones de dólares y puso su inmenso potencial petrolero como garantía de los empréstitos, pero que debido a la crisis económica vivida desde hace más de una década, no ha podido cumplir a cabalidad con los envíos de crudo establecidos como moneda de pago.
Brasil fue el segundo mayor receptor de fondos chinos, con un total de 32.400 millones de dólares, mientras que Ecuador fue el destinatario de USD 11.800 millones y Argentina percibió unos USD 7.700 millones.
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El chorro se cerró
Luego de casi dos décadas de flujo continuo de recursos, la millonaria danza de empréstitos chinos finalizó. Tras haber alcanzado un pico en 2010, que la universidad estadounidense ubica en 24.000 millones de dólares anuales y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas sitúa en más de USD 35.000 millones, la inyección de capitales a través de préstamos descendió en 2024 a su nivel más bajo en casi 20 años, lo que podría traducirse como el fin de la “diplomacia de billetera” utilizada por Pekín para expandir sus alcances en esta parte del mundo.
El informe de la Universidad de Boston señala que la financiación de las instituciones chinas hacia la región ha disminuido en la medida que se han dado cambios en las condiciones políticas y económicas en los países receptores. Es decir, los virajes hacia la derecha en naciones como Bolivia, Argentina y Ecuador, entre otras, ha obligado a Pekín a cambiar su estrategia.
No menos importante para el cambio fueron los adversos obtenidos por la estrategia prestamista, dada la imposibilidad de algunos clientes de cumplir con sus obligaciones, en muchos casos por desvío de los fondos. Aunque siempre resultan odiosas, una comparación ilustra mejor este punto.
Entre 2008 y 2012, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la petrolera estatal venezolana, recibió de las financieras chinas más de 45.500 millones de dólares para planes operativos, de infraestructura e “inmobiliarios” relacionados con sus actividades primarias. En ese mismo lapso de tiempo, la brasileña Petrobras recibió USD 10.000 dólares en financiación china, de acuerdo con un análisis de la Universidad de Navarra, España.
Ahora bien, mientras Petrobras incrementó su producción de 1,97 millones de barriles diarios en 2008 a 2,44 millones de barriles diarios en 2012, la extracción de Pdvsa cayó de 3,1 millones de barriles diarios en 2008, a 2,38 millones de barriles al día cuatro años después; producción que siguió mermando hasta los 500.000 b/d registrados en 2020.
Este descenso en la producción, aunado a las sanciones impuestas por EE. UU., impidió a Caracas cumplir con el envío de crudo a China y, aunque nunca suspendió las entregas, estuvieron muy lejos de lo acordado. Para algunos analistas, este pésimo desempeño venezolano habría inducido de alguna manera los cambios en la política financiera china hacia la región.
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Cuando la opacidad es positiva
Una característica que dominó la relación financiera de China con la región fue la opacidad y la confidencialidad. De hecho, los términos de los empréstitos son un completo misterio, aunque se da por descontado que fueron menos rigurosos en comparación con los exigidos por organismos multilaterales o por otros Estados.
También se sabe que Pekín exigió desarrollar muchos de los proyectos con empresas y personal chino, como es el caso de contratos petroleros, mineros y de desarrollos inmobiliarios en Venezuela, explotaciones de hidrocarburos en Guyana, o la construcción del megapuerto de Chancay en Perú.
Esa misma opacidad hace difícil conocer a cuánto ascienden los préstamos asiáticos en los últimos años, pero se da por sentado que el flujo se frenó y entró, desde 2023, en una fase de manejo, refinanciamiento y reestructuración de deuda, pues el financiamiento ahora se centra en la inversión extranjera directa, mecanismo más transparente y con un enfoque más pragmático dirigido a sectores muy específicos, como minería, energías limpias o telecomunicaciones.
De acuerdo con un informe del think tank ODI Global (Overseas Development Institute), en los últimos dos años la IED china en proyectos greenfield en la región representa hoy el 74 % de los nuevos flujos de recursos.
“Este cambio refleja una reconfiguración más amplia de las cadenas de suministro impulsada por la propia estrategia industrial interna de China en vehículos eléctricos, baterías y tecnologías de energías renovables, así como por los efectos de la política comercial de Estados Unidos”, señala el informe.
Este cambio también ha reconfigurado el listado de países priorizados. Datos de IIF (Instituto de Finanzas Internacionales), ubican a Brasil a la cabeza entre los países receptores, con 33 % de la IED china en la región (unos USD 67.00 millones), seguido por México con 18 % (USD 36.500 millones), Argentina con 12 % (USD 24.500 millones) y Chile con 10 % (USD 20.500). Venezuela, gran beneficiario de préstamos, apenas ha recibido 1,6 % de IED china (USD 3,12 millones).
Nuevos horizontes
Sin desmedro de su presencia en la región, la nueva estrategia de China se centra en el financiamiento a sus empresas para la adquisición de compañías locales, ya sea de manera directa o por la compra de paquetes accionarios que garanticen la propiedad mayoritaria.
El hecho mismo del financiamiento también ha cambiado. Si por casi 20 años las entidades públicas chinas se encargaron de aportar recursos a gobiernos latinoamericanos, la nueva realidad interna parece haber obligado a los bancos institucionales a buscar alternativas de autosuficiencia, lo que parece encaminarlas a promover la financiación privada de sus bancos comerciales.
Así lo refleja el estudio de la Universidad de Navarra, según el cual las financieras chinas también han optado por promover su participación en préstamos sindicados junto a otras entidades de crédito internacionales de reconocida solvencia, posiblemente para atenuar y diversificar el riesgo financiero asumido en los años anteriores.
“A medida que las empresas occidentales continúen abandonando el frágil mercado de Latinoamérica, las empresas chinas apoyadas por sus bancos comerciales y fondos nacionales seguirán lanzándose a la caza de oportunidades relacionadas, en concreto, con la energía, la minería y las infraestructuras”, señala el documento.
Todo ello ocurre mientras el comercio entre China y América Latina sigue aumentando, muy a pesar de los esfuerzos de Donald Trump por frenar esa relación. En 2025, las exportaciones latinoamericanas hacia el país asiático rondaron los 250.000 millones de dólares, un alza de 5 % en volumen y de 7 % en valor, de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).






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