02/05/2025
En medio de una polémica cruzada entre gobierno, oposición, dueños de medios de comunicación y ciudadanos, el Senado de la República de México decidió poner en pausa la votación de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Se trata de una iniciativa impulsada por Claudia Sheimbaum para reemplazar a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Ahora bien, ¿por qué el Senado decidió aplazar el debate? Desde que la presidenta mexicana anunció los cambios que introduciría el nuevo marco legal, recibió una catarata de quejas en contra del proyecto, alegando que tiende a la censura y que, tal como están redactados, podrían incurrir en violaciones al T-MEC.
Una de las principales medidas controversiales reside en el artículo 210, que prohíbe la propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural.
“Los gobiernos extranjeros no podrán usar los medios de comunicación mexicanos para influir en los asuntos internos del país”, especifica el artículo de la iniciativa de ley, que también rige para las plataformas digitales.
El contexto no es azaroso: el proyecto de ley se presentó justo después de que el gobierno de los Estados Unidos emitiera spots de la campaña antimigratoria de Donald Trump en los programas con mayor audiencia de la televisión mexicana.
En caso de que el proyecto avance, las empresas de radio y televisión que transmitan propaganda política de gobiernos extranjeros serán sancionadas con multas equivalentes hasta el 5 % de sus ingresos o con la revocación de concesiones y bloqueo de plataformas.
La propuesta de Sheinbaum no solo prohibiría que gobiernos o entidades extranjeras emitan anuncios publicitarios, sino que también bloquearía que les cedan (o entreguen) una concesión de radio, televisión o audio (artículo 71 del proyecto de ley).
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¿Ley censura?
La oposición bautizó a la propuesta presidencial “Ley censura”, y esa misma denominación se extendió a las protestas populares. Diferentes grupos sociales levantaron carteles y pancartas con la leyenda: “Ley censura, segura dictadura”.
Dado que el documento de la presidenta mexicana otorga más facultades a instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los partidos de la oposición denunciaron públicamente que esta medida podría soslayar una vía para censurar las críticas, en particular en plataformas digitales o de streaming.
El costo político de esta propuesta ha sido alto para Sheinmabum: la acusaron de censuradora y dictatorial. Este contexto la impulsó a pedirle a los senadores que quitaran el tema de la sesión ordinaria del 28 de abril para someter a la nueva ley al escrutinio de las partes implicadas.
“Para que no se diga que estamos imponiendo, que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos, en el marco de lo que se presentó, y que una vez que esté clara la orientación de esta ley se llame a un período extraordinario. (...) Todos los artículos tienen que aclararse, para que no demos ningún argumento ni a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar”, propuso la presidenta mexicana para contener el conflicto.
La respuesta no tardó en llegar: el Senado canceló la discusión de la nueva ley.
“Se ha decidido abrir un proceso de diálogo abierto, plural y constructivo con todos los actores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados e interesados en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, anunció en un comunicado el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López (Morena).
Como el periodo ordinario de trabajo del Legislativo finalizó el 30 de abril, la discusión se trasladará a un periodo extraordinario, entre mayo y julio de este año.
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