El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, movió de nuevo sus piezas para combatir el tráfico de hidrocarburos. La estrategia que inició con su gobierno, dejó al país durante semanas sin abasto de combustible necesario; y ahora, también tiene que enfrentarse al alza en los precios del gas LP, de uso doméstico, cuyo costo ha disminuido para los mayoristas, pero que no se ha traducido en el bolsillo de los mexicanos.
El diagnóstico de los males, coinciden los expertos, es adecuado, pero las decisiones para corregir ambos problemas solo dotan de un mayor control a Petróleos Mexicanos (Pemex), la endeudada paraestatal mexicana que no ha podido eliminar el contrabando de gasolinas, al mismo tiempo que condiciona el suministro de gasolinas en el país.
Apenas el 6 de julio, la Fiscalía General de la República incautó más de 80,000 litros de gasolina en Tijuana, lo que muestra que el contrabando de energéticos no se ha podido erradicar.
El tráfico de combustibles genera un ‘hueco’ fiscal de 200,000 millones de pesos anualmente, según un estudio realizado por Rafael Espino, consejero independiente de Pemex. En total, en el norte del país se contrabandean cerca de 1,700 pipas diarias de combustible que no pagan impuestos y que, por tanto, pueden ser vendidas a un precio más bajo.
Para Rocío Robles, exdirectora de regulación y cumplimiento en ExxonMobil y fundadora de lobbying México, una consultora del sector energético, las intenciones del gobierno de combatir el tráfico de combustibles son porque generan pérdidas fiscales, y limitan el suministro de gas a comunidades de escasos recursos, pero que ni las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior ni la creación de Gas Bienestar -una empresa repartidora de gas LP-, tendrán el efecto esperado.
“Los objetivos son viables. Sin embargo, la estrategia no está bien definida ni implementada. Son costos financieros (para Pemex) que ni siquiera están presupuestados; no se cuenta con la capacidad como país, ni como empresa productiva del Estado para enfrentar el abasto y están poniendo en riesgo la seguridad energética”, señaló Robles en entrevista para LexLatin.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior del 2020, aplicables para lo que resta de este año. Los cambios ponen un candado a las empresas que usan permisos para el despacho de combustibles en un lugar distinto al autorizado, conocidas como LDA. Estos permisos son otorgados a las empresas que almacenan, por ejemplo, gasolinas en un puerto o en una estación cercana a las vías ferroviarias, para luego llenar las pipas y suministrar el combustible a las diferentes estaciones (gasolineras).
Con los cambios, solo Pemex y sus filiales están autorizadas para realizar la carga y descarga de combustibles, por lo que el resto de las empresas que solicitaron un LDA o estaban en su etapa de renovación no podrán realizar la descarga de las gasolinas en lo que resta en este año.
Esta medida beneficia de forma indirecta a Pemex, que tendrá un mayor control sobre el mercado de gasolinas, pero pone un peso adicional en la empresa del Estado que el gobierno ha buscado salvar para mantener la ‘soberanía energética’, como ha señalado López Obrador.
Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence y exdirectivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), indicó que la medida beneficia en segunda instancia a Pemex, pero el objetivo es claro: combatir el contrabando de combustibles en el país.
“La problemática es muy clara, es el contrabando. En los LDA no hay una aduana, no hay tanto control, no se sabe qué se pasa, se avisa por sistema y se traslada un agente de la aduana, pero muchas veces no se hace la revisión”, precisó Montufar en entrevista.
El director de PetroIntelligence, indicó que las medidas tomadas por el gobierno buscan reducir la incidencia del contrabando de combustible producen una menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero, a su vez, se están creando distorsiones que impactan en los precios de distribución de gasolina en el país al ampliar las distancias de distribución para llegar al cliente final.
“Vamos a tener mejores costos de logística y mayor control a empresas dominantes, que se puede traducir en (mayores) precios”, indicó.
La 4T repartirá gas
El gobierno ha podido mantener el aumento del precio de los combustibles por debajo de la inflación acumulada, excepto el del gas LP que tiene uso doméstico.
Ante el incremento de los precios de este insumo, que dejó de ser regulado por la CRE el año pasado, López Obrador anunció la creación de una empresa repartidora de gas LP en pipas y cilindros para que a través de la competencia reducir el precio del combustible.
Sin embargo, la medida implica una inversión fuerte que no está considerada en el Presupuesto y que, además, perjudica al mercado pues las empresas privadas le compran a Pemex el gas LP.
“Lo que va a pasar es que los distribuidores que le compren a Pemex van a tener que competir con su mayorista, ellos ahorita están preocupados porque no van a poder competir con su vendedor, esa es la distorsión que se espera”, señaló Montufar.
El fondo del aumento en los precios del gas LP proviene de las empresas de distribución que han mantenido márgenes de ganancias altos a pesar de las fluctuaciones en el precio de dicho combustible. Es decir, aunque Pemex vende a un menor precio el gas, los distribuidores continúan vendiéndolo caro. Las empresas de gas LP llevan varios años siendo investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que no ha dado resultados sobre la industria de este combustible.
Ante el anuncio de la creación de Gas Bienestar, la cual pondrá a Pemex a repartir gas en pipas y cilindros, la propia Cofece señaló que esto no iba a producir una baja en los precios por sí solo y que se tiene que conjugar la competencia con otros factores, como la eliminación de barreras que permitan la venta de gas LP en supermercados o tiendas de conveniencia.
El órgano autónomo también indicó que era necesario que se vendiera el combustible a través de Dicosa, que tiene tiendas en comunidades en todo el país y ofrece productos de la canasta básica a un bajo precio.
Rocío Robles, experta en el sector energético y fundadora de Lobbying México, señaló que esas tiendas, que pertenecen al gobierno, ya cuentan con el marco regulatorio para vender y distribuir gas LP, pero aún no tienen las medidas de seguridad necesarias para garantizar el suministro.
“Son buenas intenciones que no necesariamente tienen planeación adecuada porque estamos hablando de: inversiones, contratación, adquisición de equipos de distribución (...) ¿quién va a fabricar los cilindros?, ¿este sector de la población tiene estufas de gas?”, cuestionó Robles.
Tanto Montufar como Robles coincidieron en que la creación de una distribuidora de gas ayudaría a bajar los precios del combustible, pero no se cuentan con los recursos necesarios para la operación de esta paraestatal.
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