PL 7549: Congreso del Perú aprueba amnistía para acusados de lesa humanidad

Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente del Congreso del Perú aprobó el proyecto de ley 7.549, que le concede amnistía a funcionarios, militares, policías, miembros de las fuerzas armadas y de comités de autodefensa sin sentencia firme por casos vinculados al conflicto armado que azotó al país entre 1980 y el 2000. Además, otorga “amnistía humanitaria" a aquellos mayores de 70 años que cuenten con sentencia firme o en trámite de ejecución de sentencia.

La ley, que deberá recibir el visto bueno de la presidenta Dina Boluarte, beneficia a denunciados, investigados o juzgados por delitos de lesa humanidad. Y, en simultáneo, vulnera el acceso a la justicia, la verdad y la reparación a miles de víctimas y sus familiares.

“Es muy preocupante que, en lugar de fortalecer las garantías de no repetición, el año pasado se haya aprobado una ley que prescribe delitos de lesa humanidad y que ahora se apruebe un proyecto de amnistía generalizada. No se puede dar la espalda a víctimas y familiares que llevan décadas esperando justicia. Seguiremos exigiendo justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y la sociedad peruana”, aseguró Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.    

En caso de aprobarse definitivamente, la ley impactará en al menos 156 casos con sentencia firme y permitirá que los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y/o violencia sexual queden en libertad.

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Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado que tuvo lugar en el Perú entre 1980 y el 2000 provocó más de 70.000 muertos y dejó más de 4.000 fosas clandestinas.

El proyecto de ley fue redactado por el militar retirado Jorge Montoya, congresista del partido Honor y Democracia. “Buscamos acabar con procesos que están abiertos desde hace más de tres décadas”, justificó.

Especialistas en derechos humanos consultados por LexLatin indicaron que la amnistía no debería aplicarse a procesos por delitos de lesa humanidad, dado que el país ha firmado compromisos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica.

“Esperamos que el Estado peruano se abstenga de aprobar amnistías por graves violaciones a los derechos humanos”, había advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).