Un fideicomiso, 44 demandados, una Corte del Sur del Estado de Florida y USD 10 mil millones reclamados en compensación son parte de un caso que ha llamado la atención de los medios y particulares.
En marzo, el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP de Nueva York interpuso una demanda civil en una Corte Federal de Miami, a través del fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, creado para exigir a 44 personas naturales y jurídicas (entre los cuales se encuentran trasnacionales como Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy, y empresas como Helsinge Holdings, LLC) el pago de una compensación de USD 10 millardos para resarcir la merma de USD 5 millardos que generó un supuesto esquema de fraudes, liderado por Francisco Morillo.
De acuerdo con PDVSA, Morillo coordinó la clonación del sistema informático de la petrolera venezolana para robar esta cantidad en complicidad con siete grandes trasnacionales del petróleo y 15 personas -entre quienes están Morillo y varios directivos de las empresas demandadas-, la mayoría de ellos residenciados en la Florida.
Según el demandante, este entramado criminal se alargó por 14 años e incluyó sobornos a distintos ejecutivos de alto nivel de la estatal. En el documento presentado ante el tribunal que lleva la causa, los acusados supuestamente usaron mecanismos de intimidación y pagos de coimas para ocultar el robo.
Este esquema incluyó la fijación de precios, licitación de ofertas y eliminación de la competencia, así como el robo de información clasificada mediante la clonación de los servidores de PDVSA. El documento fue enmendado en fechas recientes, luego de que Darrin P. Gayles, el juez federal del Estado de la Florida que lleva el caso, ordenara levantar el sello.
Se cree que esta versión renovada de la querella tiene una gran probabilidad de éxito contra los acusados.
En principio, el juez ordenó que las finanzas y activos del Grupo Morillo así como los negocios operados, pertenecientes o relacionados con los demandados, debían ser congelados. Además, el magistrado ordenó el depósito de una fianza de USD 10 mil dólares.
El último avance en este caso ocurrió la semana pasada, cuando Gayles dictaminó que PDVSA no había incurrido en casos de mala conducta como aseveraron Miami Helsinge Inc. y John Ryan (otro de los acusados), o que al menos ambos no habían podido probar dichas alegaciones, luego de que le pidieron al juez de distrito que descalificara a PDVSA por supuesta incubación de pruebas.
Sin embargo, la verdadera causa para la creación de este fideicomiso no queda muy clara en vista de los procedimientos abiertos en contra de la petrolera. Esto significaría, que en una empresa cercana a la quiebra y enterrada en litigios este fideicomiso sea un desesperado recurso para recaudar dinero para pagar las deudas contraídas.
Otra cosa que no queda clara es cómo un acuerdo de fideicomiso firmado solamente por Nelson Martínez, expresidente de la empresa y quien además fue detenido por corrupción en noviembre del pasado año, se concreta a pesar de incumplir con la Ley de Administración Pública, que estipula que una corporación pública necesita de la autorización expresa de toda su junta directiva para firmas este tipo de contratos.
También resulta curioso que PDVSA, socavada por la corrupción que aparentemente amparó por años, sea la misma entidad que ahora persigue a los corruptos, especialmente a Ysmel Serrano (nombrado en la demanda) quien es el actual vicepresidente de la estatal.
}
Add new comment