Orden ejecutiva 14.173: Estados Unidos intensifica presión contra los programas DEI en las empresas

En plena campaña electoral, Donald Trump, entonces candidato a presidente de los Estados Unidos, prometió una agenda anti woke. A un día de asumir su segundo mandato, el magnate republicano reforzó su plan sistemático para desmantelar los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) de las empresas.

En medio de una batalla política y cultural, varias corporaciones anunciaron que comenzarán a reducir o eliminar sus programas DEI. Ahora bien, si las grandes compañías ceden a las presiones del gobierno estadounidense, ¿qué les queda a las más chicas? Y si sus colaboradores eligieron a estas empresas por sus políticas de diversidad, ¿qué sucederá ahora?

A diferencia de Joe Biden, que defendió públicamente la equidad racial y de género en el ámbito empresarial, Donald Trump ha convertido el rechazo a estas políticas en una bandera política personal.

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De hecho, la narrativa de la presión anti woke ha conducido a una ofensiva legal y regulatoria sin precedentes. No se trata de una sensación o un pronóstico, sino más bien de un plan estatal que ya está teniendo efectos concretos: empresas como Accenture, Amazon, American Airlines, Ford, John Deere, Meta y Walmart han anunciado que darán marcha atrás con sus iniciativas DEI para evitar conflictos políticos y posibles sanciones.

¿Qué cree el gobierno estadounidense? El ala más conservadora defiende la idea de que estos programas generan discriminación inversa y afectan la meritocracia en el ámbito laboral; incluso, la Casa Blanca acaba de publicar la orden ejecutiva 14.173, Poniendo fin a la discriminación ilegal y restaurando la oportunidad basada en el mérito.

La orden, firmada por Trump el 21 de enero de 2025, prohíbe que las organizaciones privadas realicen programas de empleo de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad (DEIA) para trabajos creados por contratos federales.

A su vez, el texto instruye a las agencias federales a identificar hasta nueve posibles investigaciones de cumplimiento civil de grandes corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones profesionales y universidades con dotaciones superiores a 1.000 millones de dólares.

Por si fuera poco, los next steps son aún más alarmantes: “Se espera que el fiscal general de los Estados Unidos presente un informe que describa los sectores clave de preocupación y los practicantes de DEI más flagrantes”.

Donald Trump argumenta que los programas con perspectiva de diversidad y equidad discriminan a los empleados blancos en nombre de la inclusión. Por eso apoya al Proyecto 2025, impulsado por la Heritage Foundation, que busca erradicar términos como diversidad, equidad e inclusión de la regulación federal.

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Mientras organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos esperaban un efecto contagio en la implementación de programas DEI para reducir las brechas de género, erradicar el techo de cristal y eliminar discriminaciones raciales en el ámbito corporativo, en este contexto podría darse un efecto dominó completamente opuesto: con la presión política en aumento, muchas empresas están optando por estrategias más discretas y, en el peor de los casos, están eliminando sus programas DEI para evitar litigios y sanciones gubernamentales.