Asistido por Toberoff & Associates, P.C., Elon Musk acudió al Tribunal de Distrito Norte de California para, junto con Shivon Zilis, quien es directora de Neuralink y exdirectiva directiva de OpenAI, y X.AI Corp., pedirle a la corte que bloquee cualquier intento que OpenAI haga para convertirse en una empresa con fines de lucro porque, según él, permitírselo generaría daños irreparables a su xAI y otras startups competidoras, así como a inversores, consumidores y al mercado de IA generativa (IAG). Este no es el primer intento que el entrepreneur hace contra OpenAI, y es un giro bastante irónico, tomando en cuenta que esta empresa fue fundada por Sam Altman y el mismo Musk.
El objetivo del sudafricano es bloquear el intento de OpenAI de cambiar su estructura legal para convertirse en una empresa con fines de lucro. Para Musk y Zilis permitir el acceso de esta a capital privado impactará en la competencia y podría obstaculizar el acceso de xAI a capital de inversión esencial. El documento introducido a la corte también asegura que OpenAI podría exigirle a sus inversores que no inviertan en otras startups. Falta ver si el tercer intento de demanda de Musk (el primero fue en marzo y el segundo en agosto, ambos retirados a las pocas semanas y con argumentos similares a éste) al fin cuaja.
En respuesta a la primera demanda de Musk, Altman y su compañía emitieron un comunicado en el que explicaron que su reestructuración de una organización sin fines de lucro a una privada es “garantizar que la IAG beneficie a toda la humanidad, lo que significa tanto construir una IAG segura y beneficiosa como ayudar a crear beneficios ampliamente distribuidos” y que eso solo es posible mediante financiación privada (vale decir que Musk ayudó a recaudar en su momento 45 millones de dólares para la organización).
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Este comunicado reveló también el motivo de la separación de Altman y Musk: Cuando OpenAI entendió que necesitaría convertirse en una entidad con fines de lucro para desarrollar sus productos y servicios, Elon propuso tener el control de la empresa (mediante la retención de una participación mayoritaria, el control inicial de la junta y ser el director ejecutivo) y que esta se fusionara con Tesla. Ante los fallos en las negociaciones, Musk se separó y auguró el fracaso de la misión que, hasta ese momento fue conjunta (conseguir financiación y competir en IAG contra Google y otras tecnológicas).
En esta tercera ocasión, los abogados de Musk y Zilis pidieron pausar todos los intentos de crecimiento de OpenAI, que –les preocupa– se está convirtiendo en un gigante capaz de “aplastar” a sus competidores, que rompió sus promesas fundamentales y abandonó su propósito original como organización benéfica. Los esfuerzos de los demandantes se concentran también en impedir que la empresa viole las leyes antimonopolio federales. OpenAI “no puede deambular por el mercado como un Frankenstein, cosido a partir de cualquier forma corporativa que sirva a los intereses pecuniarios de Microsoft y Altman en un momento dado”, dijeron Marc Toberoff y Jaymie Parkkinen, los abogados.
¿Qué más dicen?
Los abogados de Musk adujeron que su acción surge de la conducta de los demandados (Samuel Altman, et al.) quienes violaron un fideicomiso de beneficencia y participaron en diversos negocios en beneficio propio, lo que transformó a OpenAI, Inc. en un co-conspirador de Microsoft Corporation “involucrado en una conducta anticompetitiva ilegal.” Por este motivo, los demandantes buscan una medida cautelar preliminar para evitar que los demandados “celebren, ejecuten o fomenten acuerdos con inversores para no invertir en competidores de OpenAI; ocupen directorios interconectados o se beneficien de información sensible a la competencia obtenida a través de directorios interconectados”, así como participen en transacciones de negocios en beneficio propio.
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De acuerdo con los demandantes, el Tribunal considera que han satisfecho “la prueba de Winter” (estándar de cuatro partes que la Corte Suprema de los EE. UU. estableció en 2008 para determinar si se debe conceder una orden judicial preliminar), por lo que existe “probabilidad de éxito en cuanto al fondo” en virtud de la Sección 1 de la Ley Sherman, violentada –según ellos– por OpenAI y Microsoft a través de la ronda de financiación de la primera de octubre de este año, cuando los demandados supeditaron la oportunidad de invertir en ella a cambio de no invertir en sus competidores, especialmente en xAI.
Esta Sección prohíbe los acuerdos que restrinjan el comercio, también la firma de cualquier contrato, combinación o conspiración que restrinja el comercio entre estados o con naciones extranjeras. Su incumplimiento puede resultar en sanciones civiles (con multas hasta 100 millones de dólares para corporaciones) y penales de hasta diez años.
La demanda también se basa en la supuesta violación de la Sección 8 de la Ley Clayton (referida a los directorios interconectados), puesto que Reid Hoffman (empresario estadounidense y cofundador de LinkedIn) sirvió en los directorios de Microsoft y OpenAI, de manera simultánea, entre 2018 y 2023, mientras Deannah Templeton (directiva de Microsoft) hizo lo mismo desde noviembre de 2023 hasta julio de este año.
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Asimismo, Microsoft y OpenAI “tuvieron capital, excedentes y ganancias indivisas que excedieron los umbrales legales”, dijeron, lo cual es una falta a la referencia 89 Fed. Reg. (Federal Register Document) 3926 de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), de enero de este año, cuando se discutieron los umbrales jurisdiccionales revisados para la Sección 8 de la Ley Clayton.
"La admisión de Microsoft de que compite con OpenAI en sus presentaciones ante la SEC, junto con los precios y características similares de sus respectivos productos de IA (ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft), establece que son competidores en el sentido de la Sección 8. La información obtenida de estas juntas directivas interconectadas, sin tener en cuenta el poder de voto, representa una amenaza grave y continua a la competencia, y las violaciones de los Demandados son flagrantes y repetidas", aseveraron.
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Para Musk y compañía, el plazo y otras condiciones impuestas por OpenAI y Microsoft a los inversores en la ronda de financiación de octubre perjudica el acceso de xAI9 a los mercados de capital, “durante un período de desarrollo crucial para las empresas de IAG”, lo que resultará en desventajas competitivas que no se pueden remediar mediante una compensación monetaria para ellos. Es por este que insisten en que:
"La balanza de la equidad se inclina claramente a favor de los demandantes. La medida cautelar solicitada sólo exige que los demandados cumplan con las obligaciones legales existentes en virtud de la ley antimonopolio federal y la ley estatal sobre fideicomisos corporativos y de beneficencia".
Aunque, mientras Musk y Zilis se aferran a esto, Sam Altman (quien se ha reunido con el fiscal general de California para discutir el proceso para cambiar la estructura corporativa de su organización) dijo –¿puede que desafiantemente o más inocentemente?– a medios que no le preocupa la influencia que Musk podría tener en la administración entrante de Trump porque cree, “firmemente” que Musk hará lo correcto y jamás usaría el poder político que esto le pudiera dar para “perjudicar a sus competidores y beneficiar a sus propios negocios”.
*Nota: A OpenAI y Sam Altman et al. lo asesoran Morrison & Foerster LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, y a Microsoft Corporation y Deannah Templeton los defienden Dechert LLP.
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