Entre las 46 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México se enlista una en contra de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), aprobada como parte del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El organismo afirma que vulnera la libertad de expresión, el derecho de propiedad, la libertad de comercio y trabajo, entre otras prerrogativas.
A partir de junio, más de 70.000 personas y organizaciones nacionales e internacionales se unieron a una campaña llamada #NiCensuraNiCandados. Entre las medidas tomadas por el movimiento se hizo un llamado a la CNDH para que tomara acciones frente a la norma.
Entre las novedades de la reforma está la llamada “notificación de retirada”, una figura para solicitar la remoción o baja de contenido sin que exista una orden judicial de por medio y que imita a la Ley de Derechos de Autor para Medios Digitales en el Nuevo Milenio de 1998, vigente en Estados Unidos. Con esta disposición, basta con denunciar un posible delito para que el contenido en Internet sea removido sin alguna exigencia probatoria.
También se adicionó al Código Penal la pena de cárcel para delitos relacionados con los derechos de autor, tales como grabar o transmitir una copia de una obra cinematográfica protegida o asistir a otro a recibir una señal de cable encriptada sin la autorización del distribuidor legítimo.
La figura es bastante problemática. Tan solo en Estados Unidos, The Wall Street Journal afirma que Google restituyó alrededor de 52.000 enlaces que fueron eliminados de forma injusta después de verificar que se habían utilizado identificaciones falsas para manipular el sistema de remoción. The Electronic Frontier Foundation (EFF), una de las principales organizaciones que defiende las libertades civiles y los derechos humanos en el mundo digital, calificó la reforma como una medida “desastrosa” y con clásulas más restrictivas que las que tienen Estados Unidos y Canadá, lo que constituye una desventaja comercial para México.
El recurso de inconstitucionalidad deja en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la defensa de los derechos digitales. Una vez que sea admitida a trámite estará disponible aquí.
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