Cada vez es más común hablar de herramientas digitales y menos de sistemas tradicionales. Los Gobiernos, en su afán de garantizar el acceso a la justicia, han tenido que renovar sus sistemas y la profesión legal se está adaptando. Aunque al inicio de la crisis del coronavirus se suspendieron todos los plazos y procesos, hoy son más los países que se enlistan en el mundo de la digitalización.
México
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha emitido diversos acuerdos para implementar el uso de tecnologías de la información y el trabajo a distancia. También se institucionalizó el uso de la firma electrónica como mecanismo para agilizar los trámites y verificar su contenido, evitando el riesgo que supone el traslado de papeles durante la pandemia.
El 3 de agosto se reanudaron todos los plazos y términos procesales. Las áreas de atención directa, como la oficialía de partes, realizan su labor con previa cita. Esta se puede hacer vía correo electrónico o por teléfono para evitar la concentración de personas en el recinto.
Una de las medidas más recientes es el lanzamiento de una aplicación móvil para el uso de la firma electrónica que permite presentar una demanda, revisar un expediente y hasta comparecer a una audiencia.
Perú
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso que a partir del 17 de julio se reanudaran los plazos procesales y administrativos. Sin embargo, en el caso de las jurisdicciones ubicadas en los departamentos de Cusco, Moquegua, Puno y Tacna se suspendieron los plazos y las labores administrativas durante septiembre.
Del 1 al 30 de septiembre de 2020 habrá una jornada de trabajo presencial interdiario con el fin de evitar el contagio entre jueces, servidores y usuarios del servicio de justicia. Se dará preferencia a los asuntos de forma virtual, con el uso de herramientas como la mesa de partes electrónica.
Desde abril, la Sala Penal de la Suprema Corte ha transmitido las audiencias de apelación y los juicios orales a través de su página en Facebook. Esto ha permitido que se continúen con procesos de altos funcionarios del Estado, como el del exjuez supremo César Hinostroza, el fiscal Pedro Chávarry, entre otros.
Cabe recordar que a principios de enero pasado el Poder Judicial ya había anunciado la implementación del Expediente Judicial Electrónico, una herramienta que también ha sido adoptada de forma gradual en diversos departamentos.
Argentina
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) argentino anunció, el pasado 2 de septiembre, el regreso presencial progresivo de sus miembros en dos modalidades: el trabajo a distancia y el trabajo presencial. Para este último se tomarán en cuenta todas las medidas de control sanitario. Se dará atención al público por solo cuatro horas y en algunas oficinas con cita previa, mediante el sistema de turno electrónico.
Los plazos procesales se reanudarán a partir del 14 de septiembre, dándole prioridad a demandas por alimentos y amparos cuando exista vulneración de derechos fundamentales. Se ha anunciado que en los próximos días se podrán presentar escritos digitales en Buenos Aires.
Chile
La Suprema Corte chilena fue el primer órgano del país en tomar medidas para asegurar la administración de justicia tomando en cuenta la alerta sanitaria. Mediante las actas 41-2020 y 42- 2020 reguló el trabajo a distancia del Poder Judicial, incluyendo los turnos presenciales. Se instó a los usuarios y a la población en general a que solo acudieran a los tribunales para realizar trámites urgentes e impostergables.
El Poder Judicial chileno determinó los trámites que se considerarían urgentes en materia familiar, penal y laboral. En materia penal serían aquellos relacionados con personas privadas de libertad, que se refieran a control de detención, formalización, determinación y revisión de régimen cautelar y medidas de protección, entre otros. En materia de familia se considerará que tienen el carácter grave y urgente las audiencias relacionadas con medidas de protección y cautelares referidas a niños, niñas y adolescentes, entrega inmediata, autorización de salida del país, violencia intrafamiliar y alimentos provisorios. En laboral se determinará la urgencia de las audiencias conforme al derecho o derechos fundamentales afectados, relacionados con aspectos alimenticios y condiciones laborales discriminatorias e inadecuadas. Las audiencias y alegatos se han desarrollado por videoconferencia ante las cortes, incluyendo la comparecencia de una persona privada de la libertad o un menor.
Un mes después de que la Corte adoptara estas medidas se publicó la Ley de Tramitación Electrónica, una norma procesal que regula las condiciones en que se deben desarrollar las actuaciones al interior del proceso. La Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones del país y la Fiscalía Judicial continúan su funcionamiento al igual que el resto de los tribunales.
Colombia
En vista de que el Ministerio de Salud ha anunciado el aplazamiento de la emergencia sanitaria hasta finales de noviembre, el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia emitió el Acuerdo PCSJA20-11623 que establece las reglas de funcionamiento del sistema de justicia del país. Las nuevas reglas están vigentes desde este lunes y regirán hasta el 15 de septiembre.
Los servidores del Poder Judicial continuarán trabajando en un esquema no presencial, desde sus hogares o a distancia. De ser necesario, los servidores podrán acudir a las oficinas tomando en cuenta que la capacidad máxima es del 20 % y se organizarán turnos. La atención al público para la recepción, comunicación y trámite de actuaciones se hará de preferencia mediante los canales técnicos y electrónicos. En caso de que se requiera hacer algún trámite de forma presencial, se permitirá el acceso en los horarios establecidos por los consejos seccionales y por un tiempo limitado.
También se acordó seguir con el cumplimiento de circulares que se emitieron con anterioridad, como la PCSJA20-11567 y PCSJA20-11581, en las que se instruye a los abogados y servidores judiciales a hacer uso de las herramientas tecnológicas que se les han brindado, como el desarrollo virtual de audiencias y el correo electrónico institucional. A partir del 1 de julio se levantó la suspensión de términos judiciales. Sin embargo, continúan suspendidos los términos para la Corte Constitucional para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad y las acciones de tutela.
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