La Reforma Fiscal del presidente Andrés Manuel López Obrador genera una polémica tras otra. La intención es endurecer el combate en contra de la evasión de impuestos, pero las medidas propuestas tienen a los empresarios nerviosos. Ahora la atención recae sobre un nuevo régimen de revelación de esquemas reportables que obligaría a asesores fiscales reportar cualquier actividad sospechosa. Tanto el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como la Coparmex (uno de los mayores sindicatos patronales del país) advierten que la iniciativa genera incertidumbre y viola el derecho al secreto profesional.
Para comprender los alcances de la reforma es importante definir qué es un asesor fiscal y qué estaría obligado a reportar. La Secretaría de Hacienda considera que un esquema reportable es todo aquel que cumple con dos requisitos: que genera un beneficio fiscal de manera directa o indirectamente en México, y que tiene alguna de las características identificadas como “áreas de riesgos”. Sobre qué representa un riesgo, el Gobierno establece casi 30 escenarios que abarcan supuestos como si el esquema evita que autoridades extranjeras intercambien información con las mexicanas, que aproveche un convenio para evitar la doble imposición, que involucre cambios de residencia fiscal e incluso que los honorarios del asesor estén vinculados con el beneficio tributario que pueda obtener. Aun cuando el esquema no esté contemplado en ninguno de los supuestos, también se deberá informar a Hacienda y justificar por qué no es reportable. En pocas palabras, se debe revelar cualquier actividad sospechosa que pueda significar una evasión de impuestos.
En cuanto a quiénes estarían obligados a reportar al fisco, la ley es tan amplia como clara:
“Se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad, sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero”.
Adicionalmente, proponen que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantenga un registro de todos los asesores fiscales para dar seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, todavía no se ha detallado cómo funcionaría esta base de datos.
La información reportada será analizada por un comité especial conformado por funcionarios de Hacienda y del SAT. Los asesores tienen 30 días para reportar los esquemas y la autoridad dará su opinión acerca de su legalidad en un plazo máximo de ocho meses. Si el comité determina su ilegalidad, el contribuyente deberá detener la actividad y presentar las declaraciones complementarias correspondientes. Esta resolución podrá ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Al igual que con el resto de las reformas fiscales de López Obrador, la revelación de esquemas reportables está prevista en el Paquete Económico 2020. Por su complejidad, el proyecto se sigue debatiendo en el Congreso y no hay un estimado sobre cuándo será votado. A pesar de las protestas de los empresarios, Morena, el partido del presidente que controla ambas Cámaras, se perfila para aprobar las nuevas disposiciones.
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