La abogada ecuatoriana María de Lourdes Maldonado Jaramillo se unió al equipo de la firma local López Ribadeneira Mora Abogados. Proviene de Tobar ZVS, donde estuvo 18 años.
Especializada en el área de práctica de resolución de disputas (juicios, arbitraje y mediación) y con más de 26 años de carrera, Maldonado Jaramillo es la única socia en un equipo conformado por cuatro abogados en la misma posición. Se suman cuatro asociados incluyendo a Galo García Medina, quien se acaba de integrar al despacho en las áreas de derecho administrativo, laboral, civil, resolución de disputas y societario.
García Medina es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (2019), cursa una Maestría en derecho Procesal en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y realizó el curso de mediadores del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil (2019).
Para la firma, Ecuador está viviendo desde hace algunos meses un cambio de rumbo, con condiciones que abren nuevas oportunidades con miras a hacer crecer la economía, a través de la través de la generación de empleo y de la participación activa del sector privado, nacional y extranjero, mediante las distintas figuras de alianzas pública privadas. En ese contexto contempla el arbitraje como herramienta de solución de controversias para inversionistas interesados en el país.
Te sugerimos leer: Inversión extranjera en Ecuador: el reto de Guillermo Lasso
De allí que el bufete haya incorporado a Maldonado Jaramillo, con formación y trayectoria en la resolución de disputas y, especialmente, en métodos alternativos de soluciones de conflictos, para reforzar la principal área de práctica.
En los últimos meses, López Ribadeneira Mora ha sido contactada por numerosos empresarios del extranjero interesados en establecerse en Ecuador y hacer negocios por los beneficios e incentivos del contrato de inversión que el Gobierno ofrece, así como para prevenir y patrocinar controversias con las entidades públicas ecuatorianas.
Cambios regulatorios
Consultada al respecto, la firma resaltó dos cambios normativos: permitir que las controversias suscitadas en materia de inversión en el país accedan a arbitraje, nacional o internacional, como su mecanismo principal de resolución. Explicó que la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, vigente desde 2018, obliga al Estado ecuatoriano a pactar arbitraje para resolver disputas generadas en los contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares. Para cuantías menores, es optativo, lo cual -considera- es un gran avance para la atracción de inversiones en Ecuador.
Un segundo asunto está relacionado con la reciente expedición del Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación. “Este valioso instrumento, vigente desde agosto 2021, permitirá que el arbitraje regrese a la contratación pública en nuestro país, lo cual había sido expresamente vedado por regímenes anteriores”.
Cree que con este nuevo reglamento, las entidades públicas podrán, en procesos de mediación, dejar sin efecto multas, actos de terminación unilateral y otros, con miras a alcanzar acuerdos y evitar a la entidad juicios inconvenientes. Mientras que los funcionarios deberán hacer una relación costo beneficio para decidir si mediar o ir a juicio, según lo que determinen informes técnicos. La norma también establece responsabilidad civil a funcionario que no firme un acta de mediación cuando su contenido era lo más conveniente para la entidad y el interés nacional.
“Nada de esto estaba permitido antes de la expedición del nuevo reglamento. Estas dos reformas, por sí solas, ya han atraído importantes inversionistas, negocios y empleo al país”, aseguró el escritorio jurídico.
Te puede interesar: Heka Abogados contrata socia para desarrollar área de arbitrajes
María de Lourdes Maldonado Jaramillo
Se especializa en derecho constitucional, derecho corporativo, derecho civil, derecho administrativo y público, laboral, litigación y propiedad intelectual, arbitraje, negociación y solución alternativa de conflictos.
Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una Máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco De Vitoria – Colegio de Abogados de Madrid (2005).
Se inició en Fabián Ponce & Abogados (1996). Trabajó en Serrano Puig Abogados (2002) y en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (2002).
Es árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito desde 2015 y profesora de la Cátedra de Arbitraje y Mediación de la Universidad de los Hemisferios.
También se desempeñó como secretaria de los tribunales de arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito (2002-2015).
}
Add new comment