A finales de 2024, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició un juicio sobre la constitucionalidad del Artículo 19 del Marco de Derechos Civiles de Brasil para Internet (Ley n.° 12.965/2014), que contempla que los proveedores de servicios de internet (PSI) solo son responsables de los daños derivados del contenido de terceros si incumplen una orden judicial específica que ordene su retiro.
Este juicio fue iniciado por los ministros Dias Toffoli, Luiz Fux y Luís Roberto Barroso, ponentes de los recursos, quienes consideran inconstitucional (Toffoli y Fux) o parcialmente inconstitucional (Barroso) el requisito de notificación judicial para la retirada de contenido ofensivo. Señalaron también diversas malinterpretaciones del Artículo 19 así como un comportamiento ineficaz de las plataformas en línea y las grandes tecnológicas respecto a la soberanía de los Estados sobre el entorno digital. Esto se discutió hasta este 26 de junio, cuando el STF concluyó el juicio y declaró que el artículo es parcialmente inconstitucional.
El Tribunal reformuló el régimen de responsabilidad de los PSI y les impuso nuevos requisitos regulatorios, puesto que consideró que la legislación actual no da garantías suficientes de proteger los derechos protegidos por la Constitución ni los principios democráticos de Brasil. De esta manera, declaró que la responsabilidad civil de los PSI por daños derivados del régimen de contenido de terceros variará según el contenido, hasta que haya una nueva legislación.
El STF llegó a esta conclusión después de haber evaluado si era posible atribuir responsabilidad objetiva por daños derivados de la difusión de contenido de terceros sin una disposición legal específica, si esta difusión de contenido serviría como criterio para la aplicación de un régimen alternativo al del artículo 19, si existió alguna base para asignar a los PSI la obligación de controlar y proporcionar datos sobre sus usuarios y si había riesgo sistémico en las actividades de los PSI y cuáles serían las implicaciones jurídicas de estas.
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El nuevo régimen determina que los PSI son responsables si no eliminan contenido (luego de la emisión de una simple notificación solicitando su retirada o de una orden de retirada judicial) que involucre cuentas no auténticas, actos ilícitos, delitos contra el honor y delitos graves. En el caso de estos últimos, los ISP son considerados responsables de los daños derivados de dicho contenido, tienen la obligación de retirarlo y no hacerlo se considerará una falla sistémica. Sólo serán eximidos cuando retiren el contenido infractor oportuna y diligentemente.
Los delitos graves sobre los que los proveedores tienen un deber de diligencia son los previstos en el Código Penal; los delitos de terrorismo según la Ley n.º 13.260/2016; los delitos de inducción, instigación o ayuda al suicidio o a las autolesiones; la incitación a la discriminación por cualquier motivo; los delitos de odio contra las mujeres; los delitos sexuales contra personas vulnerables, pornografía infantil y la trata de personas.
A lo largo del juicio, y a diferencia de los tres ministros que impulsaron la discusión, un cuarto ministro (André Mendonça) afirmó que el Artículo 19 es constitucional, debido a que las plataformas de los PSI tienen derecho a mantener sus propias normas de moderación así como un derecho legítimo a defender la libertad de expresión, por lo que si se les ordena eliminar un contenido o perfil deben tener la posibilidad de apelar. Para Mendonça, los proveedores no pueden ser considerados responsables por no eliminar contenido de terceros sino el autor de dicho contenido.
Ahora los PSI deben fortalecer sus prácticas de moderación de contenido, excepto los proveedores de servicios de correo electrónico, los proveedores de servicios de reuniones virtuales y los proveedores de servicios de mensajería instantánea interpersonales. En conjunto, todos los proveedores deben desarrollar sistemas de notificación, entregar informes anuales de transparencia, ofrecer canales de atención al cliente, divulgar y revisar periódicamente sus términos de servicio y políticas de contenido, y establecer y mantener presencia local con datos de contacto claros y accesibles.
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