Las adopciones en Chile ya no serán adulto-centristas: el Congreso acaba de aprobar una reforma integral al sistema de adopción. Tras 12 años de tramitación, y varias idas y vueltas, finalmente se promulgó la nueva Ley de Adopción.
La normativa, que reemplaza a una ley vigente desde 1999, marca un hito en la protección y garantía de derechos de la niñez y la adolescencia.
“Estamos muy contentos y orgullosos de que se haya aprobado esta ley. Teníamos una deuda tremenda con los niños, niñas y adolescentes, especialmente con los más vulnerados”, afirmó Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia.
La nueva ley tuvo luz verde gracias a un amplio acuerdo político, inédito en esta materia, que entendió la necesidad de modernizar el sistema de adopciones, superar sesgos obsoletos y acortar tiempos burocráticos en pos del bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Hoy día se llevan a cabo cerca de 250 adopciones por año en Chile, en procesos que pueden extenderse hasta seis años. El objetivo de la reforma es acortar esos plazos y garantizar los derechos de los chicos, dejando atrás la burocracia innecesaria: se unifican los procedimientos de protección, adoptabilidad y adopción, en aras de evitar duplicidades y decisiones contradictorias.
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¿Cuáles son los cambios más importantes de la nueva Ley de Adopción?
Según datos de la Corte Suprema, más de 4.600 menores viven bajo tutela del Estado y 1 de cada 9 está en situación de abandono.
El objetivo principal de la nueva ley es poner en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA). En este sentido, la normativa hace foco en garantizar que todos los chicos puedan vivir y crecer en una familia amorosa:
- Refuerza derechos fundamentales: los NNA tienen derecho a ser oídos, contar con representación jurídica especializada y conocer sus orígenes.
- Promueve el derecho de los niños a crecer dentro de su familia biológica: por ninguna razón, la falta de recursos económicos de una familia será motivo para que sus hijos sean declarados adoptables.
- Prioriza la revinculación familiar con plazos acotados: establece un proceso integral y continuo, que fija plazos de entre 12 y 18 meses para que los jueces determinen si el menor debe revincularse con su familia de origen o bien si puede vincularse con una familia adoptiva.
- Establece que el niño o niña adoptado podrá mantener contacto con su familia de origen.
- Aprueba cambios excepcionales para las familias de acogida: incorpora la posibilidad de que las familias que han cuidado a niños y niñas por periodos extensos puedan transformarse en familia adoptiva.
- Perfecciona el delito de obtención ilegal de un niño, niña o adolescente: cambia la mirada jurídica sobre las adopciones ilegales y busca frenar la trata de personas.
- Pone fin a la prelación al momento de adoptar: equipara las posibilidades de matrimonios, personas solteras o parejas con acuerdo de unión civil, dado que el foco estará puesto en el bienestar del niño o niña.
- Garantiza los derechos laborales de los adoptantes: todas las personas que adopten tendrán derecho a postnatal parental de 12 semanas, permiso paternal de 5 días, derecho a sala cuna, fuero laboral, acceso a teletrabajo y flexibilidad horaria según la ley de conciliación, así como también protección SANNA para enfermedades graves con hasta 180 días de permiso, y protección TEA para emergencias educacionales.
- Refuerza la fiscalización: sanciona las prácticas indebidas y establece un marco claro para la adopción internacional, conforme al derecho internacional vigente.
“Es un gran paso para nuestro sistema de justicia. Permite no sólo actualizar la ley en razón de la nueva Ley de Garantías de la Niñez, sino que también permite cristalizar de buena manera el hecho de que los niños y niñas que enfrentan un proceso de adopción sean sujetos de derecho, se consagra efectivamente el derecho a ser oídos por parte de estos niños y niñas, y por cierto, permite que todos los plazos del procedimiento de adopción sean mucho más rápidos, mucho más ágiles, con el objetivo de que el sistema de justicia se ponga a disposición de que niños y niñas puedan tener respeto de sus derechos, entre ellos, a vivir en familia”, compartió el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.







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